Ana Lamas, subsecretaria de Ambiente de Argentina, formó parte del encuentro “Diálogo político e intercambio de conocimientos sobre políticas públicas en el triángulo del litio”, en la provincia de Salta, organizado por las oficinas nacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina, Chile y Bolivia, en el marco del Programa de Gobernanza Ambiental (EPG) de ese organismo.

La reunión, de carácter internacional, buscó generar instancias de cooperación trinacional y de gobernanza responsable, donde el litio cumple un rol fundamental en la transición hacia una energía más sostenible.

En ese marco, Lamas señaló que “los recursos naturales, —que son responsabilidad de las provincias como marca la Constitución nacional—, deben ser aprovechados y explotados con todos los cuidados ambientales que hagan falta, pero también deben servir y beneficiar a la población”. Y agregó: “Por nuestra parte, vamos a velar a través de las leyes de presupuesto mínimo en cumplimiento de las exigencias ambientales”.

“El concepto de desarrollo sustentable nos enseña que es el único camino posible para compatibilizar las necesidades de progreso de las generaciones presentes, sin comprometer el sostenimiento de la vida para las generaciones por venir”, finalizó.

En tanto, el representante residente adjunto del PNUD en Argentina, Carlos Arboleda, a cargo de la apertura, subrayó la importancia de la transparencia y el respeto a los derechos humanos en la gestión de este recurso, y agradeció al Gobierno de Salta por su hospitalidad.

A lo largo de las jornadas se presentaron herramientas estratégicas para el monitoreo de la extracción de litio, con especial énfasis en la sostenibilidad del uso de los recursos hídricos y la implementación de modelos de datos abiertos. En la segunda jornada, un ejercicio colectivo de prospectiva permitió explorar escenarios futuros para el Triángulo del Litio en un horizonte de 15 años.

La reunión contó con el apoyo del gobierno de Salta y la participación de autoridades de Catamarca y representantes de Bolivia, Chile y Perú, de la Agencia de Cooperación sueca y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de organismos internacionales, ONG, universidades y el sector privado.