Durante el evento que se realizó en el Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, el Estado argentino reconoció su responsabilidad ante la CIDH por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente en materia de violencia por motivos de género, aplicable también a los crímenes contra el colectivo LGBTI+. Por otro lado, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) se comprometió a fortalecer el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género (CAAVVG), aumentando la cantidad de profesionales con el objetivo de incrementar la representación del Cuerpo en un mayor número de jurisdicciones del país, a quienes capacitará de forma periódica.

A su vez, el acuerdo plantea una serie de medidas de reparación simbólica y económica para las víctimas y sus familiares. Entre los compromisos asumidos se destacan políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género, en particular, en razón de la orientación sexual, identidad de género, su expresión y/o característica sexual y a todos aquellos hechos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad.

Octavio Romero, quien se desempeñaba como suboficial 1° de la Prefectura Naval Argentina, fue visto por última vez el 11 de junio de 2011 cuando salió de su hogar para encontrarse con un grupo de amigos. El joven fue encontrado muerto, 6 días después, en el Río de la Plata, desnudo y con rastros de golpes. De acuerdo a la autopsia realizada, la muerte del efectivo de la PNA fue producto de la “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”.

Ante la falta de respuestas en la investigación, su pareja Gabriel Gersbach, denunció a la República Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana. Según Gersbach, el hecho se trató de un crímen de odio en razón de la orientación sexual de Octavio Romero. Según su exposición, previo a su desaparición, Romero habría solicitado autorización al Prefecto Nacional Naval para contraer matrimonio con su pareja, lo que lo iba a convertir en “el primer uniformado en contraer matrimonio homosexual en Argentina”.

El encuentro contó con la participación de Gabriel Gersbach, pareja de Octavio Romero e impulsor de las medidas ante la CIDH, de Sebastián Ezequiel Pilo, parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Pedro Paradiso Sottile, de Fundación Igualdad; Victor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de Naciones Unidas; y Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos. Por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) estuvo también la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Greta Pena.