Este decreto provee mecanismos adicionales de control y transparencia en procesos judiciales y contrataciones para evitar posibles conflictos de intereses de las máximas autoridades del Estado. Tiene como objetivo incorporar herramientas en los procesos judiciales y extrajudiciales y en todo procedimiento en el que el Estado otorgue una contratación, concesión, autorización y/o habilitación.

En este marco, el Decreto 202/17 prevé que todas la personas que quieran ser proveedores deberán presentar una Declaración Jurada de Intereses en la que deberán consignar si tienen vínculos con el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros o titulares de organismos descentralizados, o con el funcionario encargado de decidir sobre la contratación o autorización.

“Es importante conocer los requisitos del decreto e implementarlo en cada compra pública que se realice en la Administración Pública Nacional”, sostuvo Ornela Mazza Gigena, coordinadora del Área de Compras y Contrataciones de la OA.

La Oficina viene realizando una serie de capacitaciones sobre este decreto en diversos organismos públicos y entidades privadas. Estas acciones se enmarcan en la adhesión que firmó la OA –en marzo de este año- a la Recomendación de Integridad Pública de la OCDE.