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Audiencia histórica en el juicio “Brigadas”: declararon cinco mujeres trans que fueron víctimas del terrorismo de Estado

Lo hicieron en el debate que abarca crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención denominados “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield” y “El Infierno”, que funcionaron en dependencias de la Policía Bonaerense.

En una jornada emblemática para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, este martes declararon en el juicio “Brigadas” cinco mujeres trans que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. Las sobrevivientes Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta González, Analía Mártires Velázquez y Marcela Daniela Viegas Pedro testimoniaron sobre los crímenes específicos que sufrió el colectivo travesti/trans durante el terrorismo de Estado.

Todas ellas se prostituían para vivir. En varias oportunidades fueron secuestradas en la calle por las fuerzas de seguridad y llevadas al centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, que funcionaba en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense en Banfield, en el que convivían presos comunes con las personas desaparecidas. Las cinco declararon que mientras estaban cautivas sufrieron torturas, vejaciones y violaciones.

Carla Gutiérrez contó que fue llevada varias veces a ese lugar, donde vivió un “calvario”. “Tenía 14 o 15 años. Me sacaron los zapatos que llevaba, me dejaron media desnuda, y para comer tenía que pedirle si tenían alguna sobra y para eso había que pagar. El pagar de ellos era con sexo”.

“Tenía 17 años cuando me llevaron adentro del baúl de un auto. Pensaba que me iban a matar, pero gracias a dios no sucedió. Fui muy maltratada, violada, [sufrí] cortes de pelo, palos. Pasé hambre, frío, y querían sexo. Y si no había sexo eran palos”, relató Paola Alagastino sobre su cautiverio en 1977.

Ambas sobrevivientes declararon por videoconferencia desde Italia, donde residen desde hace años. Explicaron que mientras estuvieron secuestradas en celdas individuales, en otro piso se escuchaban los gritos de las personas que eran torturadas. “Las luces vibraban”, señaló Alagastino.

Analía Velásquez declaró haber estado seis o siete veces en el “Pozo de Banfield”. “He pasado torturas de todo tipo, [incluso] psicológico, me han violado, he escuchado cosas muy horribles por las noches. Continuamente se sentía la muerte; se sentían los gritos de las personas a las que les daban picana”.

Marcela fue detenida-desaparecida a fines de 1978 o principios de 1979. Fue secuestrada una noche, encapuchada y llevada a un lugar que desconocía. A diferencia de las otras sobrevivientes, ella sí fue torturada con picana eléctrica. “Sistemáticamente me venían a buscar, me ponían una capucha, me tiraban en una cama, me ataban y me ponían ‘220’. Ellos querían que dijera los nombres de los chicos con los que salía, sus domicilios y de qué hablaban, pero mi única relación con ellos era sexual, no conocía siquiera sus nombres. No sólo eso; sino también me violaban y después me volvían a la celda”, recordó conmocionada.

Julieta González tenía 19 años cuando fue detenida ilegalmente en la Brigada de Investigaciones de San Martín y luego en Banfield. “Nos hacían cocinar, lavar los autos, limpiar y abusaban sexualmente de nosotras”, dijo; y declaró que escuchó contantes gritos de dolor así como los llantos de un bebé que nació en ese lugar.

Luego de las víctimas, la última en declarar fue la testigo especialista Marlene Wayar, psicóloga social y activista trans, quien explicó la persecución sufrida por el colectivo travesti/trans durante la dictadura. “En este período podemos marcar una reintensificación de la persecución y una especificidad para conseguir un perfil ciudadano obediente, nacionalista, enmarcado dentro del concepto de heterosexualidad obligatoria”, explicó. La experta sostuvo: “La travesti es la evidencia misma de esa disidencia. El cuerpo es la evidencia”. “Entendían a las disidencias sexuales en el ejercicio de la prostitución como una amenaza al pensamiento nacional, cristiano, familiero”, añadió.

El juicio “Brigadas”, que comenzó en octubre de 2020, tiene a 15 represores acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en este debate y acompaña a sobrevivientes y familiares a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas.

Hoy en Argentina se están llevando adelante más de 10 juicios orales en diferentes provincias. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas. Podés encontrar estos y otros datos en juiciosdelesahumanidad.ar, una web que reúne la información de todos los debates, con seguimiento de testimonios, sentencias y audiencias en vivo.

Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco.

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