Bs. As., 13/4/98

VISTO las Leyes 23.660, 23.661, los Decretos Números 576 del 19 de abril de 1993, 558 del 24 de mayo de 1996, 660 del 24 de junio de 1996, 928 del 8 de agosto de 1996, 1615 del 23 de diciembre de 1996 y el Expediente Nº 6/98 del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1º del Decreto 1615/96 se constituye la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD como Organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional en Jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social, con personalidad jurídica y con régimen de autarquía administrativa, económica y financiera, en calidad de ente de supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema del Seguro de Salud;

Que el Decreto Nº 928/96 estableció para un conjunto de organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, entre los que se encontraba la Administración Nacional del Seguro de Salud organismo absorbido por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, conforme el artículo 22 del Decreto 558/96, la obligación de disertar un Plan Estratégico dirigido a orientar su respectivo funcionamiento, formulando un Plan de Transformación;

Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD se encuentra abocada al desarrollo de un plan de Fortalecimiento Institucional que se encuadra en lo establecido en el Decreto 928/96 por el que se impuso la obligación de disertar un PLAN ESTRATEGICO, que esta dirigido a orientar el funcionamiento del nuevo organismo formulando su plan de transformación;

Que los procesos de implementación del Plan Estratégico requieren la designación de los funcionarios que estarán a cargo de las Unidades Gerenciales y Subgerenciales con la indicación de su régimen retributivo el que se establece conforme las responsabilidades de ejecución del referido plan;

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Acción Social ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Unidad de Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público han tomado intervención, expidiéndose en forma favorable;

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1) de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º—Apruébase la Estructura orgánico-funcional de transición de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD — entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL— cuyo Organigrama, objetivos, responsabilidades primarias y acciones obran como Anexos I y II del presente decreto.

Art. 2º—Apruébase el Plan Estratégico de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, que como Anexo III forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3º—Fíjase un plazo de hasta 120 (CIENTO VEINTE) días a partir de la publicación del presente decreto para que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD — entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL — presente ante la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS un esquema de metas presupuestarias e indicadores de gestión y un proyecto de sistema de gestión de recursos humanos por competencias y resultados que refleje los contenidos del Plan Estratégico que por este acto se aprueba.

(Nota Infoleg: por art. 5° del Decreto N° 1576/1998 B.O. 2/2/1999 se prorroga el término de CIENTO VEINTE (120) días el plazo establecido en el presente artículo)

Art. 4º—Facúltase al Superintendente de Servicios de Salud a designar transitoriamente a los funcionarios que tendrán a su cargo las unidades de conducción superior que se aprueban por el presente hasta tanto se apruebe la estructura definitiva, en cuya oportunidad el Superintendente de Servicios de Salud estará facultado a designar, por medio de sistema abierto, a los funcionarios de las unidades de conducción superior.

Art. 5º—En un plazo de hasta 120 (CIENTO VEINTE) días la Superintendencia de Servicios de Salud presentará a la Jefatura de Gabinete de Ministros una propuesta de distribución de la dotación de recursos humanos del Organismo de acuerdo a los requerimientos que surjan del avance del Plan Estratégico.

Art. 6º—Apruébase el régimen retributivo para el personal extraescalafonario de conducción superior de la Superintendencia de Servicios de Salud, el que estará conformado por dos componentes referidos a una suma base fija y a la posición funcional asignada al agente.

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 348/2002 de la Superintendencia de Servicios de Salud B.O. 30/9/2002 se prorroga a partir del 3 de agosto y por el término de TREINTA (30) días la suspensión de los módulos funcionales que el presente Decreto faculta a otorgar al personal extraescalafonario de este Organismo. Prórrogas anteriores: Resolución N° 281/2002 de la Superintendencia de Servicios de Salud B.O. 2/8/2002; Resolución N° 127/2002 de la Superintendencia de Servicios de Salud B.O. 17/4/2002)

Art. 7º—Los cargos extraescalafonarios de conducción superior a que se refiere el artículo anterior, percibirán mensualmente en concepto de suma base fija los sueldos cuyos valores se establecen en el Anexo IV que forma parte integrante del presente decreto.

Art. 8º—El componente referido a la posición funcional será equivalente a la cantidad de Módulos Funcionales que para cada nivel se detallan en el Anexo V del presente decreto. El valor monetario de dicho Modulo será fijado por Resolución Conjunta de los Ministros de Economía y Obras y Servicios Públicos y de Salud y Acción Social, previa intervención de la UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO (URME) y de la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO. Cada agente percibirá el componente referido a la posición funcional en proporción al cumplimiento del Directorio de Competencias que oportunamente se aprobará por resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, previa intervención de la UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO. En ningún caso este componente podrá superar la cantidad de Módulos Funcionales asignados para cada uno de los cargos que figuran en el Anexo V mencionado al inicio del presente artículo.

(Nota Infoleg: Las Resoluciones que fijan el valor del Módulo Funcional establecido en el presente artículo pueden consultarse clickeando en el enlace 'Esta norma es complementada o modificada por X norma(s)')

Art. 9º—El componente referido a la Posición Funcional podrá ser otorgado exclusivamente cuando, en la selección del respectivo candidato, la cual deberá realizarse por medio de sistema abierto, se observe el cumplimiento de los procedimientos, requisitos y competencias que para cada cargo se detallarán en la resolución que dictará la Superintendencia de Servicios de Salud a la que hace referencia el artículo precedente. En todos los casos la continuidad de la percepción total asignada de dicho componente, esta condicionada al resultado de la evaluación sobre el desempeño funcional que deberá realizar obligatoriamente en forma anual el responsable de la asignación del mismo. El Sistema de Evaluación de Desempeño deberá contar con la conformidad previa de la UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO (URME).

Art. 10.—El componente correspondiente a la Posición Funcional será asignado por el Superintendente. En el caso del Superintendente dicho componente será asignado por el Ministro de Salud y Acción Social.

Art. 11.—Fíjase un plazo de hasta CIENTO VEINTE (120) días para la aprobación del Directorio de Competencias de la Superintendencia de Servicios de Salud. Durante ese lapso y en forma transitoria el Superintendente podrá asignar hasta el 80% (OCHENTA POR CIENTO) de los módulos funcionales que para cada categoría se establecen en el ANEXO V a los funcionarios que desempeñen las funciones enunciadas en dicho Anexo. Esta asignación transitoria tendrá carácter de anticipo a cuenta de la valoración que resulte una vez aprobado el Directorio de Competencias, pudiendo aumentarse o reducirse el monto en cuestión, según corresponda.

Art. 12.—Las modificaciones resultantes del presente decreto no implican de manera alguna un incremento en el presupuesto vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Art. 13.—La UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO y la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO, serán los organismos con facultades para aclarar y complementar las disposiciones contenidas en el presente decreto, cada una dentro de sus competencias específicas.

Art. 14.—Las disposiciones emergentes del presente decreto tendrán vigencia a partir del 1º día del mes siguiente a la fecha de su dictado.

Art. 15.—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.—MENEM.—Jorge A. Rodríguez.—Alberto Maza.—Roque B. Fernández.

ANEXO I

ANEXO II

La Superintendencia de Servicios de Salud es el ente de regulación y control de los actores del sector, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las políticas del área para la promoción, preservación, recuperación de la salud de la población y la efectiva realización del derecho a gozar las prestaciones de salud establecidas en la legislación.

1. Dictar las normas para regular y reglamentar las modalidades del desenvolvimiento de las actividades de regulación y control del Organismo.

2. Regular y supervisar los Servicios de Salud, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las políticas del área; para la promoción, preservación y recuperación de la salud de la población, afianzando el equilibrio entre usuarios, prestadores y financiadores; en condiciones de libre competencia, transparencia, eficiencia económica y equidad social.

3. Controlar el funcionamiento del Sistema de Obras Sociales, de los Agentes del Seguro de Salud, de los prestadores intervinientes y de toda otra entidad prestadora o financiadora de prestaciones médico - asistenciales que se le incluyan.

4. Aprobar las solicitudes de propuesta de ingreso al sistema de las entidades y promover la intervención de las mismas para asegurar la continuidad y normalización de las prestaciones de salud.

5. Aprobar el Programa de Prestaciones Médicas y el presupuesto de Gastos y Recursos para su ejecución.

6. Asegurar y controlar la libertad de elección de obras sociales de los beneficiarios del sistema, así como garantizar su acceso efectivo.

7. Realizar una vez al año, la Rendición de lo actuado por el Organismo en Audiencia Pública.

8. Efectuar el contralor del cumplimiento de las obligaciones éticas correspondientes al Organismo y todos sus dependientes y desarrollar mecanismos de control y procesos contra fraude y corrupción.

9. Verificar la eficiencia y eficacia en la ejecución del Plan Estratégico de la Superintendencia de Servicios de Salud y los planes operativos anuales, y desarrollar las medidas correctivas para optimizar los resultados esperados.

10. Negociar los convenios colectivos de trabajo.

1. Contribuir al Planeamiento Estratégico del Organismo y asesorar en todas las cuestiones que le sean sometidas a consideración por el Superintendente y que hagan a la mayor regulación y control del sistema.

2. Constituir un canal idóneo de vinculación con los actores del sistema.

Planificar y realizar la Auditoría Interna del Organismo conforme a las normas generales de Control Interno y Auditoría Interna, con el objeto de evaluar el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior.

1. Elaborar el Plan Anual de la Auditoría Interna.

2. Asesorar en la determinación de las normas y procedimientos propios del Sistema de Control Interno.

3. Tomar conocimiento integral de los actos y evaluar aquellos de significativa trascendencia económica.

4. Verificar si en las erogaciones e ingresos de la jurisdicción se cumplen los principios contables y niveles presupuestarios de la normativa legal vigente.

5. Constatar la confiabilidad de los antecedentes utilizados en la elaboración de los informes y/o estados.

6. Precisar la exactitud del registro de los activos y las medidas de resguardo adoptadas para su protección.

7. Emitir opinión, en el ámbito de su competencia, en todo estado informativo contable.

8. Producir informes periódicos a la Superintendencia de Servicios de Salud y a la Sindicatura General de la Nación sobre las auditorías desarrolladas y otros controles practicados, de los desvíos que se detecten con las recomendaciones y/u observaciones que se formulen.

9. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas.

Asistir al Superintendente en la Gestión de la Conducción General del Organismo, coordinando las acciones de las distintas gerencias en aras de la eficiencia, eficacia y consecución de las metas establecidas. Monitorear la gestión por objetivos y resultados.

1. Apoyar al Superintendente en el desarrollo de las relaciones institucionales y la comunicación del Organismo con usuarios e interesados.

2. Participar en la negociación de los convenios colectivos de trabajo de los que el Organismo es parte.

3. Conducir las acciones vinculadas con el control y coordinación de las liquidaciones administrativas de las Obras Sociales en proceso de liquidación.

4. Intervenir en la designación e integración de Sindicaturas Colegiadas en cada Agente de Salud para el control de los actos de los agentes y funcionarios y en el dictado de las normas para fijar las atribuciones y funcionamiento de ellos.

5. Entender en el proceso de imposición de sanciones y promover la intervención y/o normalización de las entidades asegurando la continuidad y normalización de las prestaciones de salud.

6. Establecer una mecánica de trabajo que coadyuve a nivel de alta gerencia a desarrollar sistemática y periódicamente el análisis de escenarios y el planteo de estrategias,

7. Diseñar y ejecutar las acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional. Elaborar y proponer las modificaciones de las estructuras organizativas que correspondan.

Realizar los estudios económicos, financieros, prestacionales y actuariales necesarios para la regulación y control del sector. Organizar y elaborar las normas que regulen las exigencias de control prestacional y financiero, así como las normas técnicas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema.

1. Elaborar las resoluciones para regular la actividad de las entidades controladas por la Superintendencia y que definan la fiscalización necesaria para garantizar su cumplimiento y la satisfacción de los beneficiarios de los servicios de salud.

2. Elaborar las normas referidas a los requisitos, condiciones y atributos que deben satisfacer las entidades del sector para acceder a los mercados de afiliación obligatoria y voluntaria, los estándares mínimos en materia prestacional y las exigencias mínimas en cuanto a su respaldo económico y financiero.

3. Establecer las modalidades, los nomencladores y valores de referencia para la contratación de las prestaciones, persiguiendo la mayor transparencia y competitividad del mercado.

4. Realizar, sistematizar y actualizar las estadísticas relativas a toda la información útil en la materia.

5. Propiciar y dirigir estudios sociales, de mercado, prestacionales, de beneficiarios y de impacto de los servicios e interpretar toda información actuarial, estadística y de encuestas.

6. Realizar estudios y proyecciones de cobertura por ubicación geográfica, niveles socioeconómicos, grupos etareos y toda otra forma que permita evaluar el comportamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud y su desarrollo futuro.

4. Establecer las modalidades operativas de contratación para las prestaciones de salud concertadas por los Agentes del Seguro.

Fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas para el funcionamiento y la prestación de servicios de salud por parte de las entidades controladas por la Superintendencia.

1. Proponer normas sustantivas y de procedimiento para el control de los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y las entidades oferentes de seguros privados u otros sistemas de cobertura médico - asistencial.

2. Implementar y coordinar las sindicaturas sobre los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 23.661.

3. Planificar y controlar programas de auditorias sobre la gestión administrativa, prestacional económica y financiera de los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

4. Evaluar el Programa de Prestaciones Médicas, el Presupuesto de Gastos y Recursos, la memoria y estados contables y las contrataciones que realicen los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y formular las recomendaciones correspondientes.

5. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de las Obras Sociales respecto de los pagos por las prestaciones efectuadas a sus beneficiarios en los FIPA, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 15 y 16 del Decreto Nº 578/93 y Decreto Nº 1615/96, y la Reglamentación correspondiente que se dictare; procediendo en similar forma respecto a las Asociaciones de Obras Sociales y otros agentes que posean efectores propios.

6. Efectuar el control del cumplimiento del Programa Medico Obligatorio (PMO) y de todos los otros programas médico - asistenciales y que garanticen las prestaciones de los mismos.

7. Fiscalizar el cumplimiento del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica por parte de las entidades bajo control de la Superintendencia.

8. Controlar el cumplimiento del Sistema Unico para la Atención de Personas con Discapacidad (Anexo I y Art. 6º Decreto 762/97).

9. Proponer al Superintendente la iniciación del procedimiento de sanciones que correspondieren por los incumplimientos que hubieren sido detectados como consecuencia de las acciones de control de su competencia.

10. Controlar el ingreso de los recursos financieros al sistema y el cumplimiento de las obligaciones respecto de la Superintendencia.

11. Vigilar el mantenimiento de las condiciones de transparencia en los mercados de afiliación obligatoria y voluntaria, promoviendo acciones administrativas y/o legales en los casos donde se observen desvíos o maniobras ilegales.

Asistir a la Gerencia de Control en la ejecución, sistematización, y organización de toda la información referida al funcionamiento y la prestación de servicios de salud por parte de las entidades controladas por la Superintendencia.

1. Elaborar documentación de base para la propuesta de normas sustantivas y de procedimiento para el control de los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y las entidades oferentes de seguros privados u otros sistemas de cobertura médico - asistencial.

2. Desarrollar mecanismos para la coordinación de las sindicaturas sobre los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 23.66 1.

3. Ejecutar los programas de auditorías sobre la gestión administrativa, económica y financiera de los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

4. Preparar la documentación necesaria para la evaluación del presupuesto de Gastos y Recursos, la memoria y estados contables, y formular las recomendaciones correspondientes.

5. Iniciar los procedimientos de sanciones que correspondieren por los incumplimientos que hubieren sido detectados como consecuencia de las acciones de control de su competencia, en función de la decisión de las autoridades superiores correspondientes.

6. Diseñar sistemas para el control en materia del ingreso de los recursos financieros al Fondo Solidario de Redistribución y el cumplimiento de las obligaciones respecto de la Superintendencia.

7. Asistir en el control del mantenimiento de las condiciones de transparencia en los mercados de afiliación obligatoria y voluntaria, promoviendo acciones administrativas y/o legales en los casos donde se observen desvíos o maniobras ilegales.

Orientar en trámites, servicios, derechos y obligaciones; evacuar consultas; brindar información y canalizar los reclamos de los diferentes niveles de usuarios, prestadores y financiadores del sistema de servicios de salud a los efectos de garantizar la transparencia, el equilibrio y equidad entre los mismos. Resguardar especialmente los derechos de los usuarios individuales del sistema.

1. Garantizar el cumplimiento del ejercicio del derecho de opción de cambio de obra sociales.

2. Promover el cumplimiento del régimen de información al consumidor (ley N° 24.240).

3. Proponer la campaña de información a los usuarios.

4. Proponer la realización de encuestas de consulta y de satisfacción de los beneficiarios.

5. Publicar todas la acciones de la Superintendencia y sus normas, para información del público en general y actores del sistema conforme a la reglamentación.

6. Realizar las acciones necesarias para recibir y dar curso a los reclamos y consultas realizados por los usuarios del sistema, efectuando las derivaciones internas correspondientes.

7. Sistematizar, actualizar y organizar toda la información referida a los registros de los actores del sistema con el fin de proveerla a los usuarios que lo soliciten, bajo la modalidad que se reglamente.

8. Tramitar las solicitudes de inscripción a todos los registros establecidos o que se establezcan.

9. Administrar los registros del Sistema Nacional del Seguro de Salud y de Obras Sociales y producir la información necesaria sobre los mismos para uso interno y externo.

10. Organizar y atender el despacho de actuaciones y resoluciones, así como actividades de la Mesa de Entradas y Salidas del Organismo.

11. Llevar el archivo general de los expedientes, de la documentación y de los actos administrativos del Superintendente.

12. Adecuar la información necesaria para satisfacer las demandas externas a la Superintendencia de Servicios de Salud, con los datos estadísticos generales e información sectorial.

Asistir a la Superintendencia en los aspectos jurídicos de su gestión, ejercer la representación jurídica del organismo y efectuar el control de legitimidad y legalidad de los actos administrativos.

1. Intervenir en los trámites de inscripción, autorización, fusión y liquidación de Obras Sociales.

2. Promover cambios en la conducción de la gestión de las Obras Sociales o la intervención de las entidades para asegurar la continuidad y/o normalización de sus prestaciones.

3. Realizar el control de legalidad y el análisis jurídico previo de todos los actos administrativos emanados de la Superintendencia.

4. Prestar asesoramiento jurídico al Superintendente y las dependencias del organismo que lo requieran.

5. Elaborar los anteproyectos de leyes, decretos y reglamentos que presente la Superintendencia.

6. Coordinar la atención de informaciones solicitadas por los Poderes del Estado Nacional, las Provincias, los Municipios y organizaciones no gubernamentales reconocidas.

7. Organizar y supervisar la representación y patrocinio letrado en todos los juicios donde la Superintendencia sea parte.

8. Tramitar los sumarios administrativos internos del Organismo.

Ejecutar los sistemas administrativos del Organismo

1. Realizar todas las registraciones contables de la Superintendencia y el control de la ejecución presupuestaria, en congruencia con lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Realizar la Memoria General y el Balance del organismo.

2. Realizar la gestión financiera de la Superintendencia y elaborar el proyecto de presupuesto.

3. Informar sobre los débitos automáticos por deudas de Obras Sociales con el Hospital Público de Autogestión y con Agentes del Seguro con servicios propios.

4. Administrar los bienes y realizar la gestión de todas las contrataciones y compras necesarias para el desenvolvimiento del Organismo.

5. Realizar las gestiones de cobro de las acreencias de la Superintendencia.

Sistematizar y organizar toda la información referida a las bases de datos con información sobre el sistema; brindar soporte informático a los procesos clave y administrar sistemas y equipamiento informático del Organismo.

1. Desarrollar el sistema informático y de comunicaciones del Organismo.

2. Desarrollar las bases de datos, controles, seguimiento y actualización de la información requerida para ejecutar los procesos clave del Organismo.

3. Efectuar la organización de la red de informática y enlazar informáticamente las distintas áreas del Organismo y las delegaciones del interior.

4. Integrar la red del Organismo con redes de Obras Sociales, otros agentes, prestadores, provincias y todo organismo de interés para el accionar de la Superintendencia.

5. Soportar informáticamente la circulación interna de expedientes virtuales.

6. Entender en la incorporación y mantenimiento del equipamiento informático y comunicacional.

Gestionar los recursos humanos requeridos por el organismo en busca de la maximización de las competencias de los mismos, la alineación con los objetivos del organismo, y la productividad en función de las metas anuales.

1. Promover el Desarrollo Organizacional.

2. Administrar y actualizar los sistemas de información relacionados con la administración de recursos humanos.

3. Desarrollar los directorios de competencias y de ocupaciones y mantenerlos actualizados.

4. Desarrollar los programas de capacitación requeridos por el personal del Organismo.

5. Promover la eficiencia del trabado en equipo.

6. Colaborar en las acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional y en la elaboración y propuesta de las modificaciones de las estructuras organizativas que correspondan.

7. Proponer escalas de remuneraciones de acuerdo a lo que se establezca en el convenio colectivo de trabajo y desarrollar las mediciones de productividad anual de individuos y equipos en el organismo.

8. Mantener actualizados los Legajos Unicos del Personal y la base de datos correspondiente.

9. Administrar el personal del organismo.

10. Coordinar los Servicios Generales del Organismo.

ANEXO III

1. LA MISION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

2. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO.

3.1. DESCRIPCION DEL SECTOR SALUD

3.1. 1. Introducción

3.1.2. Cobertura Prestacional

3.1.3. Modelos de cobertura y atención

3.1.4. Las vinculaciones

3.1.5. Financiación

3. 1.6 Conclusiones

3.2. LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

3.2.1. De la Administración Nacional del Seguro de Salud a la Superintendencia de Servicios de Salud

3.2.2. Visión de la Superintendencia de Servicios de Salud

3.2.3. Funciones de la Superintendencia de Servicios de Salud

3.2.4. Premisas básicas del Plan Estratégico

3.2.5 Descripción de la organización a cinco años una vez aplicado el Plan Estratégico y Visión del Exito

3.2.6. Fortalezas y debilidades, oportunidades y desafíos para encarar el plan de transformación de la Superintendencia de Servicios de Salud.

4.1. DEFINICION DE PROCESOS CLAVE

4.2. IDENTIFICACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

4.2. 1. Definición

4.2.2. Cronograma

La misión del Organismo surge por la fusión de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) (creada por la Ley 23.661), la Dirección Nacional de Obras Sociales (creada por la Ley 23.660) y el Instituto Nacional de Obras Sociales (creado por la ley 18.610). Sintetizando:

El Plan Estratégico de la Superintendencia de Servicios de Salud, tiene por objeto lograr:

1. Colocar, en la reconversión del sistema, un organismo de control y regulador a los efectos de proteger el interés del público en materia de salud.

2. Garantizar a los usuarios del sistema el derecho a Opción.

3. Desarrollar la medición del grado de satisfacción de los usuarios y avanzar en el control de la calidad de los servicios que se brindan.

4. Reforzar elementos de referencia, regulación y control de sistema y clarificar su implementación. Desarrollar y acentuar el tema del control. Extenderlo hacia otros actores hoy fuera del sistema. Servir de referencia para todo el sistema aun para los componentes no contemplados o adheridos.

5. Profundizar el monitoreo de la Fusión y Liquidación de Obras Sociales y la transferencia de Carteras.

6. Supervisar el Clearing del Hospital Público de Autogestión.

7. Desarrollar los procedimientos de encuadre de beneficiarios en las obras sociales.

8. Fortalecer el control sobre los fondos que se administran en el sistema y desarrollar la evaluación permanente de la solvencia de los actores.

9. Proveer asesoramiento a usuarios, agentes de salud, prestadores y a Obras Sociales.

10. Desarrollar el Registro de Certificación permanente de prestadores (Obras Sociales, Agentes de Salud, Prestadores, Atención a Jubilados y Pensionados, Entidades de PrePagas para su incorporación según lo previsto en la ley 23.661).

11. Producir información estadística para los actores del sistema y terceros interesados.

12. Lograr el aumento en la eficiencia de la organización interna y el desarrollo de la profesionalidad, la competencia, el trabajo en equipo y la orientación a resultados de los recursos humanos.

Los Decretos N° 9/93 y Nº 1141/96, que establecen la opción de cambio entre obras sociales sindicales y el Decreto Nº 1142/96, que abre el registro a nuevas entidades que deseen incorporarse como agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y, por último, el 1615/96, donde se establece la creación de la Superintendencia de Servicios de Salud, se constituyen en definiciones explícitas de políticas para el sector.

Este conjunto de definiciones de política delinea un proceso similar al que ocurrió en los primeros años de la década de los 70, cuando comenzó a estructurarse el régimen de Obras Sociales, formalizado luego a través de la ley 18.610.

Se han ido produciendo hechos que, sin clarificar totalmente el escenario futuro, son datos significativos a tener en cuenta para comprender la evolución de la situación del sector. Estos datos reconocen, además de los citados precedentemente:

• normas legales dictadas en los cinco últimos años, (Decreto 576/93 y 578/93, Decreto 2609/ 93, Decretos 292/93 y 492/95).

• proyectos de otras normas desregulatorias, complementarias:

• transformaciones de hecho producidas por los actores.

Inicialmente comenzó a gestarse una voluntad en tal sentido, la que redefinida múltiples veces, dio lugar a que sancionaran las leyes como la 23.660 y 23.661, pero que no dieron lugar a la explicitación de un nuevo sistema.

La Ley 23.661 crea el Sistema Nacional de Seguro de Salud, organizado dentro del marco de una concepción integradora, en donde la autoridad pública intentó afirmar su papel de conductora del Sistema.

El Seguro tiene por objeto proveer el otorgamiento de la prestación de salud a los beneficiarios en forma igualitaria, integral y humanizada. Los Agentes del Seguro son los entes encargados de prestar estos servicios.

Su financiamiento se realiza con aportes bilaterales de los cuales una proporción están destinados a la creación de un fondo denominado Fondo Solidario de Redistribución. Este tiene como fin garantizar la igualdad de las obras sociales para que no haya pobres y ricas.

La Ley 23.660 se sancionó con el objeto de hacer efectiva la aplicación del Seguro Nacional de Salud. A través de este ordenamiento se fijan los aportes y contribuciones para el financiamiento de las entidades prestatarias reconociéndole al sindicato el papel de administrador.

La normativa general señalada, hizo sentir sus efectos en el sector salud. A continuación se señalarán las principales líneas sobre las que se emitieron distintos instrumentos jurídicos de importancia en el proceso de transformación del sector. Estas líneas se refieren a los siguientes aspectos del sector salud:

En este punto deben mencionarse iniciativas normativas orientadas hacia la denominada desregulación de las Obras sociales: el Decreto 9/93, el Decreto 576/93, el Decreto 1141/96 y 1560/96, 84/97, 638/97 y 1301/97.

Estos instrumentos legales afectaron el régimen general de las obras sociales ya que introdujeron el principio de que los beneficiarios de dicho régimen podrían elegir libremente la obra social a la cual pertenecer.

Las dos normas primeramente mencionadas cambiaron la fisonomía de algunos aspectos importantes del sector salud, tal como el relativo a modalidades de contratación y de pago tradicionales, a la vez que lanzaron un nuevo régimen de arancelamiento de los hospitales públicos que asistiesen a beneficiarios de las obras sociales.

El Decreto 9/93 estableció la libertad de elección de obra social para los beneficiarios de las obras sociales de los incisos a, b, c, d y f del artículo 1° de la Ley 23.660 (Obras sociales sindicales, institutos de administración mixta, del Estado, de empresas y sociedades del Estado, Obras sociales por convenio).

El Decreto 576/93 reglamentario de las leyes 23.660 y 23.661 mantuvo el principio de la libertad de elección entre las obras sociales anteriormente mencionadas (arte. 1° y 5°), aunque, para los beneficiarios de obras sociales de personal de dirección, agregó la posibilidad de elegir entre distintas entidades de esta clase, y limitó este principio restringiéndolo a sólo el 20% (art. 8°). La libertad de elección, en cualquier caso, se limitaría a las entidades existentes, dado que el Decreto restringe la incorporación de agentes que no sean obras sociales.

El Decreto 1141/96 establece más claramente la opción de cambio entre Obras Sociales Sindicales a partir del 1 de enero de 1997, fijando distintos plazos de efectivización;

• entidades que no se hubiesen presentado en el Programa de Reconversión: 31 de marzo de 1997.

• entidades que se encuentren calificadas en el Programa de Reconversión y hayan presentado su plan de reconversión antes del 31 de diciembre de 1996: 30 de junio de 1997.

Asimismo establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Dirección General Impositiva deberán finalizar el padrón inicial de beneficiarios de la Seguridad Social el 31 de marzo de 1997.

Exige también que, a partir del 14 de octubre de 1996, se realice un 'Censo a Empleadores', obligando a las empresas a presentar una declaración jurada con toda la información relativa a los trabajadores y sus grupos familiares, de acuerdo a las pautas que fije la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El padrón inicial más las novedades informadas obligatoriamente por los beneficiarios a la Administración Nacional de la Seguridad Social integrarán la Base Unica de la Seguridad Social.

El Decreto 1142/96, por su parte, fija que la ex - Administración Nacional del Seguro de Salud deberá dictar la operatoria pertinente para que las nuevas entidades que deseen registrarse como Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, en los términos de la Ley Nro. 23.661 y su reglamentación, puedan comenzar a hacerlo a partir de los treinta (30) días contados desde la publicación de dicho Decreto.

A su vez, establece que las entidades citadas podrán inscribirse a los fines de su relevamiento por parte de la autoridad de aplicación en el registro de Obras Sociales que admiten jubilados y pensionados (creado por el artículo 10 del Decreto Nro. 292 del 14 de agosto de 1995).

El Decreto N° 1560/96, ratificó el contenido de la resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N° 633/96, en la que establece la opción de cambio para ser ejercido por los afiliados de las obras sociales indicadas en los incs. a, b, d, f y h del artículo 1º de la ley 23.660 e indican normas de procedimiento. Por su parte del Decreto N° 84/97 modifica el período para el ejercicio de la opción de cambio.

Por su parte el Decreto 638/97 establece la desregulación entre los beneficiarios de las Obras Sociales de Personal de Dirección (inc. e del artículo 1° de la ley 23.660).

Finalmente el Decreto 1301/97 que modifico el artículo 1° del Decreto N° 9/93, excluyendo de la posibilidad de ser elegidas las obras sociales comprendidas en el inc. f del artículo 1º de la ley 23.660, resguardando el derecho de sus beneficiarios de su ejercicio de opción en otras obras sociales.

Por último, el Ministerio de Salud y Acción Social eleva al Poder Ejecutivo el Proyecto de Ley de Medicina Prepaga, que establece el Marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga.

En cuanto a modalidades de contratación y de pago, el Decreto 9/93 introdujo dos importantes variantes desreguladoras.

En primer lugar (artículo 5º), prohibió a las entidades con competencia en el control de la matrícula (Consejos y Colegios Profesionales) la suscripción de contratos prestacionales con las Obras Sociales al igual que el cobro centralizado de cualquier otro concepto que no fuese la matrícula profesional.

También estableció la total libertad de contratación entre las obras sociales y los prestadores (art. 6°). Paralelamente este Decreto derogó todas las normas reguladoras de aranceles profesionales (Nomencladores).

En igual sentido, el Decreto N° 576/93 dispuso que 'las Obras sociales no podrán suscribir contratos prestacionales directa o indirectamente con entidades que tengan competencia en el control de la matrícula profesional o ejerzan funciones deontológicas o gremiales que agrupen tanto a profesionales como a prestadores institucionales', al tiempo que dejó sin efecto todas las restricciones a la libertad de contratación entre prestadores y Obras sociales, así como aquellas que regulasen aranceles prestacionales de cualquier tipo.

En lo atinente al pago de las prestaciones de los beneficiarios de las obras sociales a los hospitales públicos, el Decreto 9/93 vino a prefigurar lo que luego sería el régimen del hospital público de autogestión, al determinar que ''los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud estarán obligados a pagar las prestaciones que sus beneficiarios demanden de los hospitales públicos...' (art. 9°).

El principio visto en el punto que precede vino a completarse con el régimen del Hospital Público de Autogestión (HPA) aprobado por el Decreto 578/93. que creó 'la figura jurídico administrativa del Hospital Público de Autogestión como organismo descentralizado de la administración central de la respectiva jurisdicción, en el marco del Decreto 2284/91 de desregulación y reforma administrativa del Estado, del Decreto 1269/92, que aprueba las Políticas de Salud y del Decreto 9/93 de desregulación de Obras Sociales.

El interés que ofrece conceptualmente la figura del Hospital Público de Autogestión es evidente. Especial interés tiene el continuo fortalecimiento que este régimen ha tenido desde las políticas gubernamentales. En este sentido, el Decreto N° 578/93, dejó establecido que 'el Hospital Público de Autogestión actuará como persona Jurídica capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, de acuerdo a las normas vigentes en sus respectivas jurisdicciones, estando autorizados legalmente, según el artículo 4°, para:

i. Adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes muebles de toda clase con ajuste a las disposiciones pertinentes en cada jurisdicción. (...)

ii, Estar enº juicio como actor o demandado por intermedio de los apoderados que designe al efecto con relación a los derechos y obligaciones de que pueda ser titular, pudiendo transigir, comprometer en árbitros, prorrogar jurisdicciones, desistir de apelaciones y renunciar a prescripciones adquiridas.

iii. Contratar servicios, obras y suministros con arreglo a las normas y reglamentaciones vigentes en la jurisdicción los establecidos en el acto legal de descentralización administrativa y con las facultades otorgadas en relación con los montos, procedimientos y régimen de contrataciones.

iv. Realizar convenios con entidades de la Seguridad Social comprendidas en las normas vigentes y las que se dicten en relación con las prestaciones que los mismos estén obligados a brindar a sus beneficiarios.

v. Complementar y brindar servicios con otras entidades.

vi. Cobrar los servicios que brinde el Hospital a personas con capacidad de pago o a terceros pagadores que cubran las prestaciones del usuario de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral u otros similares que estén obligadas por normas vigentes dentro de los límites de la cobertura oportunamente contratada por el usuario.

vii. Integrar redes de servicio de salud con otros establecimientos asistenciales públicos o privados debidamente habilitados por autoridad competente.

El Hospital Público de Autogestión queda facultado para cobrar las prestaciones a personas con capacidad de pago o a terceros pagadores que cubran las prestaciones del usuario de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral, u otros similares que estén obligados por normas vigentes dentro de los límites de la cobertura oportunamente contratada por el usuario.

En ausencia de convenio con las obras sociales, las prestaciones se facturarían, según el artículo 14 del Decreto, mediante un sistema obligatorio de aranceles globalizados. Este modelo de arancelamiento fue aprobado mediante la resolución 282/93 de la Secretaría de Salud.

Las disposiciones de la mencionada resolución fueron complementadas con la aprobación de un régimen especial de pago automático aprobado mediante la Resolución conjunta 753/93 y 565/93 de los Ministerios de Economía y Obras y Servicios Públicos y de Trabajo y Seguridad Social respectivamente. Según este sistema, la Dirección General Impositiva como ente recaudador único puede debitar de las transferencias a las Obras sociales los importes adeudados por estas a los Hospitales Públicos de Autogestión, para luego acreditárselos a estos.

La adopción e implementación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones SIJP (Ley 24.241) ha influido y continuará haciéndolo en el sector salud.

En primer lugar, porque dentro de lo que fueron las medidas preparatorias se dictó el Decreto 507/93, por el cual se unificaron en la Dirección General Impositiva (DGI) las facultades de determinación, fiscalización. recaudación y ejecución Judicial de los aportes y contribuciones para todos los regímenes de la Seguridad Social (Jubilaciones y Pensiones, Asignaciones Familiares y Obras sociales). Esto vendría posteriormente a permitir los sistemas de débito automático para el cobro de las prestaciones por parte del Hospital Público de Autogestión.

En segundo término, porque para poder hacer efectivo el régimen de capitalización con 1ibertad de elección de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones previsto por el del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones SIJP, deben elaborarse padrones que individualicen a trabajadores aportantes al sistema.

En este marco, al contarse con tales padrones estarán dadas de hecho las condiciones (la individualización de todos los trabajadores aportantes al sistema) para poder implementar también la libertad de afiliación a las obras sociales y agentes del sistema nacional del seguro de salud.

En tercer lugar, porque el del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones SIJP vino a establecer un límite sobre la base para el calculo de los aportes y contribuciones para el sistema de la seguridad en su conjunto. En efecto, la Ley 24.241 determina que dicha base en ningún caso puede ser inferior al equivalente a seis AMPO (Aporte Medio Previsional Obligatorio) ni superior al equivalente a sesenta y cuatro AMPO. De esta manera se establece un tope máximo a los aportes y contribuciones a ingresar en el sistema de obras sociales, lo cual viene a afectar sus recaudaciones. Este fenómeno puede tener especial incidencia en las obras sociales de personal de dirección, sin perjuicio de que lleve a todas las entidades a buscar mayores niveles de eficiencia.

El Decreto 2609/93, con sus modificatorios y complementarios, dispuso una rebaja de las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social de todos los trabajadores en relación de dependencia ocupados en actividades de producción, industria, construcción, turismo y ciencia y tecnología.

Esta disminución. que incluye las contribuciones destinadas al régimen de obras sociales, representa una rebaja de entre el 30% y el 80%, según la ubicación geográfica del establecimiento o explotación.

El Gobierno ha comprometido, mediante el Pacto Bilateral firmado con la Confederación General del Trabajo sobre la materia (de fecha 25 de julio de 1994), una política de subsidios para las obras sociales que hayan visto disminuir sus disponibilidades económicas a raíz de la aplicación del Decreto mencionado.

Tales estímulos podrían previsiblemente estar vinculados a la implementación plena del régimen de libertad de elección, a la vez que podría complementarse con la apertura del sistema para que se integren a el todas aquellas entidades que se consideren capaces de operar proveyendo prestaciones obteniendo al mismo tiempo márgenes de utilidad.

El comportamiento observado en el sector privado actuando en el campo de la salud merece al menos una referencia sucinta en razón de que, al ser el más dinámico de los actores, su posicionamiento y estrategias ayudarán a resaltar las tendencias observadas hacia el reforzamiento, en el sector salud en su conjunto, de las pautas a las que más arriba se hizo alusión.

En este sentido cabria mencionar, en primer término, las intenciones abiertas o tácitas de algunas Empresas de Medicina Prepaga (EMP) de entrar al sistema de salud de la seguridad social, en sus tramos altos¹. Estas intenciones quedan evidenciadas, además de por las diversas propuestas directas en ese sentido por parte de las correspondientes cámaras empresariales, por el persistente clamor del propio sector para que se dicte una reglamentación sobre este tipo de empresas. En igual sentido, resulta reveladora la tendencia hacia una relativa integración entre obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Finalmente, es preciso hacer mención a las transformaciones que se están dando en el sector de las Empresas de la Medicina Prepaga (EMP). en donde se han operado algunas importantes adquisiciones por parte de capitales extranjeros. Debe hacerse notar también que la tendencia de los precios del sector es a la baja, al tiempo que se asiste (sobre todo a través de la participación accionaria) a la incorporación, como casi nunca antes, de tecnología de gestión empresarial y de administración de salud.

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