Los trabajadores de la salud representan 24% de los casos denunciados, seguidos por las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y bomberos que concentran el 13% de los casos. Venta minoristas de bienes y servicios aglutinan el 8%, tareas de limpieza y mantenimiento el 6%, transporte de pasajeros el 5%, mientras que la seguridad privada el 3%.

Si se analiza la curva que muestra el promedio de los últimos 7 días de casos aceptados de COVID-19 por fecha de ingreso al Registro de Enfermedades, hay un marcado descenso de la cantidad de denuncias. En el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956/2020 del 29 de noviembre, se afirma que en el período que va del 8 al 21 de noviembre, los casos disminuyeron en un 30%, si se compara con las dos semanas previas. A partir del mencionado decreto el territorio nacional pasó a estar en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) con la excepción del aglomerado urbano de Bariloche y Dina Huapi en Río Negro y el aglomerado de Puerto Deseado en Santa Cruz.

El rango etario de mayor cantidad de denuncias es de 30 a 34 años. En donde se registraron 14.917 casos femeninos y 21.972 casos masculinos.

El total de casos a nivel nacional es de 1.448.092 al 3 de diciembre inclusive y de enfermedades profesionales por COVID-19 es de 199.643. Con períodos promedio de inactividad de 22 días por trabajador contagiado donde las ART afrontaron costos por más de 11.489 millones de pesos, a través del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.

Cabe recordar que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20 el coronavirus SARS-CoV-2 se consideró, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional no listada. Por lo tanto, las ART deben dar cobertura en el marco excepcional de la emergencia sanitaria. A través de la Resolución N° 38/2020, la SRT estableció el mecanismo para la denuncia.