La Titular de la AAIP, Beatriz Anchorena, participó de la primera reunión del Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú, encabezada por Agustín Rossi, jefe de Gabinete de Ministros y Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

El Gabinete Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú tiene como objetivo impulsar un abordaje integral y transversal para posibilitar un efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por Argentina, así como articular las acciones que se definan de cara a la implementación progresiva y efectiva del acuerdo.

Anchorena destacó que “la AAIP no solo promueve y garantiza el derecho de acceso a la información, sino que tiene la enorme tarea de articular acciones al interior del Estado que permitan un acceso incremental a la información pública como derecho humano esencial y como puerta de entrada hacia el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido también impulsamos la transparencia de las políticas y la participación pública para que cada ciudadano y ciudadana pueda ejercer sus derechos de manera informada y consciente”.

"La democracia ambiental constituye el pilar fundamental en el que se sostiene y se alza el Acuerdo de Escazú. Este principio es el cimiento que reconoce la trascendencia del acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia como elementos fundamentales. Tenemos que reconocer que las decisiones que afectan a nuestro ambiente y nuestra calidad de vida no pueden ser tomadas sin la mirada y juicio de los ciudadanos y ciudadanas” agregó Anchorena.

Participó también de la actividad Lorena Salim, directora Nacional de Políticas de Acceso a la Información Pública de la AAIP.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -más conocido como Acuerdo de Escazú- es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y El Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Su carácter vinculante pone en cabeza del Estado Nacional una serie de obligaciones y exige acciones proactivas para la promoción y garantía de los derechos de acceso.