Desde marzo del año pasado, la Secretaría participó de más de 70 discusiones en todo el país sobre prisiones domiciliarias, libertad condicional y apartamiento del proceso por problemas de salud en el marco de causas como “Megacausa ESMA”, “Vuelos de la muerte de Campo de Mayo”, “Las Brigadas”, “Quinto Cuerpo del Ejército”, “Acindar”, “Megacausa III Santiago del Estero”, “La Veloz del Norte” de Salta, “Margarita Belén” de Chaco, “Zuñiga” de La Plata,
entre muchas otras.

El seguimiento integral del otorgamiento de estos beneficios en causas vinculadas al terrorismo de Estado es realizado a través de los equipos de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de Derechos Humanos.

El cuerpo de peritos y peritas, creado en agosto del 2021, participa en las juntas médicas ante pedidos de beneficios por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar el proceso penal. Su trabajo permitió revertir diagnósticos que habían justificado cambios en las condiciones de detención o impedían juzgar a algunos de los acusados, como fue el caso del ex juez federal Santiago Olmedo de Arzuaga, en el que se demostró que había simulado para ser apartado del juicio pocos días antes de que fuera condenado a seis años de prisión en abril del año pasado.

En simultáneo, las querellas institucionales de la Secretaría en todo el país trabajan en las diferentes instancias judiciales para que los condenados cumplan efectivamente su pena en unidades carcelarias y que no se otorguen las prisiones domiciliarias de manera arbitraria.

Entre los casos más recientes, en los últimos meses la Secretaría reclamó a la justicia federal de Resistencia que se le revoque este beneficio al represor Jorge Daniel Rafael Carnero por haber violado las condiciones al salir de su casa sin autorización y presentó un recurso de casación contra la libertad condicional concedida a Juan Carlos Fotea, ex miembro de la Policía Federal que integró el grupo de tareas de la ESMA y fue condenado en dos oportunidades a 25 años de prisión. También se logró que se rechacen pedidos como el del ex militar Roberto Carlos Brunello, quien pretendía lograr la domiciliaria tras estar prófugo de la justicia federal de Bahía Blanca durante 7 años, y que volvieran a prisión condenados como el ex miembro de la Policía Federal Jorge Alberto Blanco, de La Plata, y el ex agente del Servicio Penitenciario Federal Héctor Horacio Marc.

Por su parte, la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas es la encargada de recabar y trasmitir a los tribunales la opinión de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado frente a los planteos liberatorios de los represores. Así, y en el marco de las facultades garantizadas por la Ley de Víctimas, la Secretaría ha impulsado en algunos casos, en articulación con otras querellas y el Ministerio Público Fiscal, la realización de audiencias públicas para que sean escuchadas las personas que sufrieron esos crímenes antes de que se resuelvan las excarcelaciones.

La Secretaría de Derechos Humanos además realizó un relevamiento de las unidades penales de Ezeiza y de Campo de Mayo, donde se concentra la mayor cantidad de detenidos por crímenes de lesa humanidad, y remitió un informe a juzgados federales y fiscalías de todo el país para que sea tenido en cuenta al momento de decidir sobre las condiciones de detención. Un grupo interdisciplinario comprobó que estas unidades penitenciarias tienen las condiciones adecuadas para alojar a personas de edad avanzada y con problemas de salud; excluyendo la opción automática de la prisión domiciliaria.

Frente a graves violaciones de derechos humanos, los Estados tienen el deber de juzgar y sancionar a los responsables, y de asegurar que las penas sean cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad. Sin embargo, en los últimos años se profundizó el otorgamiento de prisiones domiciliarias, que es hoy el principal método de detención en causas por crímenes de lesa humanidad.

Según datos del Ministerio Público Fiscal, apenas un tercio de las personas investigadas se encuentran detenidas (717 sobre 2223 en diciembre de 2022) y menos del 25% de ellos están en una cárcel común: el resto cumple en su hogar la prisión preventiva o su condena. En Bahía Blanca, por ejemplo, en el juicio denominado “Quinto Cuerpo del Ejército”, de los 37 imputados sólo 3 se encuentran en una unidad penal, a pesar de que gran parte de ellos ya tiene condenas previas.

A través del control estricto, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y evitar así decisiones arbitrarias que puedan exponer a las víctimas y familiares y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.