Este miércoles realizamos la capacitación en género y violencia de género a las máximas autoridades de la Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina, Télam. Se desarrolló de manera virtual y estuvo a cargo de la investigadora y presidenta del Consejo Asesor del ministerio, Dora Barrancos, Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad y Silvina Molina, editora de género de Télam.

Estuvo presente la presidenta de la agencia estatal, Bernarda Llorente, y participaron del encuentro, además, integrantes del directorio, gerencias, subgerencias y jefaturas de departamento, de la secretaría de redacción del área periodística, de la mesa de edición, así como jefxs de secciones periodísticas.

En el evento, Dora Barrancos destacó la importancia de la Ley Micaela. Afirmó que la misma “es una normativa por la que el Estado argentino se compromete a extinguir sus propias fórmulas patriarcales. Es un gusto enorme que sea aplicada en la principal agencia de información de nuestro país. La función de informar hoy día representa una dimensión central de la cotidianidad”, afirmó.

Diana Broggi destacó la jerarquización de la Ley Micaela a partir de la creación del Ministerio: “Nosotras decidimos revertir la lógica de implementación y comenzar por las máximas autoridades. Esta forma tiene que ver con generar instancias reales de compromiso y de puesta en valor de esta herramienta en los ámbitos donde se diseña la política pública”, explicó.

Para el cierre del encuentro, Silvina Molina sostuvo que Argentina es un “país admirado” en el exterior por los aportes en materia legislativa contra las violencias por motivos de género y enfatizó en la necesidad de plantear maneras de incorporar estos aprendizajes, tanto históricos como legales, en las prácticas diarias de lxs periodistas.

La Ley Micaela lleva ese nombre en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que en abril del año 2017 fue víctima de agresión sexual y femicidio. Esta Ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, condición indispensable para garantizar intervenciones estatales con perspectiva de género y diversidad en todos los niveles.