La investigación judicial en el Pozo de Vargas, que comenzó hace ya más de 20 años, requirió diferentes gestiones y partidas presupuestarias para garantizar la labor de los peritos y el mantenimiento y compra de nuevos elementos y maquinarias de trabajo. A partir de la presidencia de Néstor Kirchner las tareas en el Pozo se convirtieron en una política de Estado.

En diferentes momentos de estos últimos 20 años, desde la Secretaría de Derechos Humanos y el ex Programa Verdad y Justicia se realizaron gestiones para agilizar y destrabar los pagos que, desde entonces, corresponden al Consejo de la Magistratura (a través del Juzgado Federal a cargo del Dr. Fernando Poviña).

Efectivamente, a partir del mes de enero de 2022, los y las profesionales que trabajan como peritos en el Pozo de Vargas hicieron público sus reclamos por el retraso en algunos pagos y la falta de continuidad de sus tareas.

En las últimas semanas, la Secretaría de Derechos Humanos se comunicó con las autoridades judiciales, del Consejo de la Magistratura, los propios peritos, organismos de derechos humanos y querellantes y fue informada que:
-Ya habían sido canceladas 3 de las 6 cuotas presupuestadas para el año 2021, de las cuales 2 estaban destinadas a la compra de la bomba requerida para extraer los últimos metros de agua del Pozo. De hecho, a finales de diciembre, la bomba de agua ya estaba a disposición del juzgado.
- Una vez que el juzgado retome las tareas después de la feria judicial, remitiría al Consejo de la Magistratura la documentación faltante para poder ejecutar los pagos adeudados a los peritos.
- El Consejo de la Magistratura ya tiene asignadas las partidas necesarias para afrontar los honorarios de los peritos para el año 2022 y los gastos adicionales que generará la colocación de la bomba de agua (mantenimiento del ascensor, seguros laborales, etcétera).

La Secretaría de Derechos Humanos continuará trabajando junto a los organismos y familiares, realizando las medidas que se encuentren a su alcance, para acelerar la investigación en el Pozo de Vargas, para cumplir con el deber inexcusable que recae en el Estado en su conjunto en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.