El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, entregaron al presidente Alberto Fernández un anteproyecto de ley para tipificar en el Código Penal los delitos de compra venta de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, que debe ser enviada al Congreso para su sanción, permitirá dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en el año 2012.

“Es un proyecto muy importante porque el Ejecutivo nacional va a saldar una deuda histórica con Leonardo Fornerón y con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene diez años. Por eso fue muy importante poder trabajar con los representantes de Leonardo en esta inicitativa”, expresó el secretario de Derechos Humanos.

El 27 de abril del 2012, la Corte IDH condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija.

En su fallo, el organismo internacional le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la compra-venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.

El anteproyecto de ley fue elaborado en conjunto por un equipo de trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, a cargo de Martín Fresneda.

Participaron de los debates la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla; la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, Carolina Gaillard; el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, Oscar Parrilli; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños del Ministerio público, Pablo Parenti; la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham; representantes de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos de la Cancillería; de UNICEF Argentina; de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Defensoría General de la Nación, así como Margarita Nicoliche, representante de Leonardo Fornerón.

El anteproyecto prevé incorporar figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes en el Código Penal. De ese modo, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitadores e intermediarios.

Asimismo, el texto establece la competencia de la Justicia Federal para estos delitos e incorpora previsiones referidas a su prescripción.

También participaron del encuentro con el Presidente, la presidenta de la CIDH, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi; la defensora de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, el secretario de Niñez Adolescencia y Familia, y la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

La sentencia de la Corte IDH en el Caso "Fornerón e Hija vs. Argentina" es emblemática. Se refiere a la guarda judicial y posterior adopción de Milagros, sin contar con el consentimiento de su padre biológico, Leonardo Fornerón, así como a la falta de establecimiento de un régimen de visitas y a la ausencia de una investigación penal efectiva sobre la supuesta “venta” de la niña al matrimonio de guarda. Por todo ello, Fornerón presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue luego elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana dictó sentencia, considerando al Estado argentino responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la protección a la familia establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija, y estableció una serie de medidas reparatorias.