La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa que investiga el ataque a la casa de la calle Corro 105, en el barrio porteño de Villa Luro, el 29 de septiembre de 1976.

Durante ese operativo ilegal, realizado por fuerzas conjuntas que reportaban al Primer Cuerpo del Ejército y el Grupo de Artillería Aérea 101 (GADA), fueron asesinados cinco militantes de Montoneros, Alberto José Molina Benuzzi, María Victoria Walsh (hija del periodista Rodolfo Walsh), Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel.

Además, otras 4 personas que vivían allí fueron secuestradas y, tras su paso por Campo de Mayo, fueron liberadas: Maricel Mainer, su madre Lucy Gómez de Mainer, su hermano Juan Cristóbal Mainer y su marido Ramón Alcides Baravalle.

El expediente está a cargo del juzgado federal 3 de Daniel Rafecas, quien a mediados de diciembre pasado ordenó la detención e indagó a diez de los presuntos responsables, todos ex miembros del GADA 101: Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras, Danilo Antonio González, Abel Enrique Re, Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Guillermo César Viola y Domingo Armando Giordano.

Lo ocurrido esa mañana fue reconstruido en un informe realizado en 2015 por el ex Programa Verdad y Justicia. A partir del Libro Histórico del GADA 101, se logró establecer que durante el operativo se movilizaron más de 200 efectivos del Ejército con el objetivo de atacar la casa durante una reunión de la Secretaría Política Nacional de Montoneros. También participaron miembros de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería con 3 vehículos de asalto y Bomberos de la Policía Federal.

Esa investigación detectó que el operativo tuvo estrecha vinculación con hechos ocurridos en la provincia de Córdoba, donde una semana antes fue secuestrada María Magdalena Mainer. Días después, su familia fue secuestrada en el mismo operativo de la calle Corro, donde vivían. La joven fue llevada al Centro Clandestino de Detención y Exterminio “La Perla”, luego trasladada a La Plata y asesinada en noviembre de 1978.

También surge de ese informe la posible participación del teniente primero Ernesto Guillermo Barreiro, quien integraba el Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. En su legajo se menciona que el operativo se originó a partir de su “investigación personal” y que luego se trasladó a Buenos Aires para ser parte de las operaciones. También figuran allí las felicitaciones de sus superiores en Córdoba y del jefe del GADA 101.

La presentación como querellante forma parte del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad promovido por la Secretaría, que establece entre sus prioridades el impulso enérgico y sin demoras de estos juicios. Durante 2021, se presentaron 45 nuevas querellas en todo el país y la Secretaría trabaja en más de 260 causas activas.

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