La resolución firmada por el jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina, almirante Julio Guardia, y solicitada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa se enmarca en el compromiso asumido por la cartera de implementar una política de los derechos humanos e integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, donde resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad.

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio actuó de oficio ante la confirmación de la sentencia condenatoria del cabo primero Marandino por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia. La Ley N° 19.101 para el Personal Militar, establece la baja obligatoria de los condenados como consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme.

En ese sentido, se subraya que los crímenes por los que ha sido condenado Marandino constituyen delitos de lesa humanidad. La comisión de tales crímenes implica una serie de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, entre ellos el deber estatal de garantizar la sanción adecuada para los responsables.

Se establece también que se ha puesto en conocimiento para su cumplimiento al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), a la Dirección de Personal de la Armada, y al Instituto de Obra Social de las FFAA y de Seguridad (IOSFA).