La República Argentina tiene una extensa trayectoria en el reconocimiento de derechos de mujeres y LGBTI+ y en el avance de la institucionalidad de género. ONU Mujeres junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó a nuestro país como ejemplo local en políticas públicas con perspectiva de género para mitigar la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. La legislación conquistada en las últimas décadas, junto a la puesta en marcha de políticas públicas para erradicar las violencias y promover la igualdad por parte del Poder Ejecutivo en todos sus niveles, ubica al Estado argentino en una posición de liderazgo en materia de género y diversidad a nivel mundial.

Esto fue resultado del encuentro de la fuerza de las organizaciones de mujeres y de la diversidad con la voluntad política de avanzar en una agenda de ampliación de derechos que elevó los estándares de igualdad y respeto de la diversidad en todo el territorio nacional.

La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación representó un salto cualitativo que implicó, por primera vez, ubicar a los temas de género y diversidad en lo más alto de la estructura organizativa del Estado. En el mismo sentido, desde diciembre de 2019 se crearon 315 áreas de género y diversidad municipales y provinciales en todo el país y 5 provincias elevaron la jerarquía de sus áreas de género a rango de ministerio.

Esta institucionalidad fue clave para el impulso de leyes fundamentales y políticas públicas que vinieron a reforzar un ya robusto plexo normativo en materia de género, diversidad y derechos humanos. La sanción de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo; de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia; de Equidad en Medios; de Cupo Laboral Travesti Trans a nivel nacional y en 9 provincias; el decreto de DNI no binario; las leyes y programas de reparación trans logradas en 4 provincias del país; las leyes y programas de acceso igualitario a la gestión menstrual en 7 provincias; la conquista de la paridad en cargos de representación en 22 de las 24 jurisdicciones del país; son 18 las iniciativas de presupuestos con perspectiva de género en las provincias argentinas, y tantas otras iniciativas que constituyen hoy un sólido piso de garantía de derechos.

Junto a la creación y fortalecimiento de las áreas de género y diversidad se impulsó un cambio de paradigma en el abordaje de las violencias por motivos de género que implicó dejar atrás un esquema de atención basado solo en la emergencia para priorizar una mirada integral que apunte a la modificación de las condiciones de vida estructurales de las personas en situación de violencia de género. Así el foco en estos años fue puesto en fortalecer la independencia económica para acompañar la construcción de proyectos de vida libres de violencias.

Las cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la Argentina siguen siendo alarmantes. Los datos oficiales que dió a conocer la Corte Suprema de Justicia nos muestran lo que siempre supimos: la violencia es estructural. Sin embargo, la tendencia a la baja durante el período del 2020 al 2022 es alentadora. No hay nada que festejar, pero nos indica que el camino recorrido no ha sido en vano.

Los femicidios, transfemicidios y travesticidios son la manifestación extrema de una violencia que sufren las mujeres y LGTBI todos los días en distintos ámbitos. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres 5 de cada 10 mujeres encuestadas dijeron haber sufrido violencia de género en algún momento de su vida. Esto quiere decir que la violencia por motivos de género es una problemática estructural y compleja, por lo tanto nos llevará muchos años poder construir esa sociedad con igualdad y justicia social que tanto anhelamos. Exactamente, necesitamos 151 años para alcanzar la paridad en el mundo según el Foro Económico Mundial.

El camino es profundizar y fortalecer el trabajo de todos los ministerios y áreas de género del país para que las políticas de prevención y erradicación de las violencias por motivos de género sean una política de estado más allá de los gobiernos de turno.

Del mismo modo los ministerios y áreas de género fueron claves para impulsar políticas que favorezcan la igualdad y la inclusión. Así se buscó promover la inserción de mujeres y LGBTI+ en sectores estratégicos de la economía, históricamente ocupados por varones, con la convicción de que más igualdad, es mejor desarrollo. Hoy, son 8 las provincias que tienen programas de inserción laboral activos, desde los que se trabaja en favor de la incorporación de mujeres y LGBTI+ en la minería, en la programación, en la economía del conocimiento, en el transporte, en la construcción, entre otros ámbitos fundamentales para el crecimiento económico.

Erradicar las violencias de género y achicar las desigualdades requiere del compromiso de todos los organismos y niveles del estado, y de la sociedad en su conjunto. En estos cuatro años se ha fortalecido el trabajo articulado entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios en materia de políticas de igualdad y contra las violencias de género. Profundizar la mayor coordinación intergubernamental, interjurisdiccional e intersectorial es fundamental para mejorar las respuestas del Estado.

Son los ministerios, secretarías y áreas de género nacionales y de todo el país quienes garantizan e impulsan la transversalidad de la perspectiva de género en el Estado, en todos sus niveles.

Los avances han sido múltiples y en todo el país. No obstante, sabemos que falta. Aún tenemos deudas fundamentales con la sociedad como lo es avanzar en sistemas integrales de cuidados que garanticen la universalidad del acceso al derecho a cuidar y a recibir cuidados y que, en ese marco, promuevan sistemas de licencias más igualitarios. Sabemos que las desigualdades de género están presentes en nuestra sociedad y que la población travesti trans es una de las más vulneradas. Tenemos una deuda con ellxs. Promover leyes integrales que garanticen el pleno acceso a derechos en todos los ámbitos es un desafío y una urgencia.

Seguir fortaleciendo el trabajo de provincias y municipios desde el Gobierno Nacional solo es posible con un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fuerte y jerarquizado. Seguir garantizando que las provincias y municipios respondan a la demanda de mujeres y LGBTI+ en cada territorio, sólo es posible si esas áreas continúan creciendo en cada territorio.

Las representantes de las provincias que conformamos este Consejo Federal manifestamos nuestro compromiso con la institucionalidad construida porque sabemos que constituye un estándar del que no podemos retroceder y un piso desde el cuál seguir trabajando por la igualdad y contra toda forma de violencia por motivos de género.

La agenda de género y diversidad es una agenda de mayorías. Estamos hablando de las necesidades y derechos de más de la mitad de la población e impacta en toda la sociedad. No es posible pensar en el desarrollo y crecimiento del país sin las mujeres, sin disidencias, sin igualdad, sin inclusión.

Tenemos claro que debemos seguir trabajando por las conquistas que faltan. También sabemos que la única manera de poder hacerlo es defendiendo lo hasta aquí construido, porque garantizar más igualdad y menos violencias es necesariamente con más derechos garantizados, con más y mejor Estado. Nuestras agendas no pueden ser territorio de disputa ni de banalización. Nuestras agendas son agendas de derechos humanos. Por eso no vamos a permitir ni un paso atrás.