La denuncia se vio motivada por la “la organización de una movilización que, de acuerdo a versiones periodísticas, es denominada ‘Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi’” en la que, según ha trascendido por medios de comunicación y afirmaciones de dirigentes políticos y vecinales, podrían derivar en “enfrentamientos” y situaciones de extrema violencia.

Según la denuncia, las declaraciones realizadas en la convocatoria por los autodenominados “vecinos de Mascardi”, invitan a la participación contemplando el “uso de armas caseras y/u objetos de diversa índole que puedan ser utilizadas como tal, con intenciones de generar y producir hechos de violencia”.

La denuncia penal del ministerio de Seguridad de la Nación sostiene que, dada la peligrosidad y la instigación a cometer delitos por parte de los manifestantes, éstos “podrían estar excediéndose del legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y podrían configurar la comisión de algunos de los delitos”.

Finalmente, el Ministerio reclamó ante el Poder Judicial que la denuncia no obsta “eventuales medidas de pruebas y diligencias procesales a encararse durante la etapa de instrucción” que “permitan vincular nuevos y/u otros posibles actos u omisiones delictivas que surgieran de la investigación penal”.

De este modo, la gestión de Frederic procura evitar el incremento de la conflictividad que se registra en la zona de Villa Mascardi y promueve que se sigan los lineamientos de trabajo que ha propuesto su conducción al frente del Ministerio para la resolución pacífica de los conflictos con los pueblos originarios.