(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

La Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) es el documento que establece los lineamientos centrales de la política de Defensa Nacional de la REPÚBLICA ARGENTINA. Estas definiciones determinan la visión y criterios que orientarán la organización, el funcionamiento, la planificación, el desarrollo de capacidades operacionales, el empleo y la administración de los recursos humanos y materiales, conforme las apreciaciones estratégicas de los escenarios global y regional en materia de defensa y su impacto en la seguridad estratégica de la REPÚBLICA ARGENTINA.

La formulación de estos lineamientos exige el análisis de un conjunto de variables que trascienden el ámbito específico de la Defensa Nacional e involucran a otras dependencias del Estado Nacional: las Relaciones Exteriores; la Seguridad Estratégica, la Inteligencia, la Economía, la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, entre otras. Si bien la atención de estas problemáticas excede las competencias del MINISTERIO DE DEFENSA, deben ser adecuadamente evaluadas desde el punto de vista de la Defensa Nacional a fin de considerar su impacto en los intereses fundamentales de la REPÚBLICA ARGENTINA, a saber su soberanía, su capacidad de autodeterminación y su integridad territorial; así como también en relación a sus recursos estratégicos que deben ser preservados para garantizar el desarrollo de la Nación, y la libertad de sus habitantes.

El análisis de las tendencias estratégicas de los escenarios mundial y regional, como así también la evaluación del impacto de estas dinámicas en la promoción de los intereses nacionales, constituyen las bases para la identificación de desafíos, oportunidades, amenazas y riesgos a la Defensa Nacional y la determinación de las necesidades de coordinación entre los organismos del Estado.

Estos escenarios configuran los desafíos prioritarios que deberán ser atendidos por la REPÚBLICA ARGENTINA. Las responsabilidades asignadas al MINISTERIO DE DEFENSA ante cada uno de estos desafíos variarán en función de la naturaleza de los problemas. Mientras que en algunos escenarios el Instrumento Militar cumple un papel protagónico e indelegable, en otros cumple un rol de interacción, coordinación o apoyo a otros entes y/u organismos del Estado. La determinación de los ámbitos de responsabilidad y/o sus funciones constituirán las bases para el diseño de las capacidades militares de la Nación en el corto, mediano y largo plazo.

El PODER EJECUTIVO NACIONAL ha establecido como objetivos prioritarios para la gestión de gobierno la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos. Si bien estos objetivos están bajo la responsabilidad principal de otros Ministerios, en virtud de su naturaleza, la envergadura de los mismos exige la colaboración de todas las áreas del Estado.

El marco normativo vigente contempla entre las modalidades de empleo del Instrumento Militar una serie de responsabilidades, como parte del Sistema de Defensa Nacional o en colaboración con otras áreas del Estado, contribuyentes a dichos objetivos: operaciones en apoyo a la seguridad, de conformidad con la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, operaciones de apoyo a la comunidad y operaciones de apoyo a la política exterior de la Nación. Estas funciones, que complementan la misión principal de las FUERZAS ARMADAS, constituyen una contribución del Instrumento Militar a la concreción de las mencionadas prioridades de gobierno.

Esta contribución no implica desatender las responsabilidades propias del Sistema de Defensa Nacional. Si bien la REPÚBLICA ARGENTINA no percibe amenazas con relación a sus países vecinos, y está plenamente comprometida con la promoción de los valores de la paz y la seguridad internacional, reconoce la incertidumbre del contexto global y la existencia de riesgos. La necesidad de resguardar la soberanía e independencia de la REPUBLICA ARGENTINA, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación, la protección de la vida y la libertad de sus habitantes ante agresiones de origen externo constituyen una función permanente del Sistema de Defensa Nacional. La presente Directiva establece las acciones que deberá desarrollar el Sistema de Defensa Nacional para el cumplimiento de esta misión primaria, lo que contribuirá a sostener las bases necesarias para la prosperidad, la seguridad estratégica y el desarrollo de la REPUBLICA ARGENTINA.

El Instrumento Militar de la Nación afronta limitaciones en materia de organización, despliegue, doctrina, equipamiento, alistamiento y adiestramiento que tornan necesario el impulso de una profunda política de reconversión. Este proceso debe promover el mejoramiento de las capacidades requeridas para la Defensa Nacional, conforme las previsiones estratégicas de corto, mediano y largo plazo. La presente Directiva establece los criterios a partir de los cuales el MINISTERIO DE DEFENSA elaborará los planes de modernización del Instrumento Militar. Los lineamientos presupuestarios conjuntamente con los planes aprobados permitirán sentar las bases para el diseño de un planeamiento de recursos de mediano y largo plazo.


El actual escenario internacional se caracteriza por una creciente complejidad e incertidumbre, producto de la coexistencia de múltiples centros de poder y decisión, así como por la emergencia de nuevos actores que participan en la construcción del orden global. La preeminencia del poder militar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA encuentra de manera creciente un contrapeso en el aumento de las capacidades militares de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y la FEDERACIÓN DE RUSIA, en especial por la manera en que dichas capacidades fortalecen el poder de estas potencias en sus respectivas regiones.

La economía global también registra una mayor diversidad de centros de poder económico emergentes que, al conectar sus sistemas productivos y flujos de inversión con aquellos ya establecidos, como la UNIÓN EUROPEA, el ESTADO DE JAPÓN y los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, refuerzan la interdependencia económico-financiera. La contracara de este proceso se ha manifestado recientemente con el surgimiento de políticas proteccionistas en distintos países que cuestionan los beneficios de la globalización económica.

La superposición de estas tendencias atraviesa la dinámica del orden internacional y marca un contraste con el pasado reciente. Durante décadas, la comunidad internacional promovió la creación de reglas, consensos y acuerdos compartidos que facilitaron la integración económica, el desarrollo de las naciones y la cooperación en beneficio de los Estados. También otorgó previsibilidad al comportamiento estatal, al promover la gestión no violenta de las disputas internacionales. Sin embargo, la fortaleza de este sistema enfrenta desafíos asociados a la creciente autonomía de actores estatales y no estatales de diverso peso relativo y atributos de poder.

La mayor interdependencia entre los Estados, producto de la globalización, no supuso la consolidación definitiva de los acuerdos de gobernanza global. En la actualidad, algunas potencias evalúan que la arquitectura del sistema de seguridad internacional no ofrece las mismas garantías para todos los Estados. Esta caracterización ha promovido el cuestionamiento de los encuadramientos jurídicos que regulan la utilización de la fuerza. Adicionalmente, fenómenos tales como la lenta y desigual recuperación de la economía global, la crisis de refugiados que atraviesa Europa, la propagación del terrorismo extremista en el mundo y el auge de movimientos nacionalistas han añadido mayor complejidad a la cooperación entre los Estados.

El debilitamiento de la predisposición al multilateralismo no es homogéneo ni irreversible. Esta tendencia encuentra como contrapartida la prolífera actividad de diversos mecanismos de vinculación entre las naciones. Ámbitos como

el GRUPO DE LOS 20 (G20) y la ORGANZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) expresan la aún persistente confianza en la utilización de instancias de articulación internacional y gobernanza global. El accionar de estos organismos constituye un factor de peso que balancea la disposición de ciertos actores al unilateralismo, al tiempo que confirma la existencia de tendencias contrapuestas en el escenario internacional.

La redistribución del poder global podría generar situaciones de conflicto. En diversas regiones del mundo, la estabilidad está garantizada por un delicado equilibrio de poder entre las potencias. El Mar del Sur y del Este de China, Europa Oriental y Medio Oriente constituyen escenarios de indudable competencia estratégica. El principal riesgo refiere a la mayor predisposición de algunos Estados a apelar a la resolución de conflictos mediante el uso de la fuerza. Esta tendencia se expresa tanto en actores estatales como aquellos de naturaleza no estatal que, promovidos por otras naciones y/o grupos de poder, cuentan con la capacidad de disputar el monopolio de la violencia estatal.

Adicionalmente, la desconfianza impacta en las políticas internacionales asociadas a los bienes globales comunes, la alta mar, el ciberespacio y el espacio exterior.

En el marco de estos procesos, la disuasión recuperó protagonismo en las políticas de defensa de los Estados. El aumento de la proyección de poder militar y el retorno de la competencia geopolítica ocasionaron que los conflictos armados emerjan nuevamente como una amenaza significativa a la paz y la seguridad internacional. En la actualidad, la disuasión resulta más compleja que en los años de la Guerra Fría. Mientras que en el pasado esta misión estaba asociada al desarrollo y adquisición de capacidades nucleares, las doctrinas militares contemporáneas han extendido el empleo de este concepto al ciberespacio y al espacio exterior.

Las potencias regionales y globales han modernizado sus estrategias de defensa y sus fuerzas armadas. Esta actualización exhibe la creciente integración entre formas tradicionales y no tradicionales de agresión e influencia. Estas últimas refieren a acciones no militares dirigidas a desestabilizar a la población y los gobiernos de las naciones adversarias. Los beligerantes combinan instrumentos políticos, diplomáticos, informativos, ciberespaciales, militares y económicos. La diseminación masiva de información falsa y el reemplazo de las tropas regulares por organizaciones irregulares o empresas militares privadas configuran algunas de las tendencias propias de la última década. Algunos Estados apelan a estas tácticas para promover sus intereses en regiones ajenas a sus espacios soberanos. Como corolario, los conflictos armados actuales ocurren crecientemente por debajo del umbral de la violencia militar directa y en los márgenes del derecho internacional.

Los procesos de modernización militar priorizan el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, de vigilancia y control de los espacios, el fortalecimiento del accionar militar conjunto, la flexibilidad e interoperabilidad de medios y el despliegue rápido de elementos en el territorio.

Estas concepciones militares exigen una creciente integración operativa de los esfuerzos de guerra. Los Estados también promueven elevar la eficiencia de sus instrumentos militares mediante procesos integrales de restructuración, la racionalización, la integración y la desburocratización de sus estructuras. Las Fuerzas Armadas del siglo XXI se constituyen como organizaciones flexibles con un fuerte componente tecnológico, en contraste con las organizaciones militares del siglo XX. También han incorporado al ciberespacio y al espacio exterior como ámbitos de interés en un marco de interdependencia tecnológica, lo cual obliga a atender los fenómenos que se desarrollan en estos ámbitos.

La mayor competencia interestatal convive con problemáticas de seguridad que afectan transversalmente a todas las naciones del mundo. La proliferación de armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como de las tecnologías misilísticas que permiten su proyección, constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional. El incremento del número de países con acceso a este tipo de tecnología armamentística, la sucesión de ensayos nucleares y los episodios recientes de empleo de armas químicas configuran fenómenos de preocupación en la agenda global.

El terrorismo internacional configura uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información. El abordaje de estos asuntos requiere una estrecha articulación nacional e internacional, que incluya la participación de organismos gubernamentales y de la sociedad civil.

Por otra parte, el desarrollo tecnológico incrementó los riesgos asociados a la militarización del ciberespacio. La disuasión se ha extendido al ámbito cibernético, al tiempo que han surgido nuevos desafíos producto de las tensiones entre una mayor conectividad, la privacidad y los derechos de la ciudadanía. Tanto los Estados como los actores no estatales están desarrollando medios cibernéticos para explotar las vulnerabilidades inherentes a los sistemas de comando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. De igual forma, las redes terroristas explotan el ciberespacio para reclutar miembros, recaudar fondos y difundir su propaganda.

Las amenazas cibernéticas sofisticadas provienen de organizaciones militares y agencias de inteligencia de otros Estados. Si bien los gobiernos tecnológicamente avanzados explotan sus ventajas comparativas con relación al resto de los países, el despliegue de operaciones disruptivas en el ciberespacio también está al alcance de las naciones menos desarrolladas. El abordaje de esta problemática desde la perspectiva de la Defensa Nacional requiere adoptar medidas y acciones tendientes a resguardar la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas del Sistema de Defensa Nacional y de aquellas que sean designadas para su preservación, independientemente del origen de la agresión.

Finalmente, el aumento de la frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos ha producido crisis humanitarias en todas las regiones del mundo. Las consecuencias del cambio climático se manifiestan en los planos sanitario, social, económico y geopolítico. La degradación del medio ambiente incrementó la competencia por el control de los recursos naturales estratégicos y de las cadenas de suministro, provocando inestabilidad en las naciones productoras y consumidoras. La magnitud de los desastres naturales también representa un desafío para las Fuerzas Armadas, cuyas capacidades logísticas y operativas las convierten en instrumentos propicios para la prevención, respuesta rápida, mitigación temprana y, eventualmente, recuperación de los efectos de este tipo de emergencia.


En el siglo XXI, América del Sur ha logrado consolidarse como una zona de paz, caracterizada por la ausencia de conflictos interestatales, el respeto de los Derechos Humanos y la promoción del sistema democrático de gobierno. Los países de la región exhiben un elevado compromiso con la resolución de controversias en el marco del Derecho Internacional, principalmente en el ámbito de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). En el plano hemisférico, la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) constituye un ámbito de diálogo que promueve activamente la resolución diplomática de los conflictos, como así también la creación de nuevas instancias de cooperación. La Argentina participa activamente en el MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) a partir del cual ha promovido el acercamiento a la ALIANZA DEL PACÍFICO.

Este desarrollo histórico se ha visto deteriorado significativamente en los últimos años producto de la crisis que atraviesa la REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA. El gobierno venezolano persiste en sus esfuerzos por consolidar un régimen autoritario que viola de manera sistemática las libertades fundamentales y los derechos políticos de sus ciudadanos. La crisis política, humanitaria, social y sanitaria que atraviesa la REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA atenta

contra la consolidación de la zona de paz sudamericana, dado que afecta negativamente la estabilidad de la región, especialmente la de los países vecinos.

Estos últimos enfrentan un creciente flujo de refugiados que impacta sobre las economías limítrofes; generando condiciones propicias para la criminalidad organizada y el narcotráfico, y produciendo un efecto derrame hacia el resto de la región que debilita su gobernanza.

Pese a la situación excepcional que representa la crisis venezolana, en las últimas décadas los países de América Latina exhibieron una notable capacidad para administrar sus diferendos, incluso aquellos asociados a cuestiones limítrofes y/o territoriales, mediante mecanismos e instancias diplomáticas. Esta disposición colaborativa se ha visto afianzada por la proliferación de medidas de confianza mutua y de esquemas de cooperación militar, tanto a nivel hemisférico como regional y subregional. Este compromiso se ha traducido en una baja probabilidad a futuro de ocurrencia de conflictos militares interestatales.

América del Sur se caracteriza por ser una de las zonas del mundo con menor gasto militar. La región representa apenas el 3,3% del gasto global en defensa. Aun cuando algunos Estados de la región incrementaron la inversión en equipamiento militar a lo largo de la última década, en particular, la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la REPÚBLICA DEL PERÚ y la REPÚBLICA DE CHILE, este crecimiento no ha estado asociado a una política de balance de poder, sino más bien a procesos de modernización y renovación de medios. El contexto de paz interestatal regional explica que estas compras de armamento no hayan sido percibidas como una amenaza por el resto de los países suramericanos.

La adhesión de América Latina al derecho internacional también se traduce en el compromiso con la no proliferación y los usos pacíficos de la energía nuclear. En concordancia con los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional para la regulación de esta problemática en el marco del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), los países de la región han suscripto el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco, TT). El compromiso asumido por los Estados Parte es simétrico.

La renuncia a las armas nucleares es general y todos los países se someten a un régimen de verificación a cargo del ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA). La AGENCIA BRASILEÑO-ARGENTINA PARA LA CONTABILIDAD Y CONTROL DE MATERIALES NUCLEARES (ABACC) desempeña un rol clave en la promoción de la confianza mutua, la transparencia y la previsibilidad en la relación con la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, así como en la estabilidad regional.

El ejercicio de la soberanía con relación a la preservación, control, uso y/o explotación de los recursos naturales constituye un interés estratégico de los países de América del Sur y de la REPÚBLICA ARGENTINA en particular. La región representa el 6% de la población global y posee el 17,6% de los recursos hídricos mundiales. América del Sur también es rica en recursos alimenticios y cuenta con el 25% de las tierras agrocultivables del planeta. Esta distribución desigual de recursos exhibe que su resguardo adquirirá una complejidad creciente. El aumento de la demanda de hidrocarburos, minerales estratégicos, alimentos y agua dulce configura
una problemática geopolítica de relevancia creciente. El cambio climático incrementó las disputas por el acceso, control y aprovechamiento de los recursos renovables o escasos. Las pujas producen inestabilidad política en países productores, oscilaciones en los precios internacionales y tensiones por el control de las rutas de suministro.

La ausencia de conflictos militares en la región se contrapone con el aumento de problemáticas de seguridad transnacional. La dinámica de estos desafíos no es homogénea, sino que varía en función de las particularidades geográficas, políticas, sociales y económicas de los Estados. No obstante, estos desafíos se presentan crecientemente interconectados. Las organizaciones criminales participan de múltiples actividades delictivas, tales como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas y eventualmente terrorismo. El carácter transfronterizo de estos fenómenos exige una mayor cooperación internacional, sin desconocer el modo en que estas problemáticas se manifiestan en el plano local. Esta situación también exhibe la importancia de fortalecer la coordinación entre el MINISTERIO DE DEFENSA y otros organismos del Estado.

El tráfico de drogas ilícitas configura una de las principales problemáticas de seguridad trasnacional que afecta la región. La permeabilidad de las fronteras, los vínculos con otras organizaciones del crimen organizado, la corrupción de los órganos de control gubernamental y las deficiencias de los sistemas de justicia penal han contribuido a la expansión del tráfico de drogas en América Latina. En los últimos años, este fenómeno ha promovido una revisión permanente de las políticas estatales dirigidas a atender la problemática del tráfico de drogas. Las estrategias de lucha contra el narcotráfico son un objeto de debate en la región, particularmente en lo que respecta al modo en que debe abordarse el conflicto y a las agencias que deben intervenir en la prevención, conjuración e investigación de este fenómeno delictivo.

En lo que respecta al terrorismo internacional, la REPÚBLICA ARGENTINA ha conocido el impacto de este flagelo en ocasión de los atentados perpetrados contra la Embajada del ESTADO DE ISRAEL y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en los años 1992 y 1994.

En la actualidad, nuestra región no representaría un escenario de alta prioridad para la proyección y acción directa de organizaciones terroristas, en especial de aquellas asociadas al extremismo islámico. Sin embargo, los países de América del Sur colaboran estrechamente en el control de zonas calientes y puntos críticos; entre ellas la Triple Frontera entre la REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL y la REPÚBLICA DEL PARAGUAY. La principal preocupación de seguridad en esta zona fronteriza refiere a los flujos de financiamiento para organizaciones vinculadas al terrorismo islámico, o bien en su rol como escala de tránsito y entrenamiento de células terroristas.

Pese a la baja probabilidad de atentados terroristas en América del Sur, aún persisten en la región organizaciones políticas que han apelado a este tipo de tácticas en el pasado. El acuerdo de paz y la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) podrían constituir un antecedente histórico que facilitaría la desarticulación definitiva de este tipo de organizaciones.

Sin embargo, este proceso de desmovilización también podría generar efectos adversos en la seguridad regional, en tanto impulsaría luchas entre grupos armados ligados al narcotráfico por el control del territorio y de las rutas de abastecimiento.

Por último, se advierte que el tráfico internacional de armas ligeras y pequeñas configura una de las problemáticas de mayor peso a nivel regional. En el plano global, la amplia mayoría de los conflictos armados en curso se desarrollan mediante el empleo de este tipo de armamento. En lo que respecta a la región, el tráfico de este tipo de armamento no está asociado a conflictos armados sino a los fenómenos del crimen organizado y el narcotráfico. En este marco, deviene fundamental profundizar la cooperación regional destinada a regular y controlar la circulación de este tipo de armamento, a fin de evitar la proliferación de mercados ilícitos.


La REPÚBLICA ARGENTINA no transita procesos competitivos con otros Estados que deriven en una probabilidad y/o voluntad de daño a través de amenazas militares directas. Nuestro país sostiene una estrategia cooperativa en los ámbitos vecinal, regional y global. En conformidad con su compromiso con la consolidación de América del Sur como zona de paz, la REPÚBLICA ARGENTINA proyecta un posicionamiento estratégico defensivo y adhiere plenamente a los principios de resolución pacífica de controversias, no intervención en los asuntos internos de otros Estados y respeto irrestricto de las normas del derecho internacional, los tratados multilaterales y los mecanismos de cooperación interestatal.

La falta de identificación de amenazas convencionales directas no implica que la REPÚBLICA ARGENTINA carezca de riesgos y desafíos para la Defensa Nacional. A diferencia de las amenazas -en las que se aprecian indicios de una voluntad de daño -, los riesgos constituyen situaciones cuya probable evolución podría afectar los intereses nacionales en materia de Defensa. Esta afectación puede responder a la explotación de vulnerabilidades propias, en particular las relacionadas a la vigilancia y control de los espacios soberanos, o al condicionamiento de la postura estratégica de la Nación en la arena internacional. Los desafíos, por su parte, configuran fenómenos que, sin apreciarse como problemas específicamente militares, podrían suscitar la emergencia de conflictos interestatales, provocar situaciones de inestabilidad o la aparición de nuevos riesgos.


En un contexto global atravesado por el aumento de la demanda de recursos estratégicos, la degradación del medio ambiente y el crecimiento de las tensiones geopolíticas por el control de áreas estratégicas, el resguardo de la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación configura una problemática de interés creciente. El Estado debe fortalecer su capacidad de ejercer una vigilancia y control efectivo sobre los espacios geográficos con reservas de recursos estratégicos. El Sistema de Defensa Nacional debe cumplir un rol clave en la preservación de este interés soberano, de conformidad con los lineamientos estratégicos de la política exterior argentina, particularmente en lo que respecta a la cooperación internacional.

b. Ataques externos a objetivos estratégicos

Las tendencias vinculadas a la transformación de las formas de la guerra y la combinación de formas tradicionales y no tradicionales de agresión representan un riesgo para los objetivos estratégicos de la Nación. La proliferación de este riesgo tiene un claro protagonismo en la agenda internacional y afecta la seguridad de todos los Estados del mundo. En este marco, la ocurrencia de un ataque contra los objetivos estratégicos de la REPÚBLICA ARGENTINA configura un problema de alto impacto potencial para la Defensa Nacional.

El Sistema de Defensa Nacional debe planificar y proteger los objetivos estratégicos que puedan ser objeto de una agresión de origen externo.

También se debe contemplar la protección de los ciudadanos argentinos y bienes nacionales en terceros países, aguas y espacios aéreos internacionales, en el marco de lo dispuesto por el plexo legal vigente, los arreglos del país anfitrión, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La atención de este riesgo debe focalizarse particularmente en aquellas infraestructuras cuyo funcionamiento resulte crítico para el cumplimiento de las funciones vitales del Estado Nacional, su Defensa Nacional, el ejercicio de la soberanía y el resguardo de la vida y la libertad de sus habitantes.

c. Utilización del ciberespacio con fines militares

La consolidación del ciberespacio como un ambiente operacional militar configura una amenaza de interés estratégico para la Defensa Nacional. El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, junto con la extensión global de la conectividad, han convertido al ciberespacio en un ámbito en el que los Estados despliegan operaciones de agresión e influencia sobre las naciones adversarias. La tendencia hacia una mayor competencia estratégica internacional en el ciberespacio ha llevado a numerosos países a desarrollar capacidades cibernéticas de vanguardia, a fin de garantizar la seguridad de sus infraestructuras informáticas críticas o estratégicas.

La REPÚBLICA ARGENTINA debe adecuar sus organizaciones militares al impacto que emerge de estos nuevos riesgos. La política de ciberdefensa debe orientarse a la reducción gradual de las vulnerabilidades que emergen de la informatización de los activos estratégicos de interés para la Defensa Nacional.

Esta tarea debe contemplar la cooperación con otras áreas del Estado que tengan responsabilidad en la política de ciberseguridad nacional.

d. Impacto de la criminalidad transnacional

Las tendencias identificadas en los escenarios global y regional exhiben que la seguridad de los Estados de América del Sur estará crecientemente asociada a la atención de fenómenos de carácter transnacional. La desarticulación de redes delictivas vinculadas al narcotráfico, la piratería, la trata de personas y el contrabando, entre otras actividades ilegales configura un desafío prioritario de las estrategias de seguridad de la región. Por otra parte, la adopción de medidas tendientes a prevenir la expansión del terrorismo transnacional también tendrá un peso significativo en las agendas de seguridad de las naciones de la región.

En la REPÚBLICA ARGENTINA, la responsabilidad primaria de atención de estos fenómenos corresponde a los organismos de seguridad pública e inteligencia nacional y criminal. No obstante, las FUERZAS ARMADAS cuentan con capacidades materiales, infraestructurales y tecnológicas que pueden ser empleadas en apoyo a una estrategia integral de lucha contra estas problemáticas. La participación del Sistema de Defensa Nacional en el diseño, la ejecución y evaluación de dicha estrategia deberá ajustarse a las prescripciones dispuestas en las Leyes N° 23.554 de Defensa Nacional, N° 24.059 de Seguridad Interior, N° 24.543 Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Mar, N° 25.520 de Inteligencia Nacional y N° 26.102 de Seguridad Aeroportuaria.


a. La utilización del espacio exterior con fines militares

Los ingenios espaciales de cobertura global y regional de observación de la tierra, como así también de vigilancia, reconocimiento, comando y control en apoyo a operaciones militares ocupan un rol creciente en la preservación de los intereses estratégicos de los Estados. Esta explotación contribuye a la producción de inteligencia estratégica nacional y apoya los procesos decisorios en materia de Defensa Nacional.

En este marco, el Sistema de Defensa Nacional debe contemplar en forma autónoma la capacidad de acceso a la información generada desde el espacio, en plena conformidad y adecuación con los acuerdos y compromisos internacionales de uso pacífico del espacio exterior suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA.

b. Debilitamiento del multilateralismo

El actual escenario internacional presenta tendencias que obstaculizan la cooperación multilateral. Este contexto podría dificultar la obtención de consensos internacionales dirigidos a abordar de manera conjunta una amplia gama de fuentes de inestabilidad, tales como el cambio climático, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, los cambios demográficos y los fenómenos de la pobreza y la desigualdad. Este escenario representa un desafío para países medianos como la REPÚBLICA ARGENTINA, dado que implica un debilitamiento de los esquemas multilaterales empleados por la Nación para promover sus intereses. También configura un riesgo de interés para la Defensa Nacional, toda vez que el aumento de las tensiones geopolíticas podría derivar en la emergencia de nuevos focos de tensión.

La REPÚBLICA ARGENTINA debe contrarrestar este riesgo propiciando la cooperación con otros Estados, fortaleciendo la integración regional y promoviendo la búsqueda de acuerdos comunes en la arena internacional. El Sistema de Defensa Nacional y las FUERZAS ARMADAS deben contribuir a esta estrategia incrementando su participación en organismos de cooperación en materia de defensa, tanto en el plano global como hemisférico y regional.

Este involucramiento debe considerar como criterio rector los Iineamientos fijados por los intereses de la política exterior de la Nación.

c. El Atlántico Sur y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur

El Atlántico Sur constituye un área de valor estratégico para la REPÚBLICA ARGENTINA en virtud de sus enormes reservas de recursos naturales, por ser vía principal de nuestro comercio internacional, la proyección natural de los intereses nacionales hacia el Continente Antártico y como regulador climático global. La extensión territorial de este espacio plantea un importante desafío para nuestro país en lo referido a su protección y conservación. El reconocimiento a la ampliación de la plataforma continental argentina ha incrementado cuantitativamente el ámbito de actuación del Sistema de Defensa Nacional, conllevando desafíos estratégicos, logísticos y operacionales.

Además del interés asociado a la preservación de sus recursos naturales pesqueros e hidrocarburíferos, la importancia estratégica del Atlántico Sur es fundamental para los intereses nacionales hacia el continente antártico.

La REPÚBLICA ARGENTINA mantiene su reclamo de soberanía sobre las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SÁNDWICH DEL SUR y sus espacios marítimos e insulares. La reciente mejora en la relación con el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE contribuye al logro de este objetivo nacional irrenunciable, ya que favorece un espacio de oportunidad para incrementar la cooperación bilateral y promueve el interés nacional de preservar y explotar los recursos naturales allí existentes.


El presente capítulo tiene como objetivo establecer los parámetros que orientarán la reforma del Instrumento Militar de la Nación en lo que respecta a su organización, doctrina, adiestramiento, planeamiento estratégico, despliegue, capacitación, administración y empleo de los recursos humanos y materiales. También se establecen criterios relativos a la modernización, recuperación y adquisición de material, todo ello para asegurar la plena adecuación del Sistema de Defensa Nacional a los desafíos estratégicos emergentes de los escenarios global, regional y nacional, y a las restricciones existentes.

Las transformaciones acaecidas en los escenarios global, regional y su impacto en la seguridad estratégica de la Nación plantean desafíos significativos para el Sistema de Defensa argentino. Estas mutaciones exigen la actualización del despliegue territorial, la doctrina y la estructura organizacional del Instrumento Militar, a fin de asegurar que dicho componente militar cuente con la capacidad de atender las necesidades de esta política sectorial en el corto, mediano y largo plazo.

La misión primaria del Sistema de Defensa Nacional consiste en asegurar la defensa nacional ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Abarca también la protección de los ciudadanos argentinos y bienes nacionales en terceros países, aguas y espacios aéreos internacionales.

La misión de las FUERZAS ARMADAS, Instrumento Militar del Sistema de Defensa Nacional, consiste en alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas por el plexo legal vigente, a efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar.

I.Operaciones militares

El Instrumento Militar será empleado de forma disuasiva o efectiva ante conflictos originados por agresiones de origen externo contra espacios de jurisdicción nacional, la soberanía, la integridad territorial, la capacidad deautodeterminación de la REPÚBLICA ARGENTINA y la vida y libertad de sus habitantes, o ante cualquier forma de agresión contemplada en la Carta de las Naciones Unidas, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley N° 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas.

En cumplimiento de esta función, el Instrumento Militar de la Nación priorizará, en tiempo de paz, el desarrollo de los siguientes tipos de operaciones:

1. Vigilancia y control de los espacios soberanos

2. Protección de Objetivos Estratégicos

3. Apoyo a la Política Exterior

4. Apoyo al Sistema de Seguridad Interior

5. Apoyo a la Comunidad

6. Apoyo a la generación de conocimiento científico

1. Vigilancia y control de los espacios soberanos

El Sistema de Defensa Nacional debe cumplir un rol clave, en estadios de paz y crisis, en la vigilancia, control y preservación, según corresponda, del espacio marítimo insular y fluvial, aeroespacial, ciberespacial, espacial y terrestre.

a) Vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales. En el marco de las acciones dirigidas a asegurar la soberanía sobre los espacios marítimos, el MINISTERIO DE DEFENSA, en el marco de su competencia, deberá elaborar una propuesta de Sistema de Vigilancia y Control de los Espacios Marítimos (SINVYCEM) dirigido a fortalecer las capacidades de alerta estratégica en dichos espacios de jurisdicción.

b) Vigilancia y control aeroespacial. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá fortalecer las capacidades destinadas a controlar los movimientos en el espacio aéreo de jurisdicción nacional de la REPÚBLICA ARGENTINA, en el marco del cumplimiento de las tareas de Defensa Aeroespacial, ejercer el control del tránsito aéreo irregular, contribuir al incremento de la seguridad del movimiento aeroespacial en el ámbito nacional y al cumplimiento con los compromisos internacionales vigentes en la materia.

c) Vigilancia del espacio terrestre. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá fortalecer su capacidad de ejercer una vigilancia efectiva de los espacios terrestres de interés, como así también en lo que respecta a la protección de los objetivos estratégicos de la REPÚBLICA ARGENTINA en materia de Defensa Nacional.

d) Vigilancia y control del ciberespacio. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá fortalecer las capacidades de vigilancia y control del ciberespacio a fin de anticipar y prevenir ciberataques y ciberexplotación de las redes nacionales que puedan afectar el Sistema de Defensa Nacional, como así también acciones contra la infraestructura crítica del país o que posibiliten el acceso a los activos digitales estratégicos adjudicados a su custodia.

El MINISTERIO DE DEFENSA será el responsable de conducir y establecer los lineamientos y prioridades de nivel operacional para garantizar la seguridad de los activos digitales e infraestructuras informáticas críticas de la Defensa Nacional y de aquellos que les asigne el PODER EJECUTIVO NACIONAL en contribución a la seguridad estratégica de la Nación.

2. Protección de Objetivos Estratégicos

El MINISTERIO DE DEFENSA incluirá como parte del planeamiento estratégico militar, el adiestramiento y la adquisición de bienes para la protección de los objetivos estratégicos asignados a su custodia.

Las FUERZAS ARMADAS deberán contar con las capacidades humanas, materiales y tecnológicas requeridas para el cumplimiento de esta responsabilidad, lo que implicará contar con unidades militares especializadas y la elaboración de los protocolos de actuación correspondientes.

3. Apoyo a la política exterior

Las FUERZAS ARMADAS constituyen una herramienta fundamental para la proyección de los intereses de la política exterior de la REPÚBLICA ARGENTINA. En este marco, el MINISTERIO DE DEFENSA priorizará las siguientes funciones institucionales en lo que respecta al apoyo del sistema de defensa a los intereses de seguridad internacional de la Nación.

a. La participación del Instrumento Militar en operaciones de paz en el marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) continuará siendo una de las prioridades estratégicas de la política de Defensa Nacional. En este marco, el MINISTERIO DE DEFENSA incrementará la participación en estas operaciones, como así también los esfuerzos destinados al alistamiento y la operatividad de la Fuerza de Paz Argentino-Chilena 'Cruz del Sur'.

b. El incremento de la participación en los organismos multilaterales en materia de defensa, principalmente en el marco de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), así como también en otras instancias de cooperación regional, hemisférica e internacional.

c. El involucramiento activo en ejercicios y adiestramientos militares combinados con las Fuerzas Armadas de países aliados y amigos, conforme las prioridades estratégicas definidas por la política exterior argentina.

d. El desarrollo de la cooperación militar regional tendiente a la integración de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de los mecanismos de construcción de confianza existentes en el Cono Sur de América del Sur.

e. El apoyo a los intereses de la política antártica de la REPÚBLICA ARGENTINA. La participación de las FUERZAS ARMADAS en la planificación, dirección y ejecución de la actividad logística antártica, bajo la conducción del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS a través del COMANDO CONJUNTO ANTÁRTICO, se efectuará de acuerdo a lo oportunamente establecido en la Ley N° 15.802 de ratificación del Tratado Antártico. Este compromiso deviene fundamental en el marco del sostenimiento y pretensiones soberanas del país en el Sector Antártico Argentino. El MINISTERIO DE DEFENSA, en coordinación con las áreas competentes del Estado Nacional, deberá poner a consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL un plan de modernización de la logística antártica, en concordancia con los intereses de la política antártica nacional.

f. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá elaborar un plan de racionalización del despliegue de las agregadurías militares, en concordancia con los objetivos de la política exterior de la REPÚBLICA ARGENTINA.

4. Apoyo al Sistema de Seguridad Interior

El MINISTERIO DE DEFENSA deberá adoptar medidas tendientes a fortalecer las tareas de apoyo que desarrolla el Instrumento Militar con el Sistema de Seguridad Interior, de conformidad con lo dispuesto por las Leyes N° 23.554 de Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior. En este marco, se priorizarán las siguientes funciones:

a. Apoyo logístico en las zonas de frontera. El fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control fronterizo en los ámbitos terrestre, marítimo, fluvial y aéreo constituye un objetivo prioritario del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Las FUERZAS ARMADAS contribuirán a esta función a través de tareas de apoyo logístico a requerimiento de las operaciones desplegadas bajo la conducción del Sistema de Seguridad Interior, en el marco de lo prescripto por la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá diseñar, a requerimiento del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los mecanismos institucionales y operacionales que resulten necesarios para asegurar una adecuada sinergia con las fuerzas de seguridad desplegadas en las regiones fronterizas de interés definidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

b. Protección de eventos de interés estratégico. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá incluir como criterio para el planeamiento estratégico la prevención y disuasión de eventuales agresiones de origen externo que pudieran poner en riesgo la seguridad de aquellos eventos definidos como de interés estratégico por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. El MINISTERIO DE DEFENSA, en coordinación con el MINISTERIO DE SEGURIDAD, será responsable de formular las reglas de empeñamiento y los mecanismos de articulación institucional que resulten necesarios para el cumplimiento de esta función.

5. Apoyo a la comunidad ante desastres naturales o emergencias

Las características geográficas, climáticas, meteorológicas, geológicas y demográficas de la REPÚBLICA ARGENTINA ocasionan que numerosas regiones y localidades se encuentren afectadas por desastres naturales o antrópicos. El MINISTERIO DE DEFENSA planificará, el desarrollo a requerimiento, de tareas de asistencia a la comunidad ante emergencias, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

6. Operaciones de apoyo a la generación de conocimiento científico

El MINISTERIO DE DEFENSA contribuirá a las actividades de relevamiento de información sobre el Mar Argentino, los recursos naturales disponibles y la situación de las áreas marinas protegidas de la REPÚBLICA ARGENTINA. El desarrollo de esta responsabilidad tiene en cuenta el ejercicio pleno de la soberanía Nacional hasta la milla 350 en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) sobre el Derecho del Mar.

II. Instrucciones para la Reforma del Sistema de Defensa Nacional

El MINISTERIO DE DEFENSA deberá proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL un plan para reformar el Instrumento Militar de la Nación a fin de recuperar la capacidad de cumplir su misión principal, considerando la situación operativa actual, las restricciones fiscales y el cambio en el contexto estratégico. Esta propuesta asignará prioridad a la eficiencia y flexibilidad en el planeamiento del desarrollo del Instrumento Militar de la Nación.

Las organizaciones y capacidades del Sistema de Defensa Nacional no involucradas en tareas prioritarias y responsabilidades en tiempo de paz deberán reducir sus estructuras de personal. Dichas organizaciones deberán mantener, actualizar y desarrollar el conocimiento necesario para desempeñar sus funciones en tiempos de paz con un mínimo de personal altamente capacitado, al óptimo nivel de alistamiento. Asimismo, frente a situaciones de crisis o cambios en el contexto estratégico, deberán contar con la capacidad de incrementar su tamaño mediante la incorporación planificada de reservas.

1. Despliegue militar

El plan de reestructuración del Instrumento Militar adecuará el despliegue territorial a las necesidades de la actual coyuntura estratégica y las exigencias de su preparación para el empleo, abandonando el criterio de 'ocupación territorial'. Asignará prioridad al alistamiento de organizaciones operativas completas y a la eficiencia del funcionamiento de las guarniciones, con el propósito de incrementar el alistamiento, flexibilidad, movilidad y capacidad de despliegue. La concentración de unidades de maniobra con sus apoyos considerará la cercanía a campos de adiestramiento, las características del ambiente geográfico para su potencial empleo y la disponibilidad de facilidades logísticas para sostener su funcionamiento.

El despliegue del Instrumento Militar contemplará la eventual conformación de Unidades Conjuntas sobre la base de criterios de eficiencia operativa, logística y presupuestaria; previendo la eliminación de estructuras que puedan producir superposiciones y/o sean instancias burocráticas de los elementos dependientes, de manera de simplificar la cadena de comando.

El MINISTERIO DE DEFENSA deberá elevar para consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL un listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la Defensa Nacional. Las propuestas de cierre y/o apertura de instalaciones militares deberán ser acompañadas de un diagnóstico relativo a su impacto.

2. Accionar militar conjunto

La acción militar conjunta deberá entenderse como único modelo de accionar militar integrado, incluso en aquellos casos en los que, por el ámbito en que ésta se desarrolle y/o por las características propias de la operación en cuestión, la misma deba ser ejecutada por elementos significativos de una fuerza específica.

El ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS deberá elevar, para su consideración por parte del MINISTERIO DE DEFENSA, los planes que estime necesarios para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a. Fortalecimiento de la arquitectura del Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR) de los niveles Estratégico Militar, Operacional y Táctico.

b. Reestructuración del Poder Aeroespacial del Instrumento Militar, conforme las prioridades estratégicas del Sistema de Defensa Nacional.

c. Desarrollo de elementos terrestres, navales y aeroespaciales de carácter modular e integrado para la conformación de Fuerzas de Intervención Rápida.

d. Fortalecimiento de las capacidades de anticipación, disuasión, vigilancia y control de la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas del Sistema de Defensa Nacional

e. Modernización de los sistemas y procesos logísticos a nivel conjunto y específico de las FUERZAS ARMADAS, a fin de contribuir a la eficiencia integral de la estructura de sostenimiento y logística genética del Instrumento Militar.

3. Doctrina militar

El MINISTERIO DE DEFENSA propondrá la actualización de la doctrina militar partiendo de los niveles estratégico y operacional a fin de adecuarla a las transformaciones que han experimentado las operaciones militares. Esta tarea debe contemplar como criterio rector el carácter conjunto de las operaciones militares actuales, como así también la necesidad de fortalecer la interoperabilidad del Instrumento Militar de la Nación con los componentes que integran el Sistema de Defensa Nacional y con otros organismos del Estado, en particular con aquellos elementos del Sistema de Seguridad Interior contemplados en la Ley de Defensa Nacional.

El MINISTERIO DE DEFENSA y las organizaciones de la Jurisdicción adoptarán medidas tendientes a conservar, actualizar y desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para el desarrollo de las operaciones militares previstas.

4. Planeamiento de recursos

En vistas de asegurar que el Sistema de Defensa esté en condiciones de cumplimentar sus funciones específicas, el PODER EJECUTIVO NACIONAL mantendrá un presupuesto militar con relación al Producto Bruto Interno (PBI), conforme las prioridades y exigencias que demanda la evolución del escenario estratégico.

El MINISTERIO DE DEFENSA deberá considerar como criterio rector para el planeamiento de recursos la puesta en marcha de una redistribución interna progresiva del gasto militar, con el objetivo de incrementar los porcentuales presupuestarios destinados a operaciones militares, mantenimiento de medios, formación y adiestramiento, previendo la asignación de recursos específicos destinados al proceso de reconversión del Instrumento Militar e inversiones plurianuales destinadas a la recuperación de capacidades, incorporación de equipamiento y desarrollo tecnológico.

5.Equipamiento

El MINISTERIO DE DEFENSA, deberá elaborar un cuadro de situación permanente del equipamiento militar del Sistema de Defensa Nacional. Este relevamiento tendrá como criterio rector la seguridad de las operaciones y la protección de la vida e integridad física del personal militar. La política de inversiones del MINISTERIO DE DEFENSA se orientará en conformidad con las alternativas previstas en la Ley N° 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas:

a. La recuperación del material fuera de servicio, cuando ello sea factible y aceptable y siempre que mantenga la aptitud necesaria para responder a las capacidades operativas a retener.

b. La modernización del material disponible, cuando resulte apto, factible y aceptable para satisfacer las capacidades operativas previstas.

c. La incorporación de nuevo material, priorizando aquellos equipos que potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la normalización con los existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos.

6.Investigación y Desarrollo

El Sistema de Investigación y Desarrollo de la Defensa, integrado al esfuerzo del Sistema de Investigación y Desarrollo Nacional, privilegiará aquellos desarrollos tecnológicos multiplicadores de las aptitudes operacionales del Instrumento Militar, conforme las operaciones previstas, en las áreas de Ciberdefensa, Alerta Estratégica y Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR).

7. Personal

El MINISTERIO DE DEFENSA elaborará y elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de Ley de Personal Militar que reemplace la Ley N° 19.101 vigente. El desarrollo de esta tarea, que contará con el asesoramiento técnico militar del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS de los ESTADOS MAYORES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS, deberá contemplar la totalidad del ciclo profesional del personal militar. El objetivo rector será incrementar la eficiencia y eficacia de las FUERZAS ARMADAS para cumplir con su misión a través de un nuevo marco normativo organizacional incorporando criterios modernos de gestión de recursos humanos. El proyecto preverá los incentivos necesarios para retener las nuevas generaciones de militares y civiles para la defensa en las modalidades de: personal permanente, incorporado por tiempo determinado y de reserva.

Entre los criterios a considerar en la nueva normativa se tenderá a minimizar los cambios de zona en la política de traslados de personal militar.

Adicionalmente, el MINISTERIO DE DEFENSA deberá avanzar en la formulación de un proyecto de Ley de Reservas.

El MINISTERIO DE DEFENSA elaborará un plan para organizar, capacitar y adiestrar reservistas voluntarios a fin de completar las unidades según lo requiera el planeamiento.

8. Estructura del MINISTERIO DE DEFENSA

En el marco de las medidas adoptadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL con el objetivo de asegurar el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, y de promover acciones orientadas a convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común, el MINISTERIO DE DEFENSA deberá avanzar en la formulación de un plan de modernización institucional dirigido a racionalizar las estructuras administrativas y burocráticas de la jurisdicción. Esta iniciativa considerará como principios rectores la eficiencia, eficacia y calidad en el ejercicio de la conducción política y estratégica del Sistema de Defensa, como así también el diseño de una organización flexible orientada a la gestión por resultados.

9. Estructura de las FUERZAS ARMADAS y del ESTADO MAYOR CONJUNTO

El MINISTERIO DE DEFENSA elaborará con el asesoramiento técnico militar del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS y los ESTADOS MAYORES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS, una propuesta de adecuación de las estructuras orgánicas del EJÉRCITO, de la ARMADA y de la FUERZA AÉREA, así como del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS

ARMADAS. Esta restructuración tendrá como objetivo primario que las FUERZAS ARMADAS estén en condiciones de cumplir su función conforme los criterios de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia institucional. El plan considerará la supresión de comandos intermedios carentes de finalidad práctica, la reducción de las estructuras administrativas de las fuerzas, el fortalecimiento del accionar militar conjunto y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación e información.

10. Inteligencia militar

La incertidumbre y complejidad del escenario estratégico internacional revalorizó el papel de la inteligencia en la toma de decisiones. El MINISTERIO DE DEFENSA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA MILITAR como órgano rector del Sistema de Inteligencia de la Defensa, deberá implementar mecanismos de gestión y control de los organismos de Inteligencia de dicho sistema en los niveles estratégico militar, operacional y táctico.

Esta tarea incluye la orientación, coordinación, dirección, planificación, supervisión, archivo y difusión de las actividades vinculadas al ciclo de producción de inteligencia realizado por los organismos de inteligencia de las FUERZAS ARMADAS, conforme las prioridades estratégicas establecidas por la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA (AFI).

El MINISTERIO DE DEFENSA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA MILITAR, deberá fijar criterios para el control de los mecanismos de selección, incorporación y capacitación del personal de inteligencia de las FUERZAS ARMADAS. Asimismo, intervendrá en el planeamiento presupuestario de los organismos de inteligencia de las FUERZAS ARMADAS.