A 68 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que se investigue como crimen de lesa humanidad y que se realice un juicio por la verdad en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas luego de tantos años de impunidad.

En el escrito presentado este jueves en el juzgado federal 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría sostuvo la necesidad de esclarecer estos crímenes basada en el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina.

El 16 de junio 1955, sectores de la aviación de la Armada y de la Fuerza Aérea lanzaron bombas y ametrallaron zonas estratégicas con el objetivo de derrocar y asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. El ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas entre las 12:40 y las 17:40 y tuvo como blancos principales edificios del gobierno, como la Casa Rosada, el Ministerio de Ejército y la residencia presidencial, y las plazas de Mayo y Colón. Contaron además con el apoyo de tropas terrestres de la Marina y de grupos de civiles.

Fueron más de 300 las personas asesinadas y más de 1200 los heridos. El mayor número de víctimas se registró en la zona de Plaza de Mayo, donde ese mediodía se realizaba un acto de apoyo al gobierno de Perón. Ni el presidente ni sus ministros se encontraban en la Casa Rosada, por lo que se constituyó desde el inicio como una agresión hacia las y los civiles con el objetivo de sembrar el terror entre la población y, así, quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional.

El ataque sentó las bases para que pocos meses después, en septiembre de ese mismo año, se efectivizara el derrocamiento de Perón y la llegada dictadura cívico militar autodenominada “Revolución Libertadora”.

A pesar del tiempo transcurrido, estos hechos nunca fueron investigados. Aunque es claro que los responsables materiales e intelectuales en su mayoría ya han fallecido, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad.

La presentación ante la justicia federal fue realizada de manera coordinada con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y familiares de las víctimas, que también solicitaron el esclarecimiento de los hechos.

El reclamo de verdad y reparación en causas históricas sobre violaciones a los derechos humanos se enmarca en una decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de impulsar su reconocimiento como delitos de lesa humanidad.

El antecedente más importante es el juicio por la verdad de la “Masacre de Napalpí”, que se realizó entre abril y mayo del 2022, en el que la justicia federal reconoció la responsabilidad estatal en el fusilamiento de miembros de las comunidades Moqoit y Qom en 1924 y ordenó medidas reparatorias. La Secretaría participó de manera activa en el debate e integra la mesa ejecutora de la sentencia que se encuentra trabajando en su implementación.

En diciembre del año pasado, la Secretaría se presentó como querellante en la causa que tramita en la justicia federal de Santa Cruz para investigar los fusilamientos de obreros rurales entre 1921 y 1922 en la denominada “Patagonia rebelde”.