La Oficina Anticorrupción (OA) participó 14°sesión de la Comunidad de práctica intergubernamental sobre empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe que tuvo como eje temático el análisis de los planes de acción nacionales (PAN) como oportunidad para impulsar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, fomentar la influencia política responsable y la rendición de cuentas y prevenir la corrupción.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Anita Ramasastry y Fernanda Hopenhaym quienes presentaron el informe del Grupo de Trabajo sobre la Relación entre la cuestión de las empresas y los derechos humanos y las actividades de lucha contra la corrupción.

Por su parte, Fernanda Hopenhaym, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, se refirió a la Influencia de las empresas en temas de política pública. “Estamos hablando de la influencia de las empresas sobre actores políticos a través de lobby directo o indirecto, a través de asociaciones o cámaras empresariales, contribuciones a campañas políticas y el fenómeno de la puerta giratoria”, enumeró.

“En latinoamérica el lobby no está regulado en casi ningún país, y puede ser un elemento de riesgo cuando no hay transparencia ni base de datos de lobbistas. Esto puede generar una influencia indebida del sector privado en la vida pública”, dijo, y agregó que los “conflictos de intereses, o las prácticas de contratación que no atienden el fenómeno de la puerta giratoria, pueden tener un impacto en los derechos humanos”. En ese sentido, mencionó la presión a los Estados para la adquisición de vacunas. Fueron presionados para tener ciertos tipos de contratos, incluyendo cláusulas de confidencialidad. Esto es un claro ejemplo de la influencia de un sector y cómo afecta al derecho a la salud”, finalizó Hopenhaym.

A su turno, Anita Ramasastry, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Grupo de trabajo explicó que en el informe “analizamos a los actores que forman parte de los actores de corrupción” comprendiendo que “la corrupción es más que un delito económico y que tiene un impacto en los derechos humanos”. En este sentido, mencionó algunas de las “sugerencias o recomendaciones para poner atención tanto los gobiernos como las empresas” que se presentan en el informe tales como el apoyo de los gobiernos “para que desarrollen planes de acción nacional” con el fin de impulsar acciones contra la corrupción y evitar los abusos a los derechos humanos en áreas como medioambiente y salud.

Seguidamente, el subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Luis Villanueva realizó una presentación sobre las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno de Argentina para impulsar el respeto de los derechos humanos en el marco de la lucha anticorrupción. En este contexto, el funcionario presentó el Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP). “Es una plataforma donde los funcionarios cargan información cuando llegan y cuando se van; su finalidad es prevenir conflictos de intereses o procesos de captura de la decisión pública”, resumió. Además, Villanueva comentó que se está por presentar el proyecto de una nueva Ley de Ética Pública, “que procura entender que la corrupción requiere para su prevención un trabajo sistémico. Por eso incorporamos al sector privado a la prevención de la corrupción”.

Luego Villanueva sostuvo que “se ha venido desarrollando un quiebre en determinados enfoques, que es salir de la lógica de centrar el fenómeno de la corrupción en lo que pasa en el sector público. Se ha desatendido la relación entre público y privado, que es donde sucede. Es un fenómeno complejo, multicausal, y tenemos que pensarlo en articulación con el sector privado”. En este sentido, presentó el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). Explicó que este registro fue creado en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, la academia y diversos representantes de empresas.

Villanueva detalló el funcionamiento del RITE y agregó que “la empresa que aporta información puede utilizar la plataforma para hacer un trabajo de debida diligencia. Trabajamos con empresas públicas, provincias, municipios, para que lo utilicen y se lo requiera a su cadena de valor. Generamos un incentivo, porque hay un interés económico en estar registrado y aportar información para tener un negocio”. El próximo paso en el RITE es el trabajo en los formularios que incluyan temas relacionados a medio ambiente y género y diversidad. “Son cuestiones que la sociedad argentina ha venido desarrollando; hay un espacio de personas, que son los oficiales de cumplimiento, que están interesados en poder avanzar en este sentido”.

Más adelante, Nancy Camacho secretaria ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México detalló la transversalidad de los derechos humanos haciendo un repaso de los antecedentes normativos, de las políticas que se implementaron y de la agenda de trabajo en la materia. Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, la funcionaria contó que tiene como base la idea de “delimitar y coordinar para entender a la corrupción como un problema en el que interactúan diversos sectores y que es transversal, donde se necesita la cooperación del sector privado, de los órganos de control interno y de la ciudadanía”. En este sentido, Camacho destacó el eje central de dicha iniciativa que es el Comité de participación ciudadana el cual lidera los esfuerzos con la secretaría ejecutiva.

La funcionaria mexicana reforzó la idea de “no estigmatizar a las empresas que tiene un rol positivo en el fomento al empleo, pero también en los valores y que permee en las cadenas productivas y las relaciones con el gobierno. De esta manera la empresa puede ser ejemplo para otras conductas en otros sectores”.
En representación del sector empresarial, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y presidente de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio expuso sobre la estrategia de conducta empresarial responsable. La misma fue lanzada en 2021 por la Cámara y tiene dentro del marco conceptual “la comprensión de que todas las instituciones tienen la necesidad de conectarse mejor con el entorno en el que operan, entendiendo a las empresas como actores estratégicos para el desarrollo”.

En este marco, Uribe destacó el rol de las empresas en la sociedad y remarcó la necesidad de las mismas de “transformarse comprendiendo los niveles de riesgo y donde se requiere promover e impulsar una estrategia de cumplimiento de derechos humanos donde de está la lucha contra la corrupción”. El objetivo de las iniciativas es “ayudar a las empresas que construyan un modelo de negocio que genere rentabilidad económica tenga impacto positivo en el entorno en el que operan”, contó.

Luego de las exposiciones se dio lugar a un intercambio de prácticas entre los países de la región y un bloque de consultas y comentarios.