Ambiente presentó un proyecto regional sobre residuos eléctricos y electrónicos
Se trata de elementos con alto potencial contaminante cuyo manejo adecuado requiere políticas públicas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó esta mañana el lanzamiento en Argentina de una iniciativa destinada a la adecuada eliminación y reciclaje de residuos electrónicos en países latinoamericanos, enfrentando así desafíos interregionales con un enfoque de economía circular. El proyecto se denomina “Fortalecimiento de iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para la gestión ambientalmente racional de los COP en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en América Latina” (PREAL).
La apertura del evento estuvo a cargo de Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo de la cartera de Ambiente nacional, quien fue acompañado por el gerente de Servicios Industriales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Mario Sasa, quien reemplazó al presidente del Instituto, Rubén Geneyro, que no pudo estar presente por cuestiones de agenda y propició: “Espero que tengan una buena jornada de discusión”.
Durante la jornada, técnicos de la Secretaría de Control de la Nación realizaron la presentación formal del PREAL y sus objetivos generales y específicos tanto a nivel nacional como regional. Además, se detallaron los avances y las actividades previstas para esta primera etapa. “Lo primero que decidimos es poner el Estado nacional al frente de sus responsabilidades en el diseño de políticas de lo que está relacionado con los residuos”, aseguró Federovisky.
En este sentido, el secretario nacional añadió: “La Argentina tiene una, larga y mala tradición de depositar una competencia, la responsabilidad y hasta la obligación de lidiar con los residuos —del segmento que provengan— en el eslabón más débil de la cadena que son los municipios. Los municipios han demostrado que carecen de la capacidad técnica, funcional, presupuestaria y también política para poder dar una respuesta”.
En segundo lugar, Federovisky hizo hincapié en la derogación del Decreto n.º 591, que separa la mirada de la actual gestión, tanto en los aspectos políticos como también en los técnicos, respecto al gobierno anterior. “Entendemos que el decreto derogado rebajaba algunas exigencias de la normativa previa en materia de protección en relación al ingreso de residuos peligrosos; y, además, que no fomentaba la economía circular en el interior del territorio”.
Paralelamente, explicó el funcionario, se decidió poner en marcha una mesa de articulación de economía circular tendiente a sustituir importaciones de residuos que se conviertan en insumos para las industrias locales. “Nuestra obligación ética y política es promover que estos insumos sean encontrados en algunos de los 5 mil basurales a cielo abierto que tapizan el territorio nacional”, sostuvo.
Otra de las decisiones de la nueva gestión se acordó en la reunión que el ministro de la cartera ambiental, Juan Cabandié mantuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en función de diseñar una agenda legislativa, ya que no existe una normativa holística que defina una política pública en materia de residuos en la Argentina. “Se fragmentaron sucesivamente una cantidad de proyectos que cada uno de ellos son valiosos en sí mismos, pero no han logrado perforar la instancia legislativa y cuando lo hicieron mediante una fragmentación que conspira contra la formación de una política pública global”, aseveró.
Por su parte, Christoph Ernst, responsable técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), expuso sobre la segunda fase el proyecto “Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y empleo en Argentina”. El referente internacional enfatizó las acciones tendientes a la capacitación, concientización e información para una mejor articulación entre los diferentes actores del territorio.
Estuvieron presentes acompañando al secretario, Candela Nassi, coordinadora nacional del proyecto; Leila Devia, directora del Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS) y representantes de empresas del sector formal de gestión de RAEE, universidades y diferentes cámaras argentinas vinculadas a esta iniciativa.
Por la tarde se llevó a cabo una mesa de diálogo en el que participaron distintos actores involucrados en la gestión de RAEE.
Sobre los RAEE y el proyecto PREAL
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), también conocidos como e-waste, son la corriente de desechos de más rápido crecimiento en el mundo. La creciente cantidad de desechos electrónicos representa una amenaza para el ambiente y para la salud de la población mundial, ya que los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen sustancias tóxicas e incluso cancerígenas conocidas como contaminantes orgánicos persistentes (COP). Estos eleentos son resistentes a la degradación, bioacumulables, tóxicos y tienen potencial para transportarse a larga distancia.
El PREAL es una iniciativa que busca fortalecer las políticas públicas en relación a la gestión de RAEE, mejorando la capacidad de la infraestructura de desmantelamiento y reciclaje de residuos electrónicos. Asimismo, promueve políticas que permitan el reciclaje y el aprovechamiento de los materiales, brinda conocimientos sobre el tema y difunde los resultados obtenidos por medio de capacitaciones.
El proyecto, lanzado en la región en 2018, involucra a 13 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. El enfoque regional ayuda a estos países, tanto en materia técnica como financiera como mediante asesoramiento en políticas públicas, negocios, legislación, tecnología y concienciación. A nivel nacional, ayuda a fortalecer las políticas y capacitar a técnicos y funcionarios públicos. Mientras que a nivel regional trabaja para armonizar los aspectos clave de las políticas de residuos electrónicos y fortalecer los sistemas de cooperación regional e intercambio de conocimiento.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), actúa como agencia implementadora del PREAL, a través del Fondo para el Medio Ambiente mundial (FMAM); en tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es coejecutor junto con el CRBAS.