El Programa Justicia 2020 fue ideado para construir una justicia más moderna, accesible y transparente. Los cambios logrados en los dos últimos años ponen de relieve el enorme impacto que ha generado en la sociedad muchas de las reformas impulsadas.

Víctimas y delincuentes

En primer lugar se destaca el rol preponderante que adquirieron las víctimas de delitos en el diseño de nuevas políticas para la justicia, al haber sido incorporadas a las mesas de debate, y la modificación de la legislación vigente para que tengan una participación central en el proceso penal y sean escuchadas en la elaboración de nuevas leyes.

Otro punto alto del proceso de reforma encarado es la modificación de la Ley de Ejecución Penal, que asegura que los condenados por delitos graves cumplan la pena completa en la cárcel, tal como lo reclamaba una sociedad hastiada de convivir con los delincuentes en las calles.

Por otro lado se logró poner en funcionamiento el Centro Nacional de Asistencia a la Víctimas contra el Delito (CENAVID), que brinda asistencia inmediata, acompañamiento y asesoramiento integral a víctimas de delitos en todo el país. El CENAVID, además, trabaja con los programas que asisten a las víctimas de trata de personas, violencia familiar y de género, para poder dar una respuesta coordinada a las personas que lo necesitan.

También se hizo una convocatoria pública para conformar el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia de Género, profesionales que asistirán a víctimas de todo el país de manera gratuita gracias a que contarán con el auspicio del Estado.

Justicia cerca y rápida

Se logró multiplicar la presencia de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todas las provincias, con foco en los lugares de mayor vulnerabilidad. Solo en 2017, los 90 CAJ atendieron a más de 300.000 personas con profesionales que brindan asistencia legal primaria y ayudan a las personas a realizar trámites administrativos, muchas veces tan básicos como la obtención de documentación personal o prestaciones de seguridad social. También se comenzó a llevar atención legal y sanitaria a pueblos del NOA y el NEA en una iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud, haciendo realidad aquello de que el Estado está presente en los lugares en los que más se lo necesita.

Los poderes judiciales provinciales, que concentran el 80% de los casos judiciales, recibieron apoyo constante con recursos, equipamiento tecnológico y científico y capacitación, para colaborar en la tarea de mejorar y modernizar la investigación criminal y poder estar a la altura de los desafíos del siglo XXI.

La colaboración con los poderes judiciales de las provincias también se orientó a generalizar la oralidad en los procesos civiles. La implementación de este modelo en los juzgados de la provincia de Buenos Aires demostró excelentes resultados en su primer año, en el que los plazos de resolución se redujeron un 54%, y los niveles de satisfacción de los usuarios han sido de más del 90%. Además, un 40% de los procesos se finalizó por conciliación, lo que ahorra recursos tanto a las personas como al Estado. Estas cifras muestran cómo las audiencias orales en la justicia civil reducen los tiempos procesales, a la vez que cambian significativamente la relación de la justicia con la comunidad.

Los juicios penales se desarrollan con más eficiencia gracias a algunas leyes y reformas. La Ley de Juicio Unipersonal disminuye el tiempo para fijar audiencias en un 75% y descomprime los tribunales. La capacidad de respuesta del Poder Judicial se ha duplicado, y en algunos casos hasta ha llegado a triplicarse.

Por otro lado el nuevo procedimiento abreviado para casos de flagrancia permite que las personas detenidas cometiendo un delito sean juzgadas rápidamente. Después de la adopción de este procedimiento, un 69% de los procesos se ha resuelto en menos de 30 horas de cometido el hecho.

Cambios de fondo

Justicia 2020 ha logrado importantes reformas estructurales para el sistema de justicia penal. Una de ellas es la reforma del Código Penal que deberá analizar el Congreso. El proyecto cuenta con un enorme consenso y trabajo técnico. El texto fue elaborado con el aporte de un nutrido grupo de destacados especialistas.

Otra reforma estructural muy importante es la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que va a transformar completamente el sistema penal federal argentino.

Como se sabe las nuevas formas de delito organizado no respetan las divisiones geográficas, y como los Estados necesitan poder proteger a las personas fronteras adentro los mejores modelos para combatir el crimen sistematizado se apoyan en la cooperación internacional.

En ese marco se inscribe la plena cooperación con la Corte Penal Internacional, para apoyar las investigaciones en todo el mundo y trabajar en mejoras normativas que den respuesta a la amplia agenda internacional.

En el mismo sentido Argentina adhirió al Convenio de Budapest, que permite hacer frente a los delitos informáticos y sumar herramientas modernas para obtener evidencia digital, especialmente importante en relación al crimen organizado. Por ello es contante el trabajo de capacitación de jueces y fiscales en todo el país, para que puedan contar con los conocimientos específicos que requiere este nuevo tipo de delitos.

Otro escalón importante alcanzado ha sido sin dudas la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que permitirá juzgar a las personas jurídicas haciendo que las empresas sean responsables por los delitos que cometan, hecho que sin dudas quita incentivos a la corrupción.

En un nuevo paso contra el crimen y la corrupción se ha fortalecido el Programa de Protección a Testigos e Imputados construyendo equipos interdisciplinarios e incorporando nuevas tecnologías y procesos para profesionalizar su trabajo. Al mismo tiempo, la Ley del Arrepentido permite contar con colaboración muy valiosa en la lucha contra el delito.

Finalmente, la creación del Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina garantiza un Estado abierto y transparente, la generación de mejores políticas públicas y la posibilidad de hacer un seguimiento del trabajo de la Justicia argentina, con indicadores y datos certeros que son publicados en la plataforma online datos.jus.gob.ar

Este ha sido sin lugar a dudas un avance sustancial para que el servicio de justicia inicie un vital proceso de apertura y digitalización.

Compromiso

Las mejoras apuntadas son solo algunas de las que se han logrado en los últimos dos años. El trabajo realizado refleja el compromiso asumido en materia de lucha contra el delito, la defensa de los derechos de las víctimas y el combate de la corrupción y del crimen organizado.

La transformación de la Justicia y de su forma de tramitar los procesos, contribuye a recuperar la confianza de la sociedad. En ese sentido, jueces, fiscales y defensores de todo el país realizan un esfuerzo diario para mejorar el servicio de justicia, que muchas veces se ve opacado por casos de amplia difusión pública en las que han primado respuestas inadecuadas. Alcanzar una justicia preparada para enfrentar las demandas de la comunidad y brindar soluciones justas, es uno de los más grandes desafíos que los argentinos tenemos por delante.