Dichas propuestas fueron analizadas en el reciente Foro del CES sobre “Derechos Especiales de Giro y Nueva Arquitectura Financiera Internacional”, junto a los especialistas internacionales Jeffrey Sachs, Rebeca Grynspan, Eric LeCompte y Alicia Bárcena.

El COVID-19 ha desencadenado una crisis económica y social sin precedentes a escala global, que afectó de manera sincronizada a todos los países, agravando las desigualdades preexistentes y revirtiendo décadas de avances en materia de desarrollo. Según el Banco Mundial, alrededor de 120 millones de personas ingresaron en la pobreza extrema en 2020 debido a la pandemia. En particular, nuestra región ha sido la más afectada del mundo: pese a tener un 8,4% de la población mundial, ha sufrido el 30% de las muertes y la peor contracción del PBI en 120 años.

Es imposible disociar el problema del endeudamiento de esta situación: América Latina y el Caribe destina un 57% de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios al pago de servicios de la deuda externa. Como ha destacado el Secretario General de la ONU en su informe de marzo, a más de un año del comienzo de la pandemia, los impactos fiscales de la crisis están provocando problemas de deuda en un número creciente de países y limitando severamente su capacidad para invertir en su recuperación y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este marco, comunicamos nuestro beneplácito con el hecho de que el sistema internacional, a través de diversas iniciativas en marcha en el ámbito de las Naciones Unidas, el G20 y los organismos de Bretton Woods, haya respondido en forma activa a los desafíos de esta crisis.

Sin embargo, frente a esta coyuntura crítica, resaltamos la necesidad de iniciativas globales más ambiciosas, innovadoras y equitativas, entre las que destacamos las siguientes:

• Enfatizamos sobre la necesidad de que se dispongan medidas y herramientas en el marco de los organismos internacionales de crédito que permitan aumentar la liquidez y el espacio fiscal de los países en desarrollo a fin de que puedan hacer frente a los desafíos y urgencias que demanda la respuesta a la actual pandemia.
• Coincidimos en que la ampliación y equitativa distribución de los DEG (Derechos Especiales de Giro) del Fondo Monetario Internacional se vuelve, en este contexto, central. Un compromiso de los países desarrollados en favor de canalizar voluntariamente sus DEG a los países de bajos y medianos ingresos podría resultar una ayuda fundamental para afrontar la crisis, además de una fuerte señal de solidaridad
  global. También solicitamos apoyar los mecanismos necesarios para asegurar que los DEG puedan ser utilizados por los países en desarrollo para efectivizar el pago de sus deudas.
• Apoyamos la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo capaz de abordar de manera acabada las cuestiones referidas a la reestructuración de las deudas soberanas, y coincidimos en la necesidad de avanzar hacia consensos globales que permitan la reconfiguración de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI), el advenimiento de un sistema financiero más sostenible y un nuevo acuerdo para el desarrollo basado en la co-responsabilidad y la transparencia.
• Entendemos que la prórroga de la Iniciativa de Suspensión de Servicios de Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) promovida por el G20, aunque valiosa, supone, como han destacado los participantes del Foro de Naciones Unidas sobre la base de las recomendaciones de su Secretario General, una medida provisoria que por su naturaleza no aborda de fondo la cuestión sobre el alivio y la reestructuración de la insostenibilidad de las deudas.
• Alentamos al gobierno argentino a apoyar la implementación del nuevo Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del G20 orientado a abordar la sostenibilidad de las deudas soberanas. Entendemos que existe margen para reforzar este marco, involucrando a los actores privados y dando debida atención a los países de ingresos medios, donde residen más del 60% de los pobres del mundo, para evitar una nueva crisis de sobreendeudamiento.
• Consideramos necesario evaluar la posibilidad de revisar las tasas y sobrecargos cobradas por los organismos multilaterales, que pudieran estar dificultando la recuperación y la necesaria provisión de liquidez en un contexto crítico en estos países.
• Proponemos que la calificación del riesgo crediticio de los países, hoy en manos de pocas agencias privadas, debiera ser parte de la agenda de reforma de la AFI.
• Resaltamos el rol esencial de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para permitir a los países, por una parte, lidiar con los desafíos urgentes que plantea la pandemia, y, por otra, avanzar en la resolución de los desafíos estructurales de nuestro tiempo, hacia la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desafíos de largo plazo que incluyen, entre otros, la erradicación de la pobreza, las desigualdades en materia de género, el impacto del cambio climático, la transformación digital y tecnológica, y la necesidad de adaptar los sistemas educativos y productivos al futuro que se avecina. La capitalización de estas instituciones resulta importante para fortalecer su accionar en esta coyuntura crítica.

Solicitamos al Gobierno argentino mantener un trabajo activo en la promoción internacional de las iniciativas contenidas en la presente declaración en los foros e instituciones multilaterales y bilaterales en los que participa nuestro país. Esto incluye sostener esfuerzos para aunar posiciones a nivel regional, aprovechando la Presidencia Pro Témpore argentina del Mercosur.

Como afirmara días atrás el Papa Francisco, debemos avanzar hacia “un modelo de ‘recuperación’ capaz de generar soluciones nuevas, más inclusivas y sostenibles, para apoyar la economía real y ayudar a los individuos y a las comunidades a lograr sus más profundas aspiraciones y el bien común universal”. Para esto es fundamental contar con un verdadero sentido de responsabilidad y compromiso fraterno global, que logre materializarse a través de un diálogo integral en ideas y soluciones innovadoras para los grandes desafíos actuales. El Consejo Económico y Social se ha lanzado sobre esta misma lógica, asumiendo que el diálogo debe ocupar un lugar primario en la política y que la concertación no solo es posible, sino que resulta necesaria para resolver desafíos estructurales.