La ceremonia de firma del acuerdo tuvo lugar esta mañana en la sede del Archivo Nacional de la Memoria de la Ex ESMA, y contó con la participación del secretario Horacio Pietragalla Corti; el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos de la Cancillería, Javier Salgado; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula Litvachky; y Carlos Maciel Buzzi, hijo de María del Carmen.

También asistieron representantes y familiares de la señora Senem de Buzzi, autoridades ejecutivas y judiciales nacionales y provinciales, miembros del Órgano de Revisión de Salud Mental y el Consejo Consultivo.

“Es un acto de reparación necesario, no sólo para la víctima sino también para hechos que sucedieron a lo largo de nuestra historia con las mismas características, y bajo la mirada de un poder judicial patriarcal que todavía seguimos exigiendo que se ponga a la altura de nuestra democracia, y que pueda entender los errores que cometió en el pasado y los que todavía sigue cometiendo”, afirmó Pietragalla tras la firma del acuerdo. “Pensar políticas de salud mental disociadas de una política de derechos humanos es un error conceptual y creemos que no puede haber una política de protección sin una perspectiva que garantice la promoción y defensa de los derechos humanos”, concluyó.

“Es muy conmovedor haber llegado a la firma de este acuerdo, fueron muchos años de lucha en los que quienes tuvimos oportunidad de conocer a María del Carmen, fuimos testigos de su tenacidad y su trabajo permanente en la búsqueda de justicia”, destacó la coordinadora del equipo de Salud Mental del CELS, Macarena Sabín Paz. En este sentido, afirmó que “se trata de un hecho histórico que marca un antes y un después, pero que este acto de reparación llegue cuando María del Carmen ya no se encuentra entre nosotros, tiene que ver con la lentitud en el acceso a la justicia, al derecho a ser oído y a un tratamiento de salud mental sin una mirada patologizante, que recae con mayor fuerza sobre las mujeres”.

También se sumó al encuentro de manera virtual la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, quien destacó el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado argentino frente “al grave maltrato institucional que sufrió María del Carmen, tanto desde la justicia como desde el sistema de salud mental, lo que acarreó terribles consecuencias sobre su integridad personal”. La relatora reflexionó que “este caso nos recuerda la importancia de una justicia con una perspectiva interseccional, con enfoque en salud mental y género para la toma de decisiones fundadas en el respeto a los derechos humanos” y manifestó la voluntad de la CIDH para colaborar con las autoridades argentinas para la plena implementación de la ley de salud mental.

Pietragalla estuvo acompañado además por la directora nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, Mariana Moreno; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels; la vicepresidenta regional por Cuyo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adriana García Nieto; y la Secretaria Ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, María Graciela Iglesias.

El 20 de octubre de 1993, María del Carmen Senem de Buzzi se presentó en un juzgado de familia a solicitar un tratamiento para su hijo. A partir de esta presentación, una jueza nacional ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica que duró apenas unos minutos y dispuso su internación forzosa, en violación de la legislación vigente en ese momento.

María del Carmen fue trasladada a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo detenida por casi cinco meses. Las condiciones de internación eran muy precarias y le provocaron distintas enfermedades. Su voz y opinión fueron ignoradas de manera sistemática y jamás pudo conocer la razón por la que se encontraba allí, ni recibió información sobre su tratamiento médico, ni de parte del personal de la clínica ni de algún representante legal.

Durante todo ese tiempo, los defensores públicos no se contactaron con ella ni realizaron actos procesales eficaces y adecuados para la defensa de sus derechos. El juzgado no controló la internación ni veló adecuadamente por su libertad e integridad. Cuando finalmente salió del centro psiquiátrico, presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado. Le negaron la posibilidad de tener justicia y reparación por los daños sufridos. María del Carmen murió en febrero de 2019, y su hijo Maciel continúa su legado.

El caso resulta paradigmático porque muestra cuál era la respuesta estatal que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental en Argentina antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. También invita a reflexionar sobre las prácticas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos que aún persisten, a pesar de la vigencia de la ley.

El acuerdo alcanzado entre las partes que se firmó hoy establece medidas de naturaleza estructural, como por ejemplo, la promoción para la creación de órganos de revisión en todas las provincias del país, la presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la Provincia de Buenos Aires y la adopción de las normas de habilitación y supervisión para el funcionamiento de los efectores de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires; capacitaciones y formación en salud mental y derechos humanos para funcionarios y magistrados del ámbito judicial; la promoción de la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental; y otras medidas de difusión y publicidad del acuerdo y de los derechos de personas usuarias de atención psico-social.

Estuvieron presentes en el acto la subsecretaria de Gestión e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, Edith Benedetti; la secretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky; el Coordinador de la Unidad de Letrados art. 22 Ley 26.657 del Ministerio Público de la Defensa, Mariano Laufer; la Directora del Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, Alejandra Barcala; y autoridades del Consejo Consultivo de Salud Mental. Asistieron también el presidente de la Comisión Derecho y Salud Mental, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y redactor de temas de capacidad jurídica e internación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Alfredo Kraut; la subsecretaria Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Anadón; y representantes de organizaciones de la Red de Usuarios.