AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Resolución 93/2023
RESOL-2023-93-APN-AAIP
Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2023
VISTO el expediente EX-2023-45673440- -APN-AAIP, la Ley N° 27.275, la Decisión Administrativa N° 1094 del 1 de noviembre de 2022, la Resolución AAIP N°119 del 18 de julio de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 27.275 -Derecho de Acceso a la Información Pública- tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública (artículo 1°).
Que por el artículo 19 de la referida ley se creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP), como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con la misión de velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la Ley N° 27.275, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.
Que la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA desarrolla políticas de acceso a la información pública, protección de los datos personales, participación ciudadana y transparencia en la gestión pública desde un enfoque de derechos humanos, con la finalidad de coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población y de su acceso a derechos.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1094/2022 se aprobó la nueva estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA tiene entre sus responsabilidades primarias la de asistir en la instrumentación de proyectos y acciones que favorezcan la producción, sistematización, apertura y puesta a disposición de la ciudadanía la información pública.
Que la incorporación de la transparencia como una dimensión sustantiva y transversal requiere del fortalecimiento de las capacidades estatales que posibiliten, a partir de diversas estrategias y prácticas, poner la información pública a disposición de la ciudadanía en formatos accesibles desde el momento mismo en que se diseñan las políticas y los programas públicos.
Que, además de monitorear el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia activa establecidas en el artículo 32 de la Ley N° 27.275, la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA promueve la apertura de información sustantiva y estratégica sobre las políticas públicas.
Que para garantizar que la información producida por el Estado cumpla con las condiciones de calidad e integridad de la información para ser puesta a disposición de la ciudadanía es necesario brindar instrumentos adecuados.
Que la Resolución AAIP N°119/2019 establece criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas para la correcta aplicación de la Ley N° 27.275, entre ellos los que resultan aplicables a la clasificación y desclasificación de la información, acciones que forman parte de la gestión documental.
Que, entre las políticas orientadas a garantizar el derecho de acceso a la información pública, resulta necesario fortalecer el acceso de la ciudadanía a la información existente en archivos documentales.
Que, con esa finalidad, las buenas prácticas en gestión documental y administración de archivos posibilitan un acceso oportuno a información auténtica, íntegra y fiable durante todo el ciclo vital de los documentos públicos, y deben adecuarse a la legislación actual en materia de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales.
Que, por los motivos expuestos, resulta oportuno y conveniente en esta instancia la creación de un PROGRAMA DE TRANSPARENCIA, GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS que se desplegará a partir de acciones e instrumentos destinados a capacitar y asistir técnicamente a las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional para fortalecer sus políticas de gestión documental y administración de archivos, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión pública y el acceso de la ciudadanía a la información.
Que el Servicio Jurídico permanente de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA tomó la intervención previa de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 24, incisos e), g), k) y t) de la Ley N° 27275 y su modificatorio.
Por ello,
LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA el PROGRAMA DE TRANSPARENCIA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase la Formulación del Programa creado por el artículo 1°, que como Anexo (IF-2023- 49473951-APN-DNEPT#AAIP) forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA realizará las acciones y dictará las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias necesarias para su ejecución, y establecerá los mecanismos adecuados para su monitoreo y evaluación.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Beatriz de Anchorena
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
Resolución 93/2023
RESOL-2023-93-APN-AAIP
Ciudad de Buenos Aires, 22/05/2023
VISTO el expediente EX-2023-45673440- -APN-AAIP, la Ley N° 27.275, la Decisión Administrativa N° 1094 del 1 de noviembre de 2022, la Resolución AAIP N°119 del 18 de julio de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 27.275 -Derecho de Acceso a la Información Pública- tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública (artículo 1°).
Que por el artículo 19 de la referida ley se creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP), como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con la misión de velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la Ley N° 27.275, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.
Que la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA desarrolla políticas de acceso a la información pública, protección de los datos personales, participación ciudadana y transparencia en la gestión pública desde un enfoque de derechos humanos, con la finalidad de coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población y de su acceso a derechos.
Que mediante la Decisión Administrativa N° 1094/2022 se aprobó la nueva estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA tiene entre sus responsabilidades primarias la de asistir en la instrumentación de proyectos y acciones que favorezcan la producción, sistematización, apertura y puesta a disposición de la ciudadanía la información pública.
Que la incorporación de la transparencia como una dimensión sustantiva y transversal requiere del fortalecimiento de las capacidades estatales que posibiliten, a partir de diversas estrategias y prácticas, poner la información pública a disposición de la ciudadanía en formatos accesibles desde el momento mismo en que se diseñan las políticas y los programas públicos.
Que, además de monitorear el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia activa establecidas en el artículo 32 de la Ley N° 27.275, la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA promueve la apertura de información sustantiva y estratégica sobre las políticas públicas.
Que para garantizar que la información producida por el Estado cumpla con las condiciones de calidad e integridad de la información para ser puesta a disposición de la ciudadanía es necesario brindar instrumentos adecuados.
Que la Resolución AAIP N°119/2019 establece criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas para la correcta aplicación de la Ley N° 27.275, entre ellos los que resultan aplicables a la clasificación y desclasificación de la información, acciones que forman parte de la gestión documental.
Que, entre las políticas orientadas a garantizar el derecho de acceso a la información pública, resulta necesario fortalecer el acceso de la ciudadanía a la información existente en archivos documentales.
Que, con esa finalidad, las buenas prácticas en gestión documental y administración de archivos posibilitan un acceso oportuno a información auténtica, íntegra y fiable durante todo el ciclo vital de los documentos públicos, y deben adecuarse a la legislación actual en materia de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales.
Que, por los motivos expuestos, resulta oportuno y conveniente en esta instancia la creación de un PROGRAMA DE TRANSPARENCIA, GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS que se desplegará a partir de acciones e instrumentos destinados a capacitar y asistir técnicamente a las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional para fortalecer sus políticas de gestión documental y administración de archivos, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión pública y el acceso de la ciudadanía a la información.
Que el Servicio Jurídico permanente de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA tomó la intervención previa de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 24, incisos e), g), k) y t) de la Ley N° 27275 y su modificatorio.
Por ello,
LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA el PROGRAMA DE TRANSPARENCIA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase la Formulación del Programa creado por el artículo 1°, que como Anexo (IF-2023- 49473951-APN-DNEPT#AAIP) forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA realizará las acciones y dictará las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias necesarias para su ejecución, y establecerá los mecanismos adecuados para su monitoreo y evaluación.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Beatriz de Anchorena
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 24/05/2023 N° 38265/23 v. 24/05/2023
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)
Programa de Transparencia, Gestión Documental y Archivos
La vinculación entre gestión documental, acceso a la información y transparencia es estrecha e inescindible. Los documentos de archivo se producen en el ejercicio de las funciones de una organización y son las fuentes de información que evidencian todas sus actividades. En ese sentido, una buena gestión documental facilita la gestión transparente de las actuaciones administrativas y promueve el acceso a la información pública mediante una serie de acciones y procedimientos llevados adelante a lo largo de todo el ciclo vital de los documentos que garantizan su autenticidad, integridad y accesibilidad a lo largo del tiempo.
En ese sentido, en el marco del cumplimiento del objetivo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de fortalecer las políticas públicas de acceso a la información pública, la transparencia en la gestión pública, la protección de los datos personales y la participación ciudadana desde un enfoque de derechos humanos, resulta oportuno promover -en conjunto con otros actores clave- procesos de mejora de la gestión documental y asistir a los archivos de organismos públicos en cuestiones vinculadas a la transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales.
La implementación del Programa de Transparencia, Gestión Documental y Archivos se estructura a partir del desarrollo de dos ejes de gestión:
Eje N° 1. Gestión documental, acceso a la información y transparencia
La implementación de sistemas integrales de gestión documental por parte de los sujetos obligados establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 contribuye al fortalecimiento de la transparencia de las actuaciones administrativas, facilita el acceso a la información por parte de la ciudadanía y garantiza la calidad de la producción de la información.
Objetivo General
Fortalecer las capacidades institucionales de los sujetos obligados mediante la implementación de buenas prácticas de gestión documental para garantizar el derecho de acceso a la información pública y mejorar la transparencia en el ejercicio de sus funciones sustantivas.
Objetivos Específicos
• Concientizar sobre la importancia que tiene la gestión documental para favorecer políticas de acceso a la información y transparencia.
• Implementar acciones de capacitación para los Responsables de Acceso a la Información Pública (RAIP), establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 27.275, en cuestiones de gestión documental vinculadas al acceso.
• Contribuir y asistir a la difusión de información pública en poder de los sujetos obligados, definidos en el artículo 7° de la Ley N° 27.275, a partir de la gestión documental.
Líneas de acción
• Desarrollo de una investigación evaluativa: análisis de prácticas y políticas de gestión documental de los SO. Identificación de buenas prácticas en la gestión documental vinculadas a acceso y transparencia.
• Articulación* con actores clave de la comunidad de archivos y gestión documental, de informática y datos, y de acceso y transparencia para coordinar esfuerzos.
• Promoción de acciones de concientización en relación al acceso a la información y su vinculación con la gestión documental.
• Generación de instancias de capacitación y asistencia técnica.
Eje N° 2. Acceso a la información pública en archivos históricos
La problemática en torno al tratamiento de los archivos y su acceso pone en juego puntos de contacto entre derechos que pueden entrar en tensión, por lo cual resulta necesario formular consensos para lograr un equilibrio entre la necesidad de garantizar un acceso a la información amplio y el debido resguardo de aquella información exceptuada en los términos del artículo 8° de la Ley N° 27.275, siempre con perspectiva de derechos humanos. La legislación en torno a la protección de datos personales y de acceso a la información es más reciente en comparación a la normativa que regula las funciones de los archivos. El programa se propone promover acciones que integren miradas diversas para generar herramientas que resulten en un acceso a la información oportuno y respetuoso del ordenamiento jurídico vigente, con normas reglamentarias claras y accesibles a la ciudadanía.
Para ello, en atención a la multiplicidad de actores y experiencias a nivel nacional, regional e internacional, tanto estatales como de la sociedad civil, y el avance en el uso de tecnologías que permiten la producción de documentos digitales y nuevos formatos para la disociación, tratamiento y difusión, preservando la autenticidad e integridad de los documentos originales, se impulsará la articulación con actores clave y socios estratégicos para diseñar y potenciar diferentes acciones del programa, contribuyendo a fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones públicas, promoviendo la coordinación de iniciativas y fomentando el vínculo con actores de la sociedad civil para promover la participación ciudadana.
Objetivo General
Promover la apertura de archivos, el acceso a la información y la protección de datos personales con la participación de otras entidades del sector público, organizaciones sociales y de derechos humanos y referentes académicos y especialistas en la materia.
Específicos
• Identificar casos testigo y antecedentes vinculados con desclasificación, apertura y acceso a archivos a nivel nacional, subnacional e internacional que sirvan como marco de referencia en la materia.
• Articular con otras instancias estatales que tengan competencia en ámbitos de transparencia, acceso, y patrimonio documental y cultural.
• Impulsar instancias de divulgación y capacitación que favorezcan la apertura de archivos y datos abiertos velando por el acceso a la información pública y el resguardo de la protección de datos personales.
• Asistir a los archivos que contengan información de acceso público en los términos de la Ley N° 27.275 en el cumplimiento de sus obligaciones de acceso y transparencia.
Líneas de acción
• Articulación con actores clave para el diseño, organización y participación en espacios de interacción, promoviendo mecanismos de consenso entre organismos y especialistas en materia de archivos y acceso a la información.
• Desarrollo de una investigación evaluativa: relevamientos y estudio de casos sobre desclasificación, apertura, gestión documental, digitalización y acceso de archivos nacional, subnacional, regional e internacional.
• Promoción de acciones de difusión, divulgación y de asistencia técnica con relación al acceso a la información con resguardo de datos.
Programa de Transparencia, Gestión Documental y Archivos
La vinculación entre gestión documental, acceso a la información y transparencia es estrecha e inescindible. Los documentos de archivo se producen en el ejercicio de las funciones de una organización y son las fuentes de información que evidencian todas sus actividades. En ese sentido, una buena gestión documental facilita la gestión transparente de las actuaciones administrativas y promueve el acceso a la información pública mediante una serie de acciones y procedimientos llevados adelante a lo largo de todo el ciclo vital de los documentos que garantizan su autenticidad, integridad y accesibilidad a lo largo del tiempo.
En ese sentido, en el marco del cumplimiento del objetivo de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de fortalecer las políticas públicas de acceso a la información pública, la transparencia en la gestión pública, la protección de los datos personales y la participación ciudadana desde un enfoque de derechos humanos, resulta oportuno promover -en conjunto con otros actores clave- procesos de mejora de la gestión documental y asistir a los archivos de organismos públicos en cuestiones vinculadas a la transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales.
La implementación del Programa de Transparencia, Gestión Documental y Archivos se estructura a partir del desarrollo de dos ejes de gestión:
Eje N° 1. Gestión documental, acceso a la información y transparencia
La implementación de sistemas integrales de gestión documental por parte de los sujetos obligados establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 contribuye al fortalecimiento de la transparencia de las actuaciones administrativas, facilita el acceso a la información por parte de la ciudadanía y garantiza la calidad de la producción de la información.
Objetivo General
Fortalecer las capacidades institucionales de los sujetos obligados mediante la implementación de buenas prácticas de gestión documental para garantizar el derecho de acceso a la información pública y mejorar la transparencia en el ejercicio de sus funciones sustantivas.
Objetivos Específicos
• Concientizar sobre la importancia que tiene la gestión documental para favorecer políticas de acceso a la información y transparencia.
• Implementar acciones de capacitación para los Responsables de Acceso a la Información Pública (RAIP), establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 27.275, en cuestiones de gestión documental vinculadas al acceso.
• Contribuir y asistir a la difusión de información pública en poder de los sujetos obligados, definidos en el artículo 7° de la Ley N° 27.275, a partir de la gestión documental.
Líneas de acción
• Desarrollo de una investigación evaluativa: análisis de prácticas y políticas de gestión documental de los SO. Identificación de buenas prácticas en la gestión documental vinculadas a acceso y transparencia.
• Articulación* con actores clave de la comunidad de archivos y gestión documental, de informática y datos, y de acceso y transparencia para coordinar esfuerzos.
• Promoción de acciones de concientización en relación al acceso a la información y su vinculación con la gestión documental.
• Generación de instancias de capacitación y asistencia técnica.
Eje N° 2. Acceso a la información pública en archivos históricos
La problemática en torno al tratamiento de los archivos y su acceso pone en juego puntos de contacto entre derechos que pueden entrar en tensión, por lo cual resulta necesario formular consensos para lograr un equilibrio entre la necesidad de garantizar un acceso a la información amplio y el debido resguardo de aquella información exceptuada en los términos del artículo 8° de la Ley N° 27.275, siempre con perspectiva de derechos humanos. La legislación en torno a la protección de datos personales y de acceso a la información es más reciente en comparación a la normativa que regula las funciones de los archivos. El programa se propone promover acciones que integren miradas diversas para generar herramientas que resulten en un acceso a la información oportuno y respetuoso del ordenamiento jurídico vigente, con normas reglamentarias claras y accesibles a la ciudadanía.
Para ello, en atención a la multiplicidad de actores y experiencias a nivel nacional, regional e internacional, tanto estatales como de la sociedad civil, y el avance en el uso de tecnologías que permiten la producción de documentos digitales y nuevos formatos para la disociación, tratamiento y difusión, preservando la autenticidad e integridad de los documentos originales, se impulsará la articulación con actores clave y socios estratégicos para diseñar y potenciar diferentes acciones del programa, contribuyendo a fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones públicas, promoviendo la coordinación de iniciativas y fomentando el vínculo con actores de la sociedad civil para promover la participación ciudadana.
Objetivo General
Promover la apertura de archivos, el acceso a la información y la protección de datos personales con la participación de otras entidades del sector público, organizaciones sociales y de derechos humanos y referentes académicos y especialistas en la materia.
Específicos
• Identificar casos testigo y antecedentes vinculados con desclasificación, apertura y acceso a archivos a nivel nacional, subnacional e internacional que sirvan como marco de referencia en la materia.
• Articular con otras instancias estatales que tengan competencia en ámbitos de transparencia, acceso, y patrimonio documental y cultural.
• Impulsar instancias de divulgación y capacitación que favorezcan la apertura de archivos y datos abiertos velando por el acceso a la información pública y el resguardo de la protección de datos personales.
• Asistir a los archivos que contengan información de acceso público en los términos de la Ley N° 27.275 en el cumplimiento de sus obligaciones de acceso y transparencia.
Líneas de acción
• Articulación con actores clave para el diseño, organización y participación en espacios de interacción, promoviendo mecanismos de consenso entre organismos y especialistas en materia de archivos y acceso a la información.
• Desarrollo de una investigación evaluativa: relevamientos y estudio de casos sobre desclasificación, apertura, gestión documental, digitalización y acceso de archivos nacional, subnacional, regional e internacional.
• Promoción de acciones de difusión, divulgación y de asistencia técnica con relación al acceso a la información con resguardo de datos.