El titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, del Ministerio de Desarrollo Social, participó en la Casa Rosada de la presentación al presidente Alberto Fernández del anteproyecto de ley que busca incorporar al Código Penal los delitos de compra-venta de niñas, niños y adolescentes y su adopción ilegal.

La iniciativa busca dar cumplimiento a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Fornerón e hija” en 2012 en el que el estado argentino avaló la entrega irregular de una niña y desestimó las denuncias de uno de sus progenitores.

El titular de la SENAF participó junto con el ministro de Justicia, Martín Soria, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, la defensora general de la Nación Argentina, Stella Maris Martínez, y el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Horacio Pietragalla Corti. También estuvo presente la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla Falcón.

“Este anteproyecto penaliza la entrega y la recepción niñas y niños en las cuales se altera su identidad, también cuando se realiza con fines de una adopción irregular o ilegal e incluye a quienes las facilitan, promueven o son intermediarios. Este tipo penal, que viene a complementar la reforma del Código Civil y Comercial de 2014, además de reducir el margen para que existan estas entregas y recepciones ilegales ayudará a ordenar el sistema de adopción en Argentina”, analizó Lerner y agregó: “Estamos convencidos que es una norma necesaria, que tiene un amplio consenso de especialistas y organizaciones con compromiso con las infancias”.

Esta adecuación de la normativa local a los acuerdos internacionales firmados por la Argentina prevé incorporar tres figuras penales que sancionan la compraventa de niños, niñas y adolescentes e incluir la adopción irregular de chicas y chicos al Código Penal para alcanzar a todos los actores que participan de la secuencia del delito.

El proyecto es el resultado del trabajo conjunto realizado en el marco de la Mesa de Trabajo constituida a mediados de 2021 por la secretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y el Observatorio de DDHH del Senado. En dicha Mesa, participaron en la elaboración del anteproyecto de Ley: Leonardo Fornerón, la CIDH, las comisiones de legislación penal de ambas Cámaras del Congreso, presididas por el Senador Oscar Parrilli y la diputada Carolina Gaillard, el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes, la secretaría de DDHH, UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo, el Ministerio Público, la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENAF.

Para la calificación legal y la cuantificación de la pena se tuvo especial consideración las observaciones realizadas por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quien requirió hacer una correcta demarcación para que la iniciativa no colisione con las conductas previstas por el art. 146 del Código Penal, permitiendo la impunidad o la reducción de la pena de los apropiadores de niños durante la última dictadura militar.

Su aprobación del proyecto sumaría a nuestro país a la lista de países que tipifican expresamente la adopción ilegal como Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Alemania, Francia, España, Ucrania y Portugal.