SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS

Resolución 93/2021

RESOL-2021-93-APN-SAE

Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-78719142- -APN-DPYPEESA#SAE, los Decretos Nros. 894 del 1° de noviembre de 2017, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 970 del 1° de diciembre de 2020, 124 del 21 de febrero de 2021, 298 del 7 de mayo de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 50/2019 estableció como uno de los objetivos de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN el de “entender en la definición de las prioridades estratégicas para el desarrollo de una economía del conocimiento inclusiva y en la coordinación y monitoreo de las acciones formativas y de investigación en la materia, de los distintos actores públicos y privados involucrados, en coordinación con las áreas con competencia en la materia.”

Que el Decreto Nº 970/2020 aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), destinado a financiar el “Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas”, cuyo objetivo general es mejorar la efectividad en la coordinación y gestión de Programas Gubernamentales Estratégicos (PGE) en la REPÚBLICA ARGENTINA, priorizando aquellos necesarios para dar respuesta y recuperación a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, mediante el fortalecimiento de funciones claves y el desarrollo de iniciativas innovadoras para el logro de los objetivos de Gobierno.

Que el Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR fue suscripto por la REPÚBLICA ARGENTINA el 20 de enero del 2021.

Que los objetivos específicos del citado Programa son: (i) mejorar la calidad de la planificación, el monitoreo, la toma de decisiones y la evaluación para el cumplimiento de Programas Gubernamentales Estratégicos; y (ii) fortalecer las capacidades de innovación y promover prácticas innovadoras en la gestión pública, sector privado y sociedad civil para dar respuesta a la crisis y sus consecuencias.

Que para alcanzar dichas metas, el Programa mencionado se estructura en dos componentes: Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de gestión de objetivos prioritarios de gobierno; Componente 2. Fortalecimiento de capacidades de innovación permanentes en el sector público, sector privado y sociedad civil, para problemas de política pública.

Que a través del Subcomponente 2.2 “Innovaciones en el sector privado y sociedad civil” se financiará la implementación de instrumentos de apoyo a la innovación que viabilicen la obtención de propuestas del sector privado y sociedad civil que puedan generar soluciones acordes en tiempo y forma para las Prioridades Gubernamentales.

Que el Organismo Ejecutor del citado Programa es la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a través de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO.

Que, por su parte, el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) creado mediante Decreto N° 124/2021, nuclea gran parte de los actores y las actoras que representan al mundo empresarial, sindical, científico y tecnológico; y entre sus funciones se encuentra la de “promover estudios, debates públicos, encuestas de opinión u otros mecanismos de participación y consulta, tanto presenciales como virtuales, que permitan captar la opinión de sectores amplios de la población sobre los temas en tratamiento.”

Que, asimismo, el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL tiene la competencia de “impulsar acuerdos de cooperación para el cumplimiento de sus fines con organismos internacionales y/o con áreas de la administración pública Nacional, Provincial y/o Municipal, u otros organismos públicos o privados”.

Que el mencionado CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL tiene entre sus objetivos los de “abrir un espacio de diálogo y cooperación entre los distintos sectores económicos y sociales del país” y “generar consensos amplios sobre prioridades estratégicas para el desarrollo nacional inclusivo”.

Que a tal fin el Decreto N° 124/2021 estableció una Agenda de Trabajo distribuida en cinco Misiones País: Comunidad del Cuidado y Seguridad Alimentaria; Educación y Trabajos del Futuro; Productividad con Cohesión Social; Ecología Integral y Desarrollo Sustentable y Democracia Innovadora.

Que la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, ámbito de funcionamiento del Consejo Económico y Social, colabora en el cumplimiento de las citadas Misiones a través de distintas iniciativas y acciones, entre ellas la organización de convocatorias para que diferentes sectores o instituciones de la comunidad presenten proyectos e iniciativas innovadoras que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos y, de esta manera, construir colectivamente políticas públicas de largo plazo.

Que a través del Decreto N° 298/2021 se designaron los miembros del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.

Que, en dicho contexto, resulta oportuno convocar a técnicos y profesionales nucleados en instituciones universitarias, organizaciones públicas, privadas, sociales y comunitarias de todo el país, a presentar propuestas innovadoras de políticas públicas que permitan optimizar la inversión pública en el acompañamiento de las personas vulneradas, en términos de su acceso a los derechos laborales y a un ingreso digno.

Que el objetivo de la presente convocatoria es retroalimentar el diseño de políticas públicas dirigidas a poblaciones definidas como vulnerables en términos de su acceso al empleo reorientando los programas de transferencia de ingresos, optimizando la inversión estatal y ofreciendo alternativas de empleo con eje en las capacidades productivas territoriales. Para ello se propone identificar oportunidades de creación de empleos en términos de desarrollo local y/o regional en micro, pequeñas y medianas empresas y/o emprendimientos o unidades asociativas de diversos sectores económicos.

Que mediante Nota N° (NO-2021-99423232-APN-DPYPEESA#SAE), la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CON ENFOQUE SECTORIAL AMPLIO de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, solicitó y obtuvo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), la No Objeción con relación a las Bases y Condiciones que regirán la mencionada Convocatoria, conforme Nota N° CSC/CAR 3712/2021.

Que las citadas Bases y Condiciones contemplan distintas etapas para la implementación de la Convocatoria (pre inscripción de ideas, evaluación, anuncio y distinciones y presentación de la propuesta final), previendo la intervención de una Comisión de Evaluación que estará integrada por expertos internacionales, nacionales, representantes de Ministerios Nacionales, gobiernos provinciales, municipales, del Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas BID 5084/OC-AR y Consejeros integrantes del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.

Que el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017) aprobado por el Decreto N° 894/2017, habilita a los particulares a presentar escritos ante la administración nacional en formato electrónico mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y establece que las notificaciones electrónicas se harán por esa única vía.

Que corresponde, por lo expuesto, aprobar la presente Convocatoria denominada “Producir Trabajo - Convocatoria de ideas de políticas públicas para la creación de empleo genuino”, sus Bases y Condiciones, así como los integrantes de la Comisión de Evaluación.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y el Decreto N° 970 del 1° de diciembre de 2020.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar y declarar abierto el llamado a la Convocatoria denominada “Producir Trabajo - Convocatoria de ideas de políticas públicas para la creación de empleo genuino”, de conformidad con las Bases y Condiciones que como ANEXO I (IF-2021-114213617-APN-DPYPEESA#SAE) forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Destinar una suma de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000.-), en carácter de Aporte No Reintegrable (ANR), en concepto de premio a cada una de las CINCO (5) mejores ideas de políticas públicas conforme el orden de mérito que determine la Comisión de Evaluación, con la finalidad de desarrollar con mayor detalle los instrumentos propuestos y avanzar en la elaboración de las políticas públicas.

ARTÍCULO 3°.- Designar a los miembros de la Comisión de Evaluación, conforme al ANEXO II (IF-2021-114216609-APN-DPYPEESA#SAE) que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con cargo a las partidas presupuestarias correspondiente a la JURISDICCIÓN 20 – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, difúndase en la página web oficial del Consejo Económico y Social (https://argentina.gob.ar/consejo), dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Gustavo Beliz

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-


(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

1. Introducción

El Consejo Económico Social (CES), creado mediante Decreto Nº 124/2021, nuclea gran parte de los actores y las actoras que representan al mundo empresarial, sindical, social, científico y tecnológico. Entre sus finalidades se encuentra la de promover estudios, debates públicos, encuestas de opinión u otros mecanismos de participación y consulta, tanto presenciales como virtuales, que permitan construir acuerdos o promover el entendimiento entre actores concernidos por la misma problemática, con el propósito de renovar la agenda pública y enriquecer el debate acerca de las alternativas para hacer frente a los desafíos actuales.

El CES ha definido un conjunto de prioridades estratégicas para el desarrollo del país a ser debatidas, que constituyen el marco más general de debate y discusión y que se desglosan en una Agenda de Trabajo con veinticinco temáticas organizadas alrededor de cinco Misiones País. Entre las temáticas a abordar se encuentra en primer lugar la lucha contra y el hambre y la extrema pobreza, así como la armonización de los programas de transferencias universales y la “transformación de planes asistenciales en empleo” (ver Anexo I del Decreto N° 24/2021).

En el contexto de la Agenda de Trabajo del CES, la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y el Consejo Económico y Social (CES), en el marco del Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas - Proyecto Contrato de Préstamo BID 5084/OC-AR, convocan a técnicos y profesionales nucleados en instituciones universitarias, y organizaciones públicas, privadas, sociales y comunitarias de todo el país, a presentar propuestas innovadoras para el diseño de políticas públicas que permitan optimizar la inversión pública en el acompañamiento de las personas vulneradas, en términos de su acceso a los derechos laborales y a un ingreso digno.

2. Fundamentación

En diciembre de 2021 se cumplen 30 años de la sanción de un marco normativo en Argentina que abrió las puertas a la implementación de políticas de empleo y formación profesional.

El siglo XXI comenzó en Argentina con una caída abrupta del empleo, el deterioro de los ingresos, el aumento inusitado de la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. La crisis económica, política y social que signa esta etapa encuentra a uno de cada cuatro trabajadores/as fuera del empleo. Ello forzó la necesidad de repensar los sistemas de protección social a partir de una nueva perspectiva que permitiera asegurar “pisos de protección social” basados en un conjunto de prestaciones y transferencias a cargo del Estado nacional, capaces de asegurar niveles mínimos en materia de alimentación, educación, salud y cuidados básicos. Las políticas de transferencia de ingreso se unificaron para cubrir a más de dos millones de jefes/as de hogar desocupados/as, al tiempo que se modificó la estructura del gasto público social y se incorporan nuevas fuentes de financiamiento.

La recuperación económica que comenzara en 2003 y el conjunto de políticas implementadas generó mejoras en las situaciones de los/as trabajadores que pudieron acceder al empleo, pero no alcanzó para revertir plenamente la situación de pobreza y vulnerabilidad, ligada mayormente a la informalidad laboral y a la debilidad estructural del mercado de trabajo y de la economía argentina. Los programas de promoción del empleo y la formación profesional que fueron diseñados en los 90 a partir de las reformas del mercado de trabajo, fueron reformulados y se les sumaron nuevos programas de transferencia de ingresos, en el marco tanto de sistemas contributivos de seguridad social como de asistencia social de base no contributiva. Dentro de este último grupo se destacan los programas de asistencia directa que son aquellos que, a través de transferencias en efectivo -y en ocasiones en especie-, ayudan a los hogares a superar las situaciones de pobreza persistente (como las tarjetas de alimentos) y otros que se propusieron visibilizar y valorizar el trabajo que se realiza en el marco de la economía informal, impulsando herramientas que promueven la colectivización y la organización social, acompañando mediante una serie de políticas específicas. La reestatización en el año 2008 del sistema previsional y la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como un subsistema no contributivo dentro del régimen de Asignaciones Familiares, instala un derecho que le corresponde a todos/as los/as niños/as, con independencia de la situación laboral de sus progenitores, con un potencial de exigibilidad del que carecen otros sistemas. Este tipo particular de política de transferencia condicionadas de ingresos (PTCI), en línea con otras que prevalecieron en Latinoamérica en los inicios de los dos mil, se encuadra en un marco de protección diferente al de las políticas de transferencia de ingresos -programas y planes- que exigen contraprestaciones laborales, de formación o de búsqueda de trabajo.

A pesar de los niveles de inversión producidos en todo este periodo, se debe señalar que los índices de informalidad laboral se mantuvieron altos (aun en los mejores momentos de la economía) en un promedio del 33,5%. En tal sentido, fueron los soportes del sistema de protección social los que favorecieron procesos de movilidad ascendente, atribuibles a la estabilidad con que los hogares vulnerables podían planificar trayectos en progreso a pesar de sus dificultades de inserción en el mercado de trabajo formal.

La contracción de la economía, en los años previos a la pandemia, impactó nuevamente en el empleo (la desocupación llegó casi a un dígito, el desempleo se hace crónico y se deteriora la calidad de las ocupaciones) generando mayor exclusión social, situación que fue compensada con una mayor inclusión de beneficiarios/as de planes sociales, que prácticamente triplican su número. Los movimientos sociales desplegaron diversas estrategias de apoyo a la economía popular y presionaron por nuevas herramientas de apoyo a la misma, que quedaron plasmadas en la Ley Nº 27.345 y el Decreto Nº 159/17, al tiempo que los gobiernos provinciales y municipales reactivaron los programas de asistencia alimentaria, en muchos casos con recursos propios y/o reasignando partidas antes aplicadas a la promoción social (deporte, cultura, prevención de la salud, etc.).

La crisis desatada por el COVID-19 recrudeció, puso en evidencia y profundizó la segmentación del mercado laboral y las problemáticas mencionadas de los contextos anteriores. Al tiempo que continuaron las transferencias de ingresos mediante programas y planes, fueron necesarios aportes adicionales -como IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)-, para integrar en las políticas de transferencia de ingresos a una importante población de trabajadores/as en situación de informalidad que no ingresaban en los mismos, sostener el empleo y proteger ante la emergencia.

Actualmente nos encontramos con un desempleo que alcanza al 9,6% de la población en condiciones de trabajar (INDEC, II Trim 2021), una informalidad laboral en el sector formal que alcanza al 32,4% de los/as trabajadores, sigue existiendo una demanda laboral insatisfecha, y además un sector importante de los trabajadores –enmarcados en lo que se denomina economía popular- desempeña trabajos con potencial de empleo genuino -entendido como trabajo con remuneración adecuada y acceso a derechos laborales-, así como trabajos de utilidad social, que no son remunerados ni cuentan con reconocimiento laboral. Este conjunto, que alcanza en cantidad un número similar a la población asalariada del sector privado, conforma el universo de focalización de los planes sociales. Al presente, la cobertura alcanza a una porción minoritaria que apenas supera el millón de personas.

En efecto, bajo la categoría de economía popular se agrupan hoy diversas iniciativas que producen bienes y servicios, de interés mercantil y social, que se distribuyen y consumen en todos los estratos sociales. La categoría economía popular incluye a quienes se ganan la vida a través de una pluralidad de actividades que se desarrollan sin derechos laborales y sin patrón visible, que en los últimos años han generado nuevas formas organizativas, asociadas y de representación gremial. La falta de acceso al crédito, la inadecuación del marco normativo vigente que desconoce toda legitimidad a este modo de producir y la informalidad tanto de las actividades como de los espacios de trabajo, son los principales obstáculos a la expansión y consolidación de las empresas sociales, así como del pasaje y consolidación de emprendimientos a la categoría de micro, pequeña y mediana empresa. Del mismo modo, en este grupo se incluyen experiencias de probada sustentabilidad como es el caso de las empresas recuperadas y su reconversión como empresas sociales. Finalmente se destaca que, en muchos casos, los llamados emprendimientos de la economía popular son reservorios de conocimientos en los que podría residir la clave para el desarrollo local de amplias regiones de nuestro país.

Existen diferentes propuestas para medir el peso de la economía popular en el mundo del trabajo actual. Según los criterios de inclusión vinculados a cuáles son los grupos de trabajadores/as que la integran, la fuente de datos y la metodología que se utilice, las estimaciones para cuantificar el sector varían pero se encuentran entre los 3 millones (Pissaco, 2019) y los 4 millones de trabajadores/as (aproximadamente) de trabajadores/as (Arango, Chena y Roig, 2017; Bertellotti, 2019; OCEPP, 2021).

Por otro lado, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por otro lado, incluye hasta agosto de 2021 un total de 2.830.520 personas. Cabe aclarar que dicho registro tiene carácter personal, usa el criterio de autoadscripción y todavía se encuentra en construcción.

La estimación realizada por el CITRA-CONICET cuenta no sólo con validez estadística sino también con la validación de las organizaciones populares y la experiencia en el trabajo de campo. Utiliza las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, con actualización trimestral, y releva datos laborales de 31 aglomerados urbanos, abarcando alrededor del 60% de la población total del país. Si bien la EPH no incluye población rural o urbana de menor tamaño (como evidencian los datos del ReNaTEP, la población rural tiene un peso relativo muy importante en la población económicamente activa en algunas regiones, como el NOA o el NEA), esta población es estimada mediante otros instrumentos y fuentes de información.

La metodología citada define el universo de la economía popular a partir de 5 sub-poblaciones: 1) cuentapropistas no profesionales; 2) desocupados no profesionales; 3) servicio doméstico no registrado; 4) asalariados cuya principal fuente de ingreso declarado se corresponde con   ingresos provenientes de 'subsidios del gobierno', lo que incluye montos percibidos en calidad de titulares de programas de empleo; y 5) trabajadores familiares sin remuneración no profesionales. De manera adicional, aplican un filtro para incluir sólo a quienes tuvieran un nivel de ingresos igual o inferior a 1,5 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) del período.

A partir de dicha medición, para el IV Trimestre del año 2020, se estimaba un universo de 4.278.751 personas en la economía popular, que representan el 33,1% de la PEA (población económicamente activa) y que se compone de los siguientes grupos: 2.277.902 cuentapropistas no profesionales, 305.029 desocupados no profesionales, 302.022 trabajadores de servicio doméstico no registrado, 1.333.055 asalariados que perciben ingresos mayoritariamente por transferencias del Estado, y 60.743 trabajadores familiares sin remuneración, no profesionales.

El escenario actual y esta complejidad del mundo del trabajo nos plantea el desafío de pensar una transición hacia un sistema de protección social menos fragmentado y más solidario. En primer lugar, se precisa retomar una senda de crecimiento y de producción que implique un incremento y diversificación de nuestra matriz productiva. En segundo lugar, se precisa que ese crecimiento vaya de la mano de la creación de empleo, por lo que es necesario diseñar políticas públicas de promoción del empleo que coloquen a quienes trabajan en el ámbito de la integración social. Así, en necesario pasar de los programas de transferencias de emergencia a una estrategia de política laboral más integral, de mediano y largo plazo, a fin de recuperar la centralidad que el trabajo formal ha tenido históricamente tanto en la integración como en la protección social.

La experiencia y las lecciones aprendidas en estos últimos años, en los cuales se implementaron acciones que buscaron promover el empleo y combatir la precariedad laboral a partir de la crisis de empleo de mediados de los noventa, puede ser el punto de partida para diseñar políticas de Estado que acompañen, regulen y mejoren las condiciones de trabajo e ingresos. Políticas que permitan optimizar la importante inversión pública que se viene realizando, elaborando nuevas estrategias de intervención, que articulen la inversión estatal y privada y la participación de diferentes actores desde una perspectiva de desarrollo local y sectorial, y logren transformar los ingresos precarios e inestables en un trabajo con acceso a derechos laborales y de protección social. Se trata entonces de habilitar en el marco de la pospandemia un ciclo de crecimiento inclusivo y distributivo que, bajo esta perspectiva incremental, permita que las políticas impulsen y acompañen las dinámicas generadoras de empleo y bienestar para el conjunto de la sociedad.

En el recorrido de los últimos treinta años, las políticas sociales han tendido a considerarse como dispositivos transitorios bajo la expectativa de que los procesos de crecimiento económico traccionarían los planes en empleo genuino, lo que se ha verificado que sólo ocurre muy marginalmente y que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para cimentar el desarrollo de nuestra sociedad.

El desafío es entonces proponer qué tipo de inversión estatal y privada puede ser eficiente en un contexto como el actual, caracterizado por los efectos de la globalización económica, las dificultades estructurales y la heterogeneidad de la Argentina, las diferencias en torno a los modelos de desarrollo concebidos y también por las respuestas de los colectivos que durante estos años han hecho frente al crecimiento de la precariedad laboral.
  
En una actualidad signada por los efectos de una pandemia global sumada a un proceso de desigualdad creciente en el que conviven la informalidad económica y laboral con la pobreza, el desafío es plantear un esquema de desarrollo (o diferentes esquemas de desarrollo) que contemplen las ventajas comparativas de los territorios y las ventajas competitivas de sectores económicos del país integrados a la diversidad cultural, geográfica y poblacional, en un proceso de construcción de abajo hacia arriba para una integración social fundada en el 'empleo genuino'.

Nuestro país cuenta con ventajas comparativas muy importantes, en términos de recursos naturales, pero también ha sabido construir algunas ventajas competitivas a través del desarrollo de capacidades tecnológicas, productivas, logísticas y asociativas.

En este sentido, es posible plantear que los desafíos del desarrollo en esta etapa se vinculan principalmente con conceptos vinculados al desarrollo local, clusters y agrupamientos productivos similares, y sistemas regionales de innovación. Si bien existen intentos de construir planes de desarrollo a largo plazo, la postura más extendida a nivel mundial se orienta a programas centrados en determinadas regiones que permitan aprovechar la combinación entre ventajas comparativas y competitivas que ofrece cada geografía. Además, si reconocemos la heterogeneidad de suelos, climas, culturas, e infraestructura de nuestro territorio es necesario admitir que la regionalización no es tan sencilla de construir y que los límites jurisdiccionales formales no siempre son útiles para trazar políticas de desarrollo. Es desde esta perspectiva que se incorpora el concepto de cluster, en tanto redes empresariales, polos productivos, parques industriales y figuras similares -que pueden existir de hecho o por voluntad explícita- a los ámbitos locales y regionales que cooperan en la producción de un determinado bien o servicio. Lo que señala la existencia de la cadena es el tipo de bien o servicio que se pretenda impulsar y potenciar en términos de crecimiento inclusivo. Así, esta identificación permite organizar la inversión pública y privada, pero también orientar los esfuerzos de producción de conocimiento, dando lugar a sistemas regionales de innovación.

Un disparador posible puede consistir en la concepción de políticas vinculadas al desarrollo local y/o regional bajo algunas de las siguientes premisas u otras que se consideren claves: provisión y compre nacional/regional/local en el marco de un proceso de sustitución de importaciones adaptado a la escala prevista, desarrollo de nuevas actividades que recombinen en forma eficiente las ventajas competitivas y comparativas locales aún no explotadas, y la creación de cadenas de valor en las producciones regionales con aporte de conocimiento y sustentabilidad ambiental, de manera que la creación de empleo genuino surja asociada a una matriz socioproductiva y territorial renovada.

Esa puede ser la clave de un nuevo circuito virtuoso que promueva la creación de empleo genuino a partir del fomento del desarrollo local, reorientando la inversión pública en términos de inserción social y fomentando la inversión privada.
  
3. Objetivos de la Convocatoria:

Objetivo General

El objetivo de la presente Convocatoria consiste en:

Retroalimentar el diseño de políticas públicas dirigidas a poblaciones definidas como vulnerables en términos de su acceso al empleo reorientando los programas de transferencia de ingresos, optimizando la inversión estatal y ofreciendo alternativas de empleo con eje en las capacidades productivas territoriales.

Propósito

En función de los objetivos establecidos, a través de la Convocatoria, se propone identificar oportunidades de creación de empleos en términos de desarrollo local y/o regional en micro, pequeñas y medianas empresas y/o emprendimientos o unidades asociativas de diversos sectores económicos. Estas oportunidades surgirán de una amplia convocatoria a actores del mundo de la producción y el trabajo, universidades y gobiernos locales para la presentación de ideas/proyectos que permitan abordar el desafío de la integración social en su complejidad, considerando sus diferentes aristas (económicas, sociales y culturales).

Finalidad

De acuerdo a los objetivos y propósitos enunciados, a través de la Convocatoria, se espera:

Concebir propuestas de políticas públicas que puedan articular, en un proceso de escalamiento progresivo, las diferentes dinámicas económicas y sociales (locales y regionales) que permitan crear empleos genuinos para poblaciones privadas del acceso a derechos sociales.

4. Condiciones Generales

En el diseño de las propuestas de políticas públicas se deberá contemplar la inclusión de los
aspectos que se detallan a continuación, los cuales contienen preguntas a modo de orientación para la formulación:

a) Estrategia: explicar en detalle cuál es la estrategia de política pública, acciones e instrumentos elegidos para reducir la informalidad de ciertos grupos de trabajadores/as y reorientar de manera progresiva los programas de transferencia de ingresos destinados desde una perspectiva de desarrollo territorial y sectorial. Preguntas orientadoras que podemos hacernos tienen que ver con las siguientes: ¿Qué tipo de política pública se propone?; ¿Cuáles son los objetivos?; ¿Qué modalidades de incorporación laboral o de apoyo a formas de asociativismo se proponen para la protección social y el resguardo de los derechos laborales?; ¿Cuál es el impacto fiscal de la propuesta?; ¿Cómo se instrumenta la idea en relación a una cadena productiva específica y las áreas de vacancia que puedan identificarse a partir del diagnóstico?; ¿Cuáles son las ventajas y oportunidades que ofrece el entorno local/regional y se pueden aprovechar?; ¿Qué elementos innovadores puede tener la propuesta?; ¿Qué incentivos son adecuados para la promoción del empleo genuino?; ¿Cuáles son las principales trabas económicas, financieras, fiscales, u otras que impiden la inclusión de trabajadores en unidades productivas que posibiliten el acceso de derechos? ¿Cuáles son los principales obstáculos para la expansión y consolidación de las empresas sociales que caracterizan a la economía popular?, ¿cómo fortalecer esas unidades productivas?

b) Justificación de la propuesta para la política pública: en base a experiencias de políticas, planes o programas de impulso a la generación de trabajo destinadas a personas desocupadas, subocupadas y/o con trabajo no registrado, a nivel nacional, provincial, local y/o sectorial. Se trata de pensar, entre otras cuestiones: ¿qué lecciones aprendimos en estos 30 años en los que se implementaron un abanico de medidas y acciones de fomento del empleo en nuestros territorios o sectores de actividad? ¿Qué estudios o investigaciones realizamos o conocemos que reflejan los resultados de esas medidas, sus aspectos positivos y sus limitaciones, y que permiten sustentar la propuesta a realizar?

c) Impacto en el marco regulatorio: ¿cuál es el marco regulatorio –laboral, previsional, fiscal, otro- en el que se inscribe la idea?; ¿es necesario modificar o reglamentar determinados marcos regulatorios?; ¿alcanzan las herramientas y las instituciones actuales o es necesario generar otras? (como nuevos institutos de trabajo, nuevas figuras societarias, regímenes especiales, etc); en este último caso, ¿qué aspectos deberían contemplarse?

d) Alcance: ¿Cuál es el grupo de trabajadores/as sobre el que se elabora la idea/propuesta, y que tipo de actividades realizan?; ¿Cómo se integran al mercado de trabajo a sectores a grupos que experimentan una mayor exclusión del mismo, como mujeres con hijos/as menores y jóvenes?; ¿Cuál es el alcance territorial de la idea?;

e) Diagnóstico: en este apartado se espera conocer el recorte del problema y su fundamentación en términos de posible abordaje. ¿De qué información disponemos para contextualizar de modo actualizado el problema que queremos abordar desde un perspectiva económica y social?; ¿Qué relación se establece entre la población afectada en la jurisdicción delimitada y el grupo al que espera llegar con la propuesta?

f) Apoyos multisectoriales: ¿Qué tipo de inversión -pública, privada, social o comunitaria- puede ser eficiente en un contexto como el actual, caracterizado por la heterogeneidad de los modelos de desarrollo y también de las respuestas que fueron organizando los diferentes colectivos de trabajadores/as frente a la precariedad laboral?; ¿Cómo se generan condiciones para que en la producción los programas sociales se ponga en valor como trabajo genuino?; ¿Cómo puede reorientarse la inversión estatal para crear/sostener empleos genuinos?; ¿Qué pueden aportar los actores del mundo científico y académico?; ¿Qué tipo de actividades quedan libradas al mercado que deberían garantizarse desde el Estado?; ¿Qué tipo de producción se sostiene con los programas sociales actuales?, ¿qué valor agregado generan en términos económicos, sociales, culturales?, ¿qué articulación se puede establecer entre las políticas de empleo y las políticas de asistencia en la crisis de empleo?; ¿Qué acuerdos institucionales existen o es necesario generar?

g) Resultados esperados: ¿Qué resultados esperamos tener en el mediano y largo plazo si la idea/propuesta se implementara?;¿Qué estrategias y herramientas utilizaríamos para medir dichos resultados? Este apartado comprende también a los sectores de la economía formal que a nivel local puedan reconocer beneficios (no especulativos).

h) Identificación de riesgos: ¿Qué riesgos asociados a la implementación de la idea podemos identificar?; ¿Cuáles serían los riesgos institucionales, físicos, económicos y operativos principales que eventualmente podrían impedir el cumplimiento de los objetivos y/o la implementación? Al respecto se destaca la importancia de reconocer en la idea posibles efectos que puedan alterar progresos ya realizados por las políticas locales y /o los actores.

i) Formación para el trabajo: ¿Qué oportunidades podemos identificar en el ámbito de la formación para el trabajo que enriquezcan la propuesta o idea?; ¿Es factible articular la oferta de formación profesional para achicar las brechas entre las demandas laborales insatisfechas y las personas que quieren trabajar en una empresa, de manera de diseñar propuestas específicas para ello?; ¿Qué podemos hacer para clasificar, capacitar y movilizar a los/as trabajadores?; ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿y los sindicatos? ¿y las instituciones educativas de nivel obligatorio y superior?

j) Disciplinas convocadas: ¿Qué disciplinas (saberes y competencias) se encuentran implicadas (efectiva y/o potencialmente) en el diseño y posterior desarrollo de la propuesta?

5. Participantes y avales

Podrán participar de la convocatoria, de manera individual o conjunta, equipos técnicos y profesionales de:

• Universidades e Institutos Universitarios

• Instituciones que integran el sistema nacional de ciencia y tecnología

• Micro, pequeñas, medianas o grandes empresas nacionales, así como asociaciones de segundo o tercer grado.

• Asociaciones sindicales, de cualquier grado.

• Gobiernos provinciales y gobiernos locales

• Fundaciones y Asociaciones civiles

• Cooperativas y Mutuales

• Organizaciones sociales enmarcadas en algunas de las formas jurídicas anteriores

• Personas públicas no estatales

En caso de presentarse equipos de dos o más instituciones, UNA única institución con personería jurídica asumirá la responsabilidad de la presentación.

Las instituciones (gobiernos locales o provinciales, de tecnología e innovación, asociaciones productivas, sindicatos, asociaciones sociales, cooperativas u otras de las mencionadas) que impulsen y apoyen el desarrollo de la propuesta de política pública, deberán adjuntar una nota que AVALE dicho compromiso.
  
6. Etapas

❖ Pre Inscripción de Ideas

❖ Evaluación

❖ Anuncio y premios

❖ Presentación final

Las fechas de cada etapa serán publicadas en la página web del CES: https://www.argentina.gob.ar/consejo

7. Pre Inscripción de las ideas

Inscripción en línea

En la misma web www.argentina.gob.ar/consejo, en el botón de “Producir Trabajo” encontrará el link al Sistema de Trámites a Distancia (TAD), una propuesta de formulario a partir del cual confeccionar la propuesta, y un instructivo para adjuntar la misma.

Titularidad de las propuestas

La persona jurídica que asume la responsabilidad de la presentación será la encargada de enviar la presentación de la idea o proyecto a la SAE, a través del titular o representante legal de la misma, quien además adjuntará la documentación institucional solicitada. No obstante, en el proyecto deberán consignarse los datos institucionales de otras personas jurídicas que se presentan (en caso que sea más de una), las personas integrantes del equipo que elaboró la propuesta y consignar un/a referente.

El envío de la idea implica que tanto el/la titular o representante legal de la persona jurídica como el/la referente y todos/as los integrantes del equipo aceptan las Bases y Condiciones del Concurso.

Responsabilidades

La persona titular del proyecto presentado se declara única o único responsable ante cualquier reclamo de terceras partes sobre la propiedad intelectual de la idea de política pública diseñada y propuesta, y deslinda de toda responsabilidad a la SAE frente a cualquier tipo de reclamo originado por su presentación. Las y los postulantes se comprometen a respetar las normas legales y éticas que rigen la libre competencia, la propiedad intelectual y las prácticas de libre mercado. En caso que un proyecto con más de una o un integrante, resulte ganador, la SAE no intercederá en potenciales conflictos que pudieren ocasionarse.

Confidencialidad

El concurso es un ámbito natural de publicidad de las políticas públicas propuestas. Las personas participantes deberán tomar los recaudos legales que crean necesarios en resguardo de la confidencialidad de sus ideas en caso que lo consideren necesario. Las personas participantes aceptan que toda la información suministrada como pública dentro de los formularios de inscripción podrá ser divulgada. La SAE se reserva el derecho de mencionar a quienes concursen, sean finalistas y ganen, así como la información pública concerniente a sus postulaciones, en las publicaciones que se pudiesen realizar.

8. Evaluación

Las ideas para políticas públicas serán evaluadas por una Comisión de Evaluación integrada por expertos internacionales, nacionales, representantes de Ministerios Nacionales, representantes de gobiernos provinciales y municipales, el/la director/a General del Programa BID 5084/OC-AR, y consejeros integrantes del CES, de todos los sectores. En la composición del Jurado se tenderá a una representación equitativa en términos de género.

Los/as miembros del Jurado deberán abstenerse de discutir y calificar una propuesta si se encuentra relacionado/a de manera directa con alguna de las instituciones postulantes o si se presentaran conflictos de intereses.

La Comisión evaluará las ideas de políticas públicas, en función de lo previsto en el punto 4 Condiciones Generales de la convocatoria, conforme una grilla para la valoración de los siguientes criterios:

i) Pertinencia, contribución y claridad: claridad en la presentación y grado de correlación de la propuesta de política pública con el enunciado del problema y los objetivos de la Convocatoria. Resultados esperados en el mediano y largo plazo.

ii) Fundamentación: justificación, conocimiento y diagnóstico de la situación local/regional, así como formulación de la justificación de la propuesta en base a antecedentes, estudios y/o lecciones aprendidas.

iii) Cobertura y alcance: grupos de trabajadores/as y sectores de actividad sobre los que se focaliza la propuesta y su importancia en la región/localidad. Se tendrá especialmente en cuenta la inclusión de aquellos/as trabajadores más vulnerables por razones de género, grupo etareo y factores de exclusión.

iv) Estrategia: acciones, mecanismos, instrumentos elegidos para la inserción laboral y la optimización de recursos estatales y no estatales, con miras al desarrollo local a partir de las premisas consignadas.

v) Institucionalidad laboral y previsional: potencialidad de los instrumentos y estrategias propuestas para promover el fomento, la protección social y resguardo de los derechos laborales.

vi) Integración multisectorial: sectores involucrados en la elaboración de política pública propuesta y aportes integradores de los diferentes actores e instituciones que participan del mundo de la producción y el trabajo;

vii) Escalabilidad: posibilidad de ser escalada en otras localidades/regiones o sectores de actividad para las que se propone la idea o proyecto.
 
viii) Viabilidad y factibilidad: viabilidad política, operativa, social, económica factibilidad legal y técnica. Coherencia de la idea/proyecto de diseño de política pública propuesta.

ix) Antecedentes institucionales y profesionales: antecedentes profesionales y académicos de los/as integrantes del equipo y de la institución que presenta la idea. Se valorará especialmente la participación en el equipo de personas con experiencia en el campo laboral, previsional, tributarista, de las ciencias económicas y sociales.

Durante esta etapa de evaluación la Comisión podrá contactar y/o entrevistar al referente indicado en la presentación, a efectos de solicitar aclaraciones o ampliaciones respecto de la idea y de la información presentada.

La Comisión de Evaluación emitirá un dictamen a través de un Acta, conforme un orden de mérito.

9. Anuncio y premios

Conforme el orden de mérito realizado por la Comisión de Evaluación, las 5 mejores ideas de políticas públicas presentadas serán retribuidas a modo de premio con un aporte económico no reembolsable (ANR), para desarrollar con mayor detalle los instrumentos propuestos y avanzar en la elaboración de la propuesta de política pública, de PESOS un millón ($ 1.000.000)

A consideración del jurado, podrá declarar desierto uno o más de los cinco premios o retribuciones previstas como máximo, si considera que las propuestas no reúnen las condiciones mínimas exigidas y aceptables. El resultado de la evaluación es inapelable.

El listado de ideas de políticas públicas definitivamente seleccionadas será publicado en el sitio web oficial una vez finalizada la evaluación. La distinción se abonará en la cuenta bancaria que la institución responsable de la presentación oportunamente informe, una vez que se cumplimente la presentación final y la misma sea aprobada por las autoridades pertinentes, con el acuerdo de la Comisión de Evaluación.

10. Presentación final

Las personas jurídicas cuyas propuestas resultasen seleccionadas tendrán hasta 4 meses a partir de la comunicación fehaciente del resultado para presentar la formulación de la idea/propuesta de política pública completa, conforme el esquema que se informará en el mismo acto que el resultado de la selección. Si este esquema resultara inaceptable para alguno de los seleccionados podrá renunciar a la retribución. El jurado podrá a su criterio reemplazarlo por la propuesta inmediata siguiente en el orden de mérito, siempre y cuando la considere apta para ser financiada.





1) Accetoni Carlos, Consejero del Consejo Económico y Social (CES), DNI 18.055.058

2) Bibini Paula, Consejera del Consejo Económico y Social (CES), DNI 24.691.803

3) Bogani Esteban, DNI 22.066.320

4) Carcar Fabiola, DNI 20.992.342

5) Castillo Marín Luis, DNI 12.642.983

6) Clemente Adriana, DNI 13.256.961

7) Cross Cecilia, DNI 24.378.840

8) Daniele Gisela, DNI 28.723.993

9) Fernández Marcelo, Consejero del Consejo Económico y Social (CES), DNI 14.013.473

10) Gazzoni Veronica, DNI 24.778.590

11) Loaisa Cristina, Consejera del Consejo Económico y Social (CES), DNI 16.471.291

12) López Mourello, Elva, Pasaporte de Naciones Unidas AUNB22229

13) Martins Jose, Consejero del Consejo Económico y Social (CES), DNI 12.270.609

14) Mora Alfonsin, Leandro, DNI 32.737.369

15) Rebon Marcela, DNI 23.176.007

16) Sabbatella Florencia, DNI 24.043.678

17) Veirave Delfina, Consejera del Consejo Económico y Social (CES), DNI 14.606.571

18) Venturi Franca, DNI 22.396.292