En zonas alejadas de las grandes ciudades, hay abogadas/os, trabajadoras/es sociales, psicólogas/os, médicos/as y administrativas/os del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que todas las semanas recorren localidades alejadas del norte argentino. Tal es el caso de las comunidades diaguitas-calchaquí que habitan en la región y que reciben atención en los Centros de Acceso a la Justicia.

Dora Clarisa Suárez es una autoridad de la comunidad indígena diaguita-calchaquí de Fuerte Alto, provincia de Salta. Una comunidad que vive del cultivo y la producción que luego venden en el mercado del pueblo: “Existen más de diez comunidades en el departamento de Cachi (Salta), que luchamos de la misma forma todos, haciendo fuerza todos para fortalecernos y que nadie nos diga ‘no existen’; acá estamos, al frente”.

Dora explicó por qué es importante que un CAJ esté cerca de las comunidades: “Por ahí nosotros como que somos gente sumisa y muy callada, entonces está bien que respalden mucho nuestras problemáticas, las necesidades de cada miembro, de cada comunidad”.

Marcela Mon, coordinadora regional del Corredor Norandino, explicó que “el CAJ intenta articular para poder hacer llegar todas las políticas públicas a los lugares más alejados dentro de nuestras posibilidades”.

Y agregó que “son siete postas, sociales, legales y sanitarias, que brindan un servicio integral y articulado en zonas rurales, quizás alejadas de la urbanidad y la característica particular de este corredor es justamente su emplazamiento en zonas rurales”.

Los CAJ, apoyo y sostén

La primera unidad móvil constituyó el Centro de Acceso a Justicia número 90 y funciona desde 2018 en Susques, Jujuy.

Presta servicio una vez por semana en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de esa localidad y el resto de los días hábiles recorre un radio de hasta 200 km por día para llevar servicios de atención legal y salud a los territorios más complejos. Como éste funcionan las unidades móviles de Amaicha del Valle (Tucumán), Campo Gallo (Santiago del Estero), Los Robles (La Rioja), Belén (Catamarca), Ingeniero Juárez (Formosa) y Cachi y Santa Victoria Este (ambos en Salta).

En Tucumán, el cacique de la comunidad Indígena de Amaicha del Valle, Miguel Flores, también ponderó el trabajo de los CAJ. “Es un apoyo y es un sostén que nosotros tenemos, que podemos tranquilamente apoyarnos en ellos y consultar muchas cosas que quizás nosotros no entendemos, y tenemos esa posibilidad cierta de que nos puedan asesorar, que nos puedan acompañar y, por sobre todo, hacerlo con respeto”, dijo.

A pocos kilómetros de Amaicha, el cacique Francisco Solano de la comunidad indígena Quilmes contó que la comunidad la viene “remando hace mucho tiempo; con el tema agua, con el tema territorio, con la tala de los bosques y los recursos, obviamente, como el ripio, la arena, la piedra, y otros más que defiende, que cuida la comunidad, cuida para sí mismos, para nosotros”.

“El Centro de Acceso desde hace un par de años nos están acompañando. Nosotros estamos buscando que realmente, cuando tenemos algún problema, tratar de hablar con ellos para que podamos reunirnos y conversar e ir allanando el camino”, contó sobre la llegada de los CAJ.

El excacique de Amaicha del Valle y abogado de comunidades indígenas Eduardo Nieva detalló que el CAJ es “sumamente estratégico para resolver estas cuestiones internas y la falta de accesibilidad a la justicia en todo el territorio nacional con participación indígena”.