La actividad fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, junto a la Subsecretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires y organismos de Derechos Humanos.

El acto contó con la presencia del secretario Horacio Pietragalla Corti; y el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; acompañados por Sol Calle, concejala y presidenta del bloque del Frente para Todos de Campana, además de otras autoridades locales y familiares y amistades de las víctimas.

Durante el encuentro, el secretario Pietragalla Corti manifestó: “Este es un acto que es sencillo, humilde, pero también muy simbólico. Esto se tendría que haber hecho mucho antes. Pero venimos de cuatro años donde la política de Memoria, Verdad y Justicia quedó clausurada casi por el gobierno de Mauricio Macri y el proyecto neoliberal que llevaron adelante. Y claramente no puede haber compatibilidad alguna con las políticas de Derechos Humanos porque el neoliberalismo viene a arrebatar los derechos y las garantías de todo los ciudadanos y las ciudadanas”.

En la misma línea, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia señaló: “Estamos acá para reafirmar la voluntad política de la Provincia y de Nación de retomar el camino suspendido durante los últimos cuatro años, que tiene que ver con lo reparatorio, con la Memoria, Verdad y Justicia. Hoy tenemos, además, dos tareas por delante, trabajar contra las actuales violaciones a los derechos humanos y construir el Nunca Más al neoliberalismo”.

Luego del acto, en el que también compartieron unas palabras los sobrevivientes Lidia Biscarte y Rodolfo Amarilla, los participantes se dirigieron hacia la Plaza Dr. Eduardo Costa, donde se descubrió una placa recordatoria, que contiene los nombres de los detenidos-desaparecidos de las ciudades de Campana, Escobar y Zárate.

Las señalizaciones, como parte de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos, consisten en intervenciones en el espacio público en las que confluyen el acompañamiento y la reparación a las víctimas, y el impulso a la participación de la comunidad en la construcción de la memoria.

El trámite para la señalización de la Comisaría había sido iniciado en 2018 por solicitud de la Asociación H.I.J.O.S de Escobar-Zárate-Campana. En aquel momento, desde el organismo intentaron articular con el Municipio de Campana para llevar adelante la iniciativa, pero la misma no pudo concretarse. Este año, el proyecto volvió a tomar impulso gracias a las gestiones realizadas desde la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.

La Comisaría 1° de Campana
Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, mujeres y hombres perseguidos por su militancia política, social y sindical permanecieron secuestrados y fueron torturados en esa comisaría. Desde allí fueron trasladados a otros centros clandestinos de detención: las comisarías de Escobar, Zárate, Moreno, el Pozo de Banfield y la Brigada de San Nicolás ―dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires―; el Arsenal Naval, el buque ARA Murature y la Prefectura Naval ―bajo el control de la Armada Argentina en la localidad de Zárate―; la Fábrica Militar de Tolueno Sintético y el Hospital Militar de Campo de Mayo ―dependientes del Ejército Argentino―, y el Club Dálmine, el Tiro Federal de Campana o la Mansión Guerchi en Zárate ―entidades privadas―, entre otros.

De acuerdo con la zonificación militar, la Comisaría de Campana integraba la Zona 4 y se encontraba bajo la jefatura del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo.

El plan sistemático de terror y exterminio perpetrado por la última dictadura estuvo dirigido especialmente hacia el movimiento obrero y sindical, con gran énfasis en esta región donde se encontraba uno de los polos industriales más importantes del país.

Las causas judiciales
En agosto de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de San Martín condenó a los principales responsables de la represión ilegal en la zona. En la actualidad, están siendo juzgados 22 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región contra más de 300 víctimas. En su mayoría, eran trabajadores, delegados sindicales y miembros de las comisiones internas.