JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
Resolución 51/2018
RESOL-2018-51-APN-SGM#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 02/11/2018
VISTO: el EX-2017-34306225-APN-SSP#MM del Ministerio de Modernización, el Decreto N° 798 de fecha 22 de junio 2016 y la Resolución N° 1 de fecha 5 de abril de 2013 de la ex Secretaría de Comunicaciones, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 798/2016, artículo 2° inc. f), se instruyó al Ministerio de Comunicaciones para que elabore un Plan Nacional de Contingencia para situaciones de catástrofe.
Que en base a ello el Ente Nacional de Comunicaciones en conjunto con la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaboró un proyecto de Reglamento de Contingencia destinado a establecer normas ante situaciones de emergencia o catástrofe.
Que por la Resolución N° 1/2013 de la ex Secretaría de Comunicaciones se establecieron una serie de obligaciones y requisitos mínimos para los prestadores de comunicaciones móviles, a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios de comunicaciones ante dichas situaciones.
Que por las características de las mencionadas situaciones resulta necesario y urgente reducir los obstáculos que dificulten la realización de las operaciones de alerta, protección, asistencia y rescate que lleven a cabo las autoridades competentes, a los fines de abordar las mismas.
Que los servicios de telecomunicaciones resultan fundamentales en la minimización de pérdidas de vidas humanas, lesiones físicas, daños en infraestructuras y pérdidas económicas, tanto para facilitar la preparación de la población para afrontar situaciones de emergencia y catástrofe, como para mitigar sus efectos y posibilitar la coordinación de operaciones y equipos de emergencia.
Que las organizaciones competentes utilizan de esta manera las redes de telecomunicaciones para coordinar sus acciones y establecer comunicaciones entre las autoridades y las personas afectadas, que permitan identificar las víctimas y brindarles la asistencia necesaria.
Que, para atenuar los efectos de tales situaciones, resulta fundamental garantizar la utilización eficaz de los servicios de telecomunicaciones que posibiliten la comunicación antes, durante y después de producirse las mismas.
Que a los fines de poder asegurar la disponibilidad del servicio de regularidad en las comunicaciones en las instancias antes referidas, se requiere implementar herramientas que permitan generar una alerta a la población radicada en la zona de afectación, brindar información clara y precisa sobre los comportamientos a adoptar mientras se está produciendo la emergencia o catástrofe y sobre el alcance de la afectación, como así también comunicar una vez finalizada la misma, las cuestiones relevantes que las autoridades competentes consideren pertinente informar.
Que en virtud de su dinamismo y masificación, las comunicaciones móviles son el medio más efectivo y desarrollado en el mundo para afrontar dichas situaciones críticas, permitiendo alertar, estimar la magnitud de los daños, ayudar a localizar a las víctimas, evaluar los riesgos que puedan correr los equipos de rescate, y asegurar que los encargado de la labor humanitaria puedan comunicarse con los miembros de sus equipos, organismos que trabajan in situ, con establecimientos médicos y con las víctimas.
Que las comunicaciones móviles en todas sus variantes son el servicio más expandido para abordar dichas situaciones críticas, por lo cual a los fines de llevar a cabo operaciones eficaces y viables resulta necesario contar con su correcto funcionamiento, que cooperen, faciliten o permitan -según la circunstancia lo amerite- la ejecución de las operaciones de socorro, tendientes a poder reducir los daños que acarrean dichas contingencias.
Que considerando los hechos acaecidos en varias localidades de nuestro país, los cuales fueron originados por fenómenos naturales, resulta de gran relevancia adoptar medidas tendientes a evitar la falta total o parcial de servicios de comunicaciones que impidan el desarrollo y despliegue de las operaciones necesarias para afrontar estas situaciones críticas.
Que la seguridad de la infraestructura se encuentra expuesta a diversas y constantes amenazas, que en caso de materializarse pueden ocasionar graves incidentes en los sistemas de información y comunicaciones, por lo que resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma, en resguardo del interés y la seguridad general.
Que efectivamente, resulta necesario disponer que los prestadores aseguren el funcionamiento adecuado del servicio, en situaciones de emergencia o desastre especificando los requerimientos exigidos a fin de asegurar la disponibilidad del servicio en general, y fundamentalmente la de los servicios de emergencia.
Que la dinámica de los servicios móviles producto de la incesante innovación tecnológica, requiere que sea reflejada en las normas que reglamentan el sector, y que en este supuesto permitan garantizar su prestación en condiciones adecuadas en beneficio de la población que se vea afectada por situaciones que pongan en riesgo su integridad física.
Que resulta menester establecer un Reglamento de Contingencia en el cual se establezcan las obligaciones que los prestadores de los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) deberán cumplir ante situaciones de emergencia o desastre.
Que la Resolución N° 57/1996 de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en su Anexo I, “Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones”, prevé una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones a fin de conocer la opinión de las distintas partes interesadas, en forma previa al dictado de normas de alcance general.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 798/2016 mediante Resoluciones N° 10 del 8 de junio de 2018 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se realizó una consulta pública a efectos de actualizar el Reglamento vigente.
Que dicho proceso de consulta pública tuvo como objetivo dar participación a los interesados, fortaleciendo la legitimación democrática y la concepción de ciudadanía que vigorizan el pluralismo político.
Que en el referido proceso de consulta se verificó participación de dos empresas que aportaron su perspectiva acerca de la Reglamentación propuesta.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta conforme lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto N° 802/2018 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2°, inc. f), del Decreto N° 798/2016.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase, como Anexo I (IF-2018-46397050-APN-STIYC#JGM) de la presente, el Reglamento Nacional de Contingencia.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyese al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES para que en un plazo de NOVENTA (90) días contados desde la publicación en el Boletín Oficial dicte el Procedimiento o Plan de Contingencia.
ARTICULO 3°.- Abrógase la Resolución N° 1 de la ex Secretaría de Comunicaciones de fecha 5 de abril de 2013.
ARTÍCULO 4°.-. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Andrés Horacio Ibarra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
Resolución 51/2018
RESOL-2018-51-APN-SGM#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 02/11/2018
VISTO: el EX-2017-34306225-APN-SSP#MM del Ministerio de Modernización, el Decreto N° 798 de fecha 22 de junio 2016 y la Resolución N° 1 de fecha 5 de abril de 2013 de la ex Secretaría de Comunicaciones, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 798/2016, artículo 2° inc. f), se instruyó al Ministerio de Comunicaciones para que elabore un Plan Nacional de Contingencia para situaciones de catástrofe.
Que en base a ello el Ente Nacional de Comunicaciones en conjunto con la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaboró un proyecto de Reglamento de Contingencia destinado a establecer normas ante situaciones de emergencia o catástrofe.
Que por la Resolución N° 1/2013 de la ex Secretaría de Comunicaciones se establecieron una serie de obligaciones y requisitos mínimos para los prestadores de comunicaciones móviles, a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios de comunicaciones ante dichas situaciones.
Que por las características de las mencionadas situaciones resulta necesario y urgente reducir los obstáculos que dificulten la realización de las operaciones de alerta, protección, asistencia y rescate que lleven a cabo las autoridades competentes, a los fines de abordar las mismas.
Que los servicios de telecomunicaciones resultan fundamentales en la minimización de pérdidas de vidas humanas, lesiones físicas, daños en infraestructuras y pérdidas económicas, tanto para facilitar la preparación de la población para afrontar situaciones de emergencia y catástrofe, como para mitigar sus efectos y posibilitar la coordinación de operaciones y equipos de emergencia.
Que las organizaciones competentes utilizan de esta manera las redes de telecomunicaciones para coordinar sus acciones y establecer comunicaciones entre las autoridades y las personas afectadas, que permitan identificar las víctimas y brindarles la asistencia necesaria.
Que, para atenuar los efectos de tales situaciones, resulta fundamental garantizar la utilización eficaz de los servicios de telecomunicaciones que posibiliten la comunicación antes, durante y después de producirse las mismas.
Que a los fines de poder asegurar la disponibilidad del servicio de regularidad en las comunicaciones en las instancias antes referidas, se requiere implementar herramientas que permitan generar una alerta a la población radicada en la zona de afectación, brindar información clara y precisa sobre los comportamientos a adoptar mientras se está produciendo la emergencia o catástrofe y sobre el alcance de la afectación, como así también comunicar una vez finalizada la misma, las cuestiones relevantes que las autoridades competentes consideren pertinente informar.
Que en virtud de su dinamismo y masificación, las comunicaciones móviles son el medio más efectivo y desarrollado en el mundo para afrontar dichas situaciones críticas, permitiendo alertar, estimar la magnitud de los daños, ayudar a localizar a las víctimas, evaluar los riesgos que puedan correr los equipos de rescate, y asegurar que los encargado de la labor humanitaria puedan comunicarse con los miembros de sus equipos, organismos que trabajan in situ, con establecimientos médicos y con las víctimas.
Que las comunicaciones móviles en todas sus variantes son el servicio más expandido para abordar dichas situaciones críticas, por lo cual a los fines de llevar a cabo operaciones eficaces y viables resulta necesario contar con su correcto funcionamiento, que cooperen, faciliten o permitan -según la circunstancia lo amerite- la ejecución de las operaciones de socorro, tendientes a poder reducir los daños que acarrean dichas contingencias.
Que considerando los hechos acaecidos en varias localidades de nuestro país, los cuales fueron originados por fenómenos naturales, resulta de gran relevancia adoptar medidas tendientes a evitar la falta total o parcial de servicios de comunicaciones que impidan el desarrollo y despliegue de las operaciones necesarias para afrontar estas situaciones críticas.
Que la seguridad de la infraestructura se encuentra expuesta a diversas y constantes amenazas, que en caso de materializarse pueden ocasionar graves incidentes en los sistemas de información y comunicaciones, por lo que resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma, en resguardo del interés y la seguridad general.
Que efectivamente, resulta necesario disponer que los prestadores aseguren el funcionamiento adecuado del servicio, en situaciones de emergencia o desastre especificando los requerimientos exigidos a fin de asegurar la disponibilidad del servicio en general, y fundamentalmente la de los servicios de emergencia.
Que la dinámica de los servicios móviles producto de la incesante innovación tecnológica, requiere que sea reflejada en las normas que reglamentan el sector, y que en este supuesto permitan garantizar su prestación en condiciones adecuadas en beneficio de la población que se vea afectada por situaciones que pongan en riesgo su integridad física.
Que resulta menester establecer un Reglamento de Contingencia en el cual se establezcan las obligaciones que los prestadores de los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) deberán cumplir ante situaciones de emergencia o desastre.
Que la Resolución N° 57/1996 de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en su Anexo I, “Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones”, prevé una instancia de participación en el proceso de toma de decisiones a fin de conocer la opinión de las distintas partes interesadas, en forma previa al dictado de normas de alcance general.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 798/2016 mediante Resoluciones N° 10 del 8 de junio de 2018 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se realizó una consulta pública a efectos de actualizar el Reglamento vigente.
Que dicho proceso de consulta pública tuvo como objetivo dar participación a los interesados, fortaleciendo la legitimación democrática y la concepción de ciudadanía que vigorizan el pluralismo político.
Que en el referido proceso de consulta se verificó participación de dos empresas que aportaron su perspectiva acerca de la Reglamentación propuesta.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente se dicta conforme lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto N° 802/2018 y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2°, inc. f), del Decreto N° 798/2016.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE MODERNIZACION
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase, como Anexo I (IF-2018-46397050-APN-STIYC#JGM) de la presente, el Reglamento Nacional de Contingencia.
ARTÍCULO 2º.- Instrúyese al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES para que en un plazo de NOVENTA (90) días contados desde la publicación en el Boletín Oficial dicte el Procedimiento o Plan de Contingencia.
ARTICULO 3°.- Abrógase la Resolución N° 1 de la ex Secretaría de Comunicaciones de fecha 5 de abril de 2013.
ARTÍCULO 4°.-. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Andrés Horacio Ibarra
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 06/11/2018 N° 83977/18 v. 06/11/2018
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)
ARTÍCULO 1°.- Objeto y Alcance
El objeto del Reglamento Nacional de Contingencia es establecer las obligaciones que los prestadores de los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) deberán cumplir ante situaciones de emergencia o desastre.
ARTÍCULO 2°.- Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Definiciones
A los fines del presente, se aplicarán las siguientes definiciones:
Alerta: Estado declarado con anterioridad a la manifestación de una amenaza bajo monitoreo, que permite tomar decisiones específicas, para que se activen procedimientos de acción previamente establecidos.
Amenaza: Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar emergencias, incidentes o desastres. Factor externo representado por la posibilidad que ocurra un fenómeno o un evento adverso, en un momento, lugar específico, con una magnitud determinada y que podría ocasionar daños a las personas, la propiedad, la pérdida de medios de vida, trastornos sociales, económicos y ambientales.
Centro de Operaciones de Emergencia (COE): Herramienta de gestión de la respuesta, integrada por el conjunto de representantes de diferentes instituciones con competencias específicas.
Cobertura de Contingencia: Área geográfica en la cual se dispone del Servicio de Comunicaciones Móviles para acceder a los Servicios de Emergencia.
Desastre: Interacción entre una amenaza y una población vulnerable que, por su magnitud, crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad y/o sistema a partir de una desproporción entre los medios necesarios para superarla y aquellos medios a disposición de la comunidad afectada.
Emergencia: Situación provocada por un evento adverso, la cual es atendida por los recursos locales disponibles.
Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM): Servicio inalámbrico de telecomunicaciones de prestaciones múltiples que, independientemente de su frecuencia de operación, mediante el empleo de arquitecturas de red celular y el uso de tecnología de acceso digital, soporta baja y alta movilidad del usuario, permite interoperabilidad con otras redes fijas y móviles, con aptitud para itinerancia mundial. Comprende los Servicios de Telefonía Móvil (STM), de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), de Comunicaciones Personales (PCS) y de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) y su evolución tecnológica.
Servicios de Emergencia: Son aquellos servicios de atención a los damnificados en forma directa . Se entiende por ello al Servicio de Bomberos, Policía, Defensa Civil, Emergencia Ambiental, Prefectura, Sistema de Atención Médica de Emergencias, Emergencias, o cualquier otro que determine la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.
Simulacro: Ejercicio ficticio y simulado, a nivel público o privado, local o nacional, para evaluar los procedimientos y toma de decisiones ante un evento adverso, o situaciones de desastre, con el objeto de mejorar el adiestramiento en la coordinación de una respuesta efectiva.
Zona afectada: Comprende la Zona cero/Punto de impacto, Zona de influencia y Zona de adyacencia.
Zona cero/Punto de impacto: Es el sector o zona geográfica donde ocurre el evento adverso, determinado por el Centro de Operaciones de Emergencias.
Zona de adyacencia: es la zona que se encuentra por fuera de la zona de influencia, hasta el perímetro de la zona neutralizada según las características y geografía del lugar.
Zona de influencia: es la zona que se encuentra inmediatamente por fuera de la zona de impacto y se extiende hasta la zona de adyacencia. Su extensión es variable según las características del incidente y la geografía del lugar.
Zona neutralizada: comprende el área donde el acceso estará restringido a las autoridades a cargo del control del desastre y a todas las personas que dichas autoridades específicamente lo permitan.
ARTÍCULO 4°.- Declaración de la Apertura y Cierre de la emergencia o Desastre
La declaración de apertura y cierre de la emergencia o desastre será efectuada por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, informando a los prestadores mediante los recursos y canales que a tal fin se instrumenten.
ARTÍCULO 5°.- Obligaciones Generales
5.1. Infraestructura
A los fines de asegurar la integridad de la red, los prestadores deberán disponer de recursos de respaldo distribuidos a nivel nacional, coordinando con los demás prestadores, de forma tal de minimizar la duración de una eventual discontinuidad de los servicios.
Para ello, los prestadores deberán contar con:
a) Sistemas alternativos de suministro de energía estratégicamente distribuidos, además de los provistos por la empresa de distribución eléctrica, con autonomía para garantizar el servicio durante una eventual emergencia o desastre.
b) Redundancia de la red mediante elementos instalados en sitio o transportables, de manera tal que permita redireccionar el tráfico en caso de emergencia o desastre.
c) Equipamiento de red de respaldo que garantice la continuidad del servicio.
d) Recursos humanos y tecnológicos necesarios para afrontar las contingencias.
En los casos en que resulten afectadas las condiciones de continuidad, regularidad y generalidad, los prestadores deberán gestionar las medidas pertinentes a los fines de establecer una red de emergencia, mediante la cual se prestará un servicio de comunicaciones afín a la situación emergente, y cuya finalidad sea la protección de la población y bienes, garantizando el acceso irrestricto a los servicios de emergencia.
5.2. Sistemas móviles de soporte de la red
Cada prestador deberá disponer de sistemas transportables, conformados por sistemas de transmisión, radiobase, grupo electrógeno, entre otros, a efectos de que los mismos sean trasladados a la zona afectada para garantizar el acceso a las comunicaciones cuando la situación así lo requiera.
5.3. Deber de Informar
Los prestadores deberán informar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el procedimiento interno a aplicar ante una situación de emergencia o desastre, que permita garantizar el cumplimiento de los puntos 5.1 y 5.2.
Los prestadores deberán mantener actualizados dichos procedimientos informando al ENACOM toda modificación o afectación de los mismos.
La información no estará sujeta a aprobación y deberá ser presentada en el plazo de treinta (30) días corridos desde la publicación del Procedimiento o Plan de Contingencia que el ENACOM elabore a los fines de implementar operativamente el presente Reglamento.
Asimismo, los prestadores deberán responder en los modos y plazos oportunamente establecidos, cualquier requerimiento de información efectuado por el ENACOM en el marco del presente Reglamento.
ARTÍCULO 6°.- Obligaciones durante la Emergencia o Desastre.
6.1. Servicios a garantizar
Sin perjuicio de la obligación de brindar el servicio en condiciones de regularidad, continuidad y generalidad, ante la imposibilidad de tal circunstancia por razones propias de la emergencia o desastre, los prestadores deberán garantizar el acceso gratuito e irrestricto de los usuarios a los Servicios de Emergencia, independientemente del estado de su cuenta.
Asimismo, los prestadores deberán realizar las coordinaciones y adecuaciones técnicas necesarias que permitan instrumentar en la zona afectada la canalización apropiada de los Servicios de Emergencia por cualquiera de las redes móviles que se encuentren activas, independientemente del prestador que brinde el servicio al usuario.
En caso de interrupción del servicio, los prestadores deberán garantizar el restablecimiento del mismo en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas pudiendo disponer de esta forma de tiempo suficiente para el traslado de elementos de red transportables que permitan la continuidad del servicio a la brevedad.
6.2. Comunicaciones para los Organismos Públicos encargados de atender la emergencia o desastre
Los prestadores deberán implementar las acciones necesarias para garantizar la prioridad de los terminales móviles pertenecientes a los Organismos Públicos encargados de atender la emergencia o desastre, una vez declarada la misma. Los números serán suministrados por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, al momento de informar a los operadores la situación de emergencia o desastre.
6.3. Disponibilidad para la emisión de alertas publicas
Ante una alerta o una vez declarada la emergencia o desastre, los prestadores deberán disponer de los medios necesarios para emitir los mensajes de multi difusión, según lo solicitado por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes. Ésta última elaborará dichos mensajes en forma clara y concisa, y los comunicara a los prestadores por los medios que se definan para tal fin.
6.4. Gestión del tráfico
Declarada la emergencia o desastre los prestadores deberán realizar el monitoreo y gestión de tráfico de la zona afectada, a los efectos de optimizar la utilización de las redes que se encuentran operativas, y gestionar el desplazamiento de equipamiento y personal con el fin de normalizar el servicio.
ARTÍCULO 7°.- Informe de Gestión de la Crisis
En un plazo de QUINCE (15) días corridos posteriores al cierre de la emergencia o desastre, los prestadores deberán elaborar un informe que presentarán ante el ENACOM, indicando los daños originados a sus sistemas de comunicaciones en la zona afectada, los paliativos técnicos de emergencia aplicados y los sistemas alternativos utilizados. El informe deberá concluir con las medidas necesarias para mejorar el accionar ante futuras situaciones de emergencia o desastre.
ARETÍCULO 8°.- Simulacros
Conforme con los lineamientos prescritos por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, los prestadores deberán participar en los simulacros que la misma disponga, debiendo informar sobre los mismos al ENACOM en forma previa a su realización, y en forma posterior en los mismos términos que el Informe de Gestión de Crisis.
Artículo 9°.- Régimen Sancionatorio
9.1. El incumplimiento por parte del prestador de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.078 y el régimen de sanciones vigente.
9.2. La gravedad de la falta será determinada considerando, además de lo establecido en el régimen de sanciones vigente, las siguientes cuestiones:
a) La insuficiencia en la infraestructura dispuesta para garantizar el servicio requerido.
b) La puesta en práctica del procedimiento interno informado según lo dispuesto en el Artículo 5.3.
c) La demora en instrumentar las medidas dispuestas en los Artículos 5° y 6°, y en restablecer el servicio en caso que el mismo haya sido interrumpido.
9.3. Los incumplimientos a las obligaciones de infraestructura y/o gestión del tráfico que se verifiquen como consecuencia de la realización de simulacros, y que impliquen la imposibilidad de los prestadores de afrontar una eventual emergencia o desastre conforme lo establece el presente Reglamento, darán lugar a la aplicación de sanciones.
ANEXO I
Reglamento Nacional de Contingencia
Reglamento Nacional de Contingencia
ARTÍCULO 1°.- Objeto y Alcance
El objeto del Reglamento Nacional de Contingencia es establecer las obligaciones que los prestadores de los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) deberán cumplir ante situaciones de emergencia o desastre.
ARTÍCULO 2°.- Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento será de aplicación en todo el territorio de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Definiciones
A los fines del presente, se aplicarán las siguientes definiciones:
Alerta: Estado declarado con anterioridad a la manifestación de una amenaza bajo monitoreo, que permite tomar decisiones específicas, para que se activen procedimientos de acción previamente establecidos.
Amenaza: Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar emergencias, incidentes o desastres. Factor externo representado por la posibilidad que ocurra un fenómeno o un evento adverso, en un momento, lugar específico, con una magnitud determinada y que podría ocasionar daños a las personas, la propiedad, la pérdida de medios de vida, trastornos sociales, económicos y ambientales.
Centro de Operaciones de Emergencia (COE): Herramienta de gestión de la respuesta, integrada por el conjunto de representantes de diferentes instituciones con competencias específicas.
Cobertura de Contingencia: Área geográfica en la cual se dispone del Servicio de Comunicaciones Móviles para acceder a los Servicios de Emergencia.
Desastre: Interacción entre una amenaza y una población vulnerable que, por su magnitud, crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad y/o sistema a partir de una desproporción entre los medios necesarios para superarla y aquellos medios a disposición de la comunidad afectada.
Emergencia: Situación provocada por un evento adverso, la cual es atendida por los recursos locales disponibles.
Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM): Servicio inalámbrico de telecomunicaciones de prestaciones múltiples que, independientemente de su frecuencia de operación, mediante el empleo de arquitecturas de red celular y el uso de tecnología de acceso digital, soporta baja y alta movilidad del usuario, permite interoperabilidad con otras redes fijas y móviles, con aptitud para itinerancia mundial. Comprende los Servicios de Telefonía Móvil (STM), de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), de Comunicaciones Personales (PCS) y de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) y su evolución tecnológica.
Servicios de Emergencia: Son aquellos servicios de atención a los damnificados en forma directa . Se entiende por ello al Servicio de Bomberos, Policía, Defensa Civil, Emergencia Ambiental, Prefectura, Sistema de Atención Médica de Emergencias, Emergencias, o cualquier otro que determine la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.
Simulacro: Ejercicio ficticio y simulado, a nivel público o privado, local o nacional, para evaluar los procedimientos y toma de decisiones ante un evento adverso, o situaciones de desastre, con el objeto de mejorar el adiestramiento en la coordinación de una respuesta efectiva.
Zona afectada: Comprende la Zona cero/Punto de impacto, Zona de influencia y Zona de adyacencia.
Zona cero/Punto de impacto: Es el sector o zona geográfica donde ocurre el evento adverso, determinado por el Centro de Operaciones de Emergencias.
Zona de adyacencia: es la zona que se encuentra por fuera de la zona de influencia, hasta el perímetro de la zona neutralizada según las características y geografía del lugar.
Zona de influencia: es la zona que se encuentra inmediatamente por fuera de la zona de impacto y se extiende hasta la zona de adyacencia. Su extensión es variable según las características del incidente y la geografía del lugar.
Zona neutralizada: comprende el área donde el acceso estará restringido a las autoridades a cargo del control del desastre y a todas las personas que dichas autoridades específicamente lo permitan.
ARTÍCULO 4°.- Declaración de la Apertura y Cierre de la emergencia o Desastre
La declaración de apertura y cierre de la emergencia o desastre será efectuada por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, informando a los prestadores mediante los recursos y canales que a tal fin se instrumenten.
ARTÍCULO 5°.- Obligaciones Generales
5.1. Infraestructura
A los fines de asegurar la integridad de la red, los prestadores deberán disponer de recursos de respaldo distribuidos a nivel nacional, coordinando con los demás prestadores, de forma tal de minimizar la duración de una eventual discontinuidad de los servicios.
Para ello, los prestadores deberán contar con:
a) Sistemas alternativos de suministro de energía estratégicamente distribuidos, además de los provistos por la empresa de distribución eléctrica, con autonomía para garantizar el servicio durante una eventual emergencia o desastre.
b) Redundancia de la red mediante elementos instalados en sitio o transportables, de manera tal que permita redireccionar el tráfico en caso de emergencia o desastre.
c) Equipamiento de red de respaldo que garantice la continuidad del servicio.
d) Recursos humanos y tecnológicos necesarios para afrontar las contingencias.
En los casos en que resulten afectadas las condiciones de continuidad, regularidad y generalidad, los prestadores deberán gestionar las medidas pertinentes a los fines de establecer una red de emergencia, mediante la cual se prestará un servicio de comunicaciones afín a la situación emergente, y cuya finalidad sea la protección de la población y bienes, garantizando el acceso irrestricto a los servicios de emergencia.
5.2. Sistemas móviles de soporte de la red
Cada prestador deberá disponer de sistemas transportables, conformados por sistemas de transmisión, radiobase, grupo electrógeno, entre otros, a efectos de que los mismos sean trasladados a la zona afectada para garantizar el acceso a las comunicaciones cuando la situación así lo requiera.
5.3. Deber de Informar
Los prestadores deberán informar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el procedimiento interno a aplicar ante una situación de emergencia o desastre, que permita garantizar el cumplimiento de los puntos 5.1 y 5.2.
Los prestadores deberán mantener actualizados dichos procedimientos informando al ENACOM toda modificación o afectación de los mismos.
La información no estará sujeta a aprobación y deberá ser presentada en el plazo de treinta (30) días corridos desde la publicación del Procedimiento o Plan de Contingencia que el ENACOM elabore a los fines de implementar operativamente el presente Reglamento.
Asimismo, los prestadores deberán responder en los modos y plazos oportunamente establecidos, cualquier requerimiento de información efectuado por el ENACOM en el marco del presente Reglamento.
ARTÍCULO 6°.- Obligaciones durante la Emergencia o Desastre.
6.1. Servicios a garantizar
Sin perjuicio de la obligación de brindar el servicio en condiciones de regularidad, continuidad y generalidad, ante la imposibilidad de tal circunstancia por razones propias de la emergencia o desastre, los prestadores deberán garantizar el acceso gratuito e irrestricto de los usuarios a los Servicios de Emergencia, independientemente del estado de su cuenta.
Asimismo, los prestadores deberán realizar las coordinaciones y adecuaciones técnicas necesarias que permitan instrumentar en la zona afectada la canalización apropiada de los Servicios de Emergencia por cualquiera de las redes móviles que se encuentren activas, independientemente del prestador que brinde el servicio al usuario.
En caso de interrupción del servicio, los prestadores deberán garantizar el restablecimiento del mismo en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas pudiendo disponer de esta forma de tiempo suficiente para el traslado de elementos de red transportables que permitan la continuidad del servicio a la brevedad.
6.2. Comunicaciones para los Organismos Públicos encargados de atender la emergencia o desastre
Los prestadores deberán implementar las acciones necesarias para garantizar la prioridad de los terminales móviles pertenecientes a los Organismos Públicos encargados de atender la emergencia o desastre, una vez declarada la misma. Los números serán suministrados por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, al momento de informar a los operadores la situación de emergencia o desastre.
6.3. Disponibilidad para la emisión de alertas publicas
Ante una alerta o una vez declarada la emergencia o desastre, los prestadores deberán disponer de los medios necesarios para emitir los mensajes de multi difusión, según lo solicitado por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes. Ésta última elaborará dichos mensajes en forma clara y concisa, y los comunicara a los prestadores por los medios que se definan para tal fin.
6.4. Gestión del tráfico
Declarada la emergencia o desastre los prestadores deberán realizar el monitoreo y gestión de tráfico de la zona afectada, a los efectos de optimizar la utilización de las redes que se encuentran operativas, y gestionar el desplazamiento de equipamiento y personal con el fin de normalizar el servicio.
ARTÍCULO 7°.- Informe de Gestión de la Crisis
En un plazo de QUINCE (15) días corridos posteriores al cierre de la emergencia o desastre, los prestadores deberán elaborar un informe que presentarán ante el ENACOM, indicando los daños originados a sus sistemas de comunicaciones en la zona afectada, los paliativos técnicos de emergencia aplicados y los sistemas alternativos utilizados. El informe deberá concluir con las medidas necesarias para mejorar el accionar ante futuras situaciones de emergencia o desastre.
ARETÍCULO 8°.- Simulacros
Conforme con los lineamientos prescritos por la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, los prestadores deberán participar en los simulacros que la misma disponga, debiendo informar sobre los mismos al ENACOM en forma previa a su realización, y en forma posterior en los mismos términos que el Informe de Gestión de Crisis.
Artículo 9°.- Régimen Sancionatorio
9.1. El incumplimiento por parte del prestador de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, será sancionado de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.078 y el régimen de sanciones vigente.
9.2. La gravedad de la falta será determinada considerando, además de lo establecido en el régimen de sanciones vigente, las siguientes cuestiones:
a) La insuficiencia en la infraestructura dispuesta para garantizar el servicio requerido.
b) La puesta en práctica del procedimiento interno informado según lo dispuesto en el Artículo 5.3.
c) La demora en instrumentar las medidas dispuestas en los Artículos 5° y 6°, y en restablecer el servicio en caso que el mismo haya sido interrumpido.
9.3. Los incumplimientos a las obligaciones de infraestructura y/o gestión del tráfico que se verifiquen como consecuencia de la realización de simulacros, y que impliquen la imposibilidad de los prestadores de afrontar una eventual emergencia o desastre conforme lo establece el presente Reglamento, darán lugar a la aplicación de sanciones.