Entre las diferentes gestiones que se están implementando desde la Secretaría de Derechos Humanos para mejorar los tiempos de respuesta del Estado en la reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” ha fortalecido la colaboración con los equipos interdisciplinarios de salud de cada una de las jurisdicciones para la realización de las evaluaciones interdisciplinarias de daño.

En efecto, el Centro Ulloa es la instancia encargada de derivar y supervisar la realización de las Juntas Médicas requeridas por las Leyes Nº 24.043, Nº 25.914 y N 26.564 para la evaluación del daño padecido por las víctimas que solicitan una reparación patrimonial por parte del Estado. Estas derivaciones no implican meramente la asignación de un turno. Al acercarse al Ulloa, cada solicitante recibe un trato personal por parte de los profesionales de la institución, quienes le brindan información y despejan las frecuentes inquietudes que se presentan acerca de la entrevista en la que se evaluará el daño padecido.

La experiencia acumulada por los equipos del Centro Ulloa, que acompañan en los trámites judiciales a las personas afectadas por delitos de lesa humanidad desde hace más de una década, permite hacer lugar a la particularidad de cada persona convocada a estas evaluaciones. De esta manera, se consideran no sólo las necesidades y la vulnerabilidad de cada sujeto, sino también las expectativas y la significación que la reparación, y el trámite burocrático que la habilita, tiene para esa persona.

Asimismo, desde la institución se avanzó en la capacitación a los equipos de salud de las diferentes jurisdicciones del país. Estas instancias de formación abordan tanto aspectos técnicos, como de los requerimientos del trámite administrativo, y fundamentalmente la dimensión reparatoria que porta un encuentro con las agencias estatales, en este caso los equipos de salud, para posibilitar el acceso a un derecho.

Durante el primer semestre del año, se brindaron capacitaciones a los equipos de las provincias de Tierra del Fuego, Chubut, Mendoza, San Luis, Tucumán, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires. También participaron de estas instancias de formación los equipos del Hospital Álvarez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Municipio de Morón y del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte.

Todos los equipos capacitados han retomado el trabajo interrumpido durante el gobierno anterior, resolviendo de manera activa y creativa la complejidad de atender esta temática en el marco de las restricciones propias de la pandemia. Es así que se han asignado, desde el mes de enero, más de 200 turnos de evaluación y se ha logrado mantener las evaluaciones a personas que residen en el exterior del país, gracias a la colaboración de los diversos consulados.

Es importante destacar que las provincias de La Rioja y Tierra del Fuego terminaron las evaluaciones de los beneficiarios pendientes en sus territorios. Asimismo, vale realizar una mención a la intensa tarea que llevan adelante los equipos de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la Provincia de Buenos Aires que, siendo una de las jurisdicciones con mayor cantidad de personas a evaluar y en el contexto de la compleja situación de emergencia sanitaria, logró, en los últimos seis meses, asignar turnos para más de la mitad de las personas que los esperaban desde hace años.