La reunión se realizó de manera virtual y se llevó a cabo entre el 26 y 28 de este mes.

El proyecto del texto fue aprobado por consenso de los Estados partes y comienza así el proceso hasta su plena vigencia.

El acuerdo alcanzado sobre dicho documento requirió de un extenso trabajo que se inició en 2017 e implicó unas 95 reuniones en la que participaron los Estados partes. Además, se realizaron rondas de consultas a otras partes interesadas como las organizaciones de la sociedad civil, el campo académico y los sectores técnicos especializados en la materia.

El 2do Protocolo Adicional tiene por objeto afianzar los lazos en materia de cooperación internacional y facilitar la obtención de evidencia electrónica para poder brindar una respuesta eficaz en la investigación criminal para trabajar contra el ciberdelito.

En representación de Argentina participaron en los encuentros, realizados también de manera virtual, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Unidad Fiscalía Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Publico Fiscal de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Entre otros puntos, la Delegación Argentina expresó en su intervención que “Para prevenir y perseguir el delito cibernético es fundamental contar con mecanismos e instrumentos adecuados que permitan y faciliten la cooperación y asistencia internacional”.

El Convenio de Budapest es el primer instrumento internacional que trata de manera específica aspectos relacionados con el ciberdelito. El mismo fue sancionado en noviembre de 2001 por el Consejo de Europa y entró en vigencia en 2004. En 2017, mediante la sanción de la Ley Nro. 27.411, la Argentina aprobó el mismo como parte de su legislación. El Convenio, además, ya contaba con un Protocolo del año 2003 sobre delitos racistas a través de sistemas informáticos.

Para obtener más información sobre la temática, se recomienda ingresar a https://www.coe.int/web/portal/home