La Secretaría de Gobierno de Agroindustria fue la sede de la Primera Jornada de autoridades competentes de la Ley 27.279 de Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, que reunió a representantes de las carteras nacionales de Salud y Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con autoridades de las provincias de Buenos Aires, Chaco, San Juan, La Pampa, Corrientes, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, Santa Fe y Neuquén.

“Este encuentro es de suma importancia para poner en común los diferentes estados de situación en las provincias, compartir lecciones aprendidas e impulsar la implementación eficaz de la ley nacional”, destacó el director de Producciones Sostenibles, Nicolás Lucas, quien participó en la apertura junto al director de Agricultura, Ignacio Garciarena, la asesora legal de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Candela Nassi, y el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la misma cartera, Juan Andrés Trebino.

Asimismo, Garciarena, reparó en que “poder llegar a acuerdos con las provincias tiene que ver con cumplir con un reclamo tanto del sector productivo como de la sociedad en su conjunto”.

En el marco de la jornada, los referentes provinciales expusieron los desafíos internos y los distintos panoramas a nivel de centros de acopios y de reciclajes.

En el encuentro fueron expuestas en detalle las experiencias del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) de la provincia de Buenos Aires y del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN) de Mendoza.

Cabe recordar que la Ley 27.279, tiene por objeto la regulación de la gestión de los envases vacíos de productos fitosanitarios generados en el territorio nacional, de modo que no implique riesgos para la salud humana o animal y el ambiente. Se trata del primer régimen de responsabilidad extendida de los registrantes, que tienen la responsabilidad primaria de implementar los sistemas de gestión. La ley tiene como autoridad de aplicación nacional de la Ley a la Secretaría de Agroindustria y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de manera conjunta. Es además una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, y las autoridades provinciales son las encargadas de su implementación en sus respectivas jurisdicciones.