Molares está bajo prisión preventiva desde noviembre de 2019, mientras era tratado por una herida de bala y problemas renales en un hospital. Fue arrestado y enviado a la cárcel ya en malas condiciones. A su delicada situación actual se le suman esas complicaciones previas, que dieron lugar a reiteradas gestiones para asegurar un tratamiento médico adecuado.

Sometido a un proceso judicial irregular y con acusaciones que el Ministerio Público Fiscal nunca acompañó de cargos concretos en su contra, durante su prolongada detención Molares fue transferido de penal y debió soportar que cuatro audiencias para el tratamiento de su caso fueron postergadas y dilatará aún más la situación.

Desde el primer momento, por instrucciones del canciller Felipe Solá, la Cancillería, a través de sus autoridades, de la embajada en La Paz y del consulado en Santa Cruz, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –a través de la Secretaría de Derechos Humanos-, mantuvieron contacto permanente con sus familiares e hicieron innumerables reclamos y gestiones por Molares.

El Gobierno argentino lamenta la falta de compromiso del gobierno de facto de la señora Añez, que no hizo lugar a las gestiones para que fueran respetados los derechos del ciudadano Molares.

La vuelta a la democracia alienta la esperanza de que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus distintos poderes e instituciones, pueda impulsar con la mayor velocidad posible las instancias administrativas y judiciales pertinentes para que los derechos de Molares sean respetados y su caso, injustamente demorado, reciba el pronto tratamiento que garantice su integridad física y jurídica.