Causa Contraofensiva: la querella pidió prisión perpetua para los seis acusados
La querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires solicitó, ayer, que se condene a prisión perpetua a los seis acusados por crímenes de lesa humanidad.
El alegato, a cargo de Ciro Annicchiarico y Verónica Bogliano, finalizó con el pedido de penas para Jorge Norberto Apa, Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux.
Los seis ex miembros de Inteligencia del Ejército están acusados por crímenes cometidos contra 91 integrantes de la llamada Contraofensiva Montonera, quienes regresaron del exilio al país entre 1979-1980. 70 permanecen desaparecidos.
La querella sostuvo que todos los procesados “fungieron como partes de un engranaje, cada uno con su esencial aporte al plan común, que fue una empresa criminal conjunta para planificar y arbitrar los medios e impulsar las redadas y secuestros”.
En ese sentido, explicó que “el sistema entero de inteligencia montado por la dictadura funcionó como un todo orgánico donde sus miembros conocían perfectamente bien que cada una de sus acciones, sus pasos, sus contribuciones como eslabones de una cadena, como engranajes de una máquina, terminaban en el secuestro de alguien, en la tortura de alguien, en la muerte de alguien, en la apropiación de algún niño o niña, en una probable violación, en el robo de enceres domésticos y desvalijamiento de una vivienda, en cometer en definitiva hechos atroces y aberrantes”.
En el cierre de su alegato, la querella solicitó al Tribunal Oral Federal de San Martín que se declare que se trataron de delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto de un genocidio. También pidió que se revoquen las prisiones domiciliarias y disponga el inmediato alojamiento en alguna unidad del Servicio Penitenciario o, si correspondiera, en un hospital dependiente del mismo servicio penitenciario.
Solicitó también que se remitan testimonios y pruebas al Juzgado Federal 2 de San Martín para que se investigue la privación ilegal de la libertad y tormentos que sufrieron algunos de los hijos e hijas de las víctimas cuando eran niños.
El juicio oral, que comenzó en marzo de 2019, continuará en abril con los alegatos de las defensas de los imputados. Las audiencias pueden seguirse en vivo a través de internet.
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