La causa aborda las responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1977 en perjuicio de 24 trabajadores de la empresa automotriz ubicada en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires.

El escrito presentado ayer por la Secretaría ante el tribunal de Casación abordó los planteos centrales de las defensas y expuso las razones por las cuales se considera que sus recursos deben ser rechazados y la sentencia confirmada. Además, presentó un detallado análisis de los abundantes elementos probatorios que dan cuenta de la responsabilidad de los condenados con relación a su participación en las privaciones de la libertad y tormentos sufridos por los trabajadores en el marco de un proceso represivo que incluyó la existencia de un centro clandestino de detención dentro del territorio de la propia empresa.

La presentación de la SDH se suma a las realizadas por la fiscalía y las otras querellas, la privada de los trabajadores y la de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, todas las cuales solicitaron la confirmación del fallo de primera instancia.
La sentencia condenatoria se había dado a conocer el 11 de diciembre de 2018, al final de un año de trámite oral al que se llegó luego de diversos obstáculos y demoras. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó al ex Gerente de Manufactura de la empresa Ford Motor Argentina, Pedro Müller, a 10 años; al ex jefe de Seguridad, Héctor Sibilla, a 12 años; y a Santiago Riveros, ex titular de Institutos Militares del Ejército, a 15 años de prisión, por su responsabilidad en los delitos de detenciones ilegales y tormentos agravados. Sibilla y Müller fueron considerados partícipes necesarios de las violaciones a los derechos humanos al tiempo que Riveros, como responsable militar máximo de la zona y responsable del proceso represivo, fue condenado además por allanamientos ilegales.

La “causa Ford” marcó un hito en la judicialización de la responsabilidad empresarial con el terrorismo de Estado, y permitió analizar la articulación entre el personal jerárquico de la empresa y las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura en Argentina (1976-1983) en el proceso represivo contra trabajadores y sindicalistas. La sentencia analizó la participación que tuvieron los directivos empresariales en los secuestros y torturas contra obreros de la planta que la multinacional tiene en el cordón industrial de zona norte y constituyó la primera condena en el país por delitos de lesa humanidad cometidos por altos ejecutivos de una multinacional de relevancia mundial.

A más de dos años de la sentencia, la decisión judicial aún no está firme. Considerando que los dos condenados empresariales tienen 89 y 94 años de edad, resulta indispensable y urgente un fallo inmediato del tribunal de Casación que permita por fin dar respuesta en el campo penal a las víctimas que junto a sus familias y una gran cantidad de organizaciones sostienen hace décadas una lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia.

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