La condena no tuvo en cuenta el agravante que correspondía por tratarse de miembros de una fuerza de seguridad, lo que hubiera elevado la pena a prisión perpetua para el homicida, tal como solicitó el fiscal.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participó del juicio como observador, y se presentará ante la Cámara de Apelaciones como amicus curiae para solicitar que se aplique el agravante.

Tal como dispusieron los legisladores al sancionar el Código Penal, existe un reproche mucho más grave cuando el que mata es un miembro de una fuerza de seguridad con el arma oficial que le da el Estado para cuidar a los ciudadanos. Por eso es importante que el Poder Judicial respete las leyes para que no haya impunidad y evitar que casos como estos se repitan.

El caso

La mañana del 4 de julio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19, José Avila iba como acompañante en una moto a trabajar a la feria de Villa El Libertador, cuando los policías Navarro y Juárez quisieron detenerlos. El conductor se desvió hacia su casa y los agentes comenzaron a perseguirlos.

Avila y su amigo lograron entrar al domicilio, pero desde afuera el policía Navarro apoyó su pistola en la puerta y disparó. La bala atravesó la puerta y mató a “Beco” Avila, de 35 años de edad.

Luego, los policías subieron a sus motos y se fueron, sin llamar a los servicios de emergencia ni dar aviso a sus superiores.