En el marco de la 123° asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, firmó los convenios con las provincias de San Luis y Mendoza que desde este año comenzarán a aplicar el sistema, con lo que ya son 22 las jurisdicciones que adhirieron.

“El derecho a la educación se protege con inversión y con política pública. Este sistema va a permitir tener registrado a las chicas y los chicos de todo el sistema educativo argentino, desde el nivel inicial al secundario, y saber qué pasa con cada una y cada uno de ellos”, explicó Perczyk.

Precisó que además “le posibilita a cada escuela saber cómo le fue en términos de presencia y pedagógicos a sus estudiantes”.

Destacó que SIniDE Gestión Escolar “surgió de un acuerdo político en el Consejo Federal de Educación y lo hace una universidad pública nacional, lo cual tiene un valor enorme porque es uno de los primeros sistemas que es federal y es un producto que la Argentina puede ofrecer a otros países”.

El SIniDE Gestión Escolar, implementado a través de la Secretaría de Información y Evaluación Educativa, permite gestionar digitalmente en tiempo real desde el aula las trayectorias escolares y pedagógicas: asistencia diaria (causas de inasistencias), calificaciones, promociones y titulaciones.

Además genera alertas tempranas para prevenir el abandono y la intermitencia escolar; consolida un registro nominal de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario y favorece el diseño de políticas de revinculación para casos generales e individuales.

Las funcionalidades del nuevo SInIDE Gestión Escolar contribuyen a mejorar la administración diaria de las escuelas, despapelizar las áreas administrativas de la escuela y eliminar la duplicación de tareas.

San Luis y Mendoza su suman ahora a las otras 22 jurisdicciones incorporadas al sistema que son Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

“Esta política es un hito trascendente para el sistema educativo argentino porque posibilita registrar los 14 años de la educación obligatoria de cada estudiante, cumplir con la Ley de Cédula Escolar sancionada en 2018 pero no reglamentada y garantizar el derecho a la educación”, señaló el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola.