Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Salud de la Nación pusieron en marcha un servicio itinerante para garantizar que las poblaciones rurales indígenas del noroeste del país tengan a su alcance asistencia legal y sanitaria sin necesidad de desplazarse de sus lugares de origen.

El denominado Corredor Norandino Legal y Sanitario, que forma parte del Plan Belgrano y cuenta con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), alcanzará a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa.

Los centros de acceso tendrán un lugar fijo de atención, pero los miembros del equipo recorrerán hasta 200 kilómetros diarios para llegar a diferentes pueblos y comunidades de la región. Cada posta estará integrada por cuatro profesionales: un/a abogado/a, un/a trabajador/a social o psicólogo/a, un/a médico/a y un/a chofer.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el responsable de garantizar los recursos técnicos (las unidades móviles y los equipos informáticos) y parte de los profesionales. Además, deberá elaborar la planificación mensual de las itinerancias que realizará cada “posta”, y los protocolos de atención. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación proveerá las ambulancias y profesionales de la salud.

Para ponerlo en marcha, no sólo fue necesario el trabajo conjunto de las carteras nacionales de Justicia y de Salud, sino también de los gobiernos provinciales y municipales.

En tanto, los ministerios de Salud provinciales brindarán un espacio físico para el establecimiento de la “posta” y el desarrollo de las actividades de asistencia legal independiente de las áreas para la atención médica; y deberán asumir los gastos y mantenimiento que ese espacio físico requiera. Además, deberán disponer del recurso humano necesario y calificado para brindar los servicios médico-asistenciales.

El Corredor Norandino apunta a llegar con asistencia legal y sanitaria a cada uno de los pueblos integrados por comunidades indígenas rurales de manera constante y permanente. La existencia de un servicio conjunto de salud y de justicia se origina en la idea de un abordaje multidisciplinario del conflicto que garantizará una respuesta integral para el afectado.

Este programa pone la mirada en una población que vive muchas dificultades para acceder a diversas prestaciones del Estado, por lo que generará además de la prestación de servicios, espacios de participación. El objetivo es abrir canales de comunicación que permitan escuchar a los potenciales usuarios y hacerlo potenciando el respeto por culturas diversas.