La Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que establece las previsiones nacionales en materia de protección del ciberespacio, fue aprobada luego del proceso de Consulta Pública iniciado en enero de este año con aportes de los sectores público y privado, de la sociedad civil, del sector académico, organismos y entidades internacionales y de la comunidad técnica; y reunidos en un documento colaborativo elaborado por el Comité Nacional de Ciberseguridad.

La Estrategia entiende a la ciberseguridad como el “conjunto de políticas y acciones orientadas a elevar los niveles de seguridad de las infraestructuras de las TIC”, que podrían, según el caso, ser potencialmente vulnerables ante amenazas y/o incidentes. De este modo, se tiene como objetivo prevenir acciones que afecten la administración del Estado, las organizaciones, los servicios esenciales y, en consecuencia, a las personas.

Las acciones en el ciberespacio inciden también en la actividad de las administraciones gubernamentales: permiten transparentar, comunicar sus acciones y aperturar datos y gestiones de gobierno. Esto hace que sean también sensibles a incidentes informáticos que pueden afectar su normal desenvolvimiento. Esta estrategia busca jerarquizar la importancia de que los Estados incorporen la problemática de la ciberseguridad a la agenda gubernamental y otorgar un contexto seguro para que los avances tecnológicos y de innovación puedan ser aprovechados por todos los actores de la sociedad.

En esta línea, la estrategia incorpora perspectiva de género y derechos humanos, contempla sectores vulnerables; cuestiones y previsiones específicas vinculadas a los desarrollos tecnológicos como Internet de las Cosas (IoT), 5G y servicios de nube; temas de soberanía digital; y la gobernanza y colaboración adaptativa de múltiples partes interesadas.

En el marco de dar cumplimiento a los objetivos de la Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad se convocarán a las distintas empresas, universidades y actores del ecosistema de ciberseguridad para impulsar compromisos y actividades con el objetivo de dar cumplimiento a los 8 principios rectores, los 8 objetivos concretos y las 42 acciones.

Con este paso, el Gobierno argentino se compromete a seguir fortaleciendo la normativa en materia de ciberseguridad, promoviendo una cultura consciente y proactiva en materia de seguridad informática.