La Maestría en Abogacía del Estado ECAE- UNTREF se ha propuesto por misión contribuir a un Estado fuerte, arbitral y solidario de plena defensa de los intereses de las mayorías, que tenga por norte una igualdad efectiva tendiente a reforzar los lazos sociales y a contribuir a una sociedad más justa, soberana y de tutela del interés colectivo. Jerarquizar la abogacía estatal ha significado dotar de las herramientas imprescindibles para su ejercicio para así contribuir a una abogacía pública de calidad y de excelencia pero sustanciada en valores y principios democráticos. No sólo busca formar, por lo tanto, mejores profesionales sino también mejores ciudadanos/as.

Estas Jornadas, en un contexto aún de pandemia, fueron una manera de comenzar el acercamiento que esperamos este año sea más presencial que virtual. Atravesamos tiempos de múltiples aprendizajes personales y colectivos. Tanto la ECAE como la UNTREF convocaron a estas jornadas con el orgullo del resultado logrado ante tan compleja coyuntura, pero especialmente para celebrar tanto la aptitud de las/os profesoras/es como la calidad de las/os estudiantes.

El tema del panel que abrió la segunda jornada estuvo ligado a discusiones sobre la Constitución, el principio democrático y la libertad de expresión. El especialista en derecho constitucional, Gustavo Ferreyra, expuso sobre el principio democrático y la Constitución en la que aseguró que “no hay democracia sin Constitución, pero tampoco debería existir la Constitución sin la ciudadanía". Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, reflexionó sobre Derecho administrativo y libertad de expresión. En tal sentido, planteó que “no es posible hablar de una democracia plena sin libertad de expresión" y realizó un especial énfasis en que “la ironía de la libertad de expresión es que el Estado es hoy quien la regula para evitar que alguien la acapare”. Por último, Nicolás Cendoya, ex director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación de Uruguay, deliberó sobre inteligencia artificial y la regulación jurídica del acto administrativo.

La discusión del panel octavo giró en torno a la relación entre perspectiva de género y derecho administrativo. Claudia Caputi, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, indicó que “el factor más desafiante que tiene el derecho en la actualidad es que género y sexo no son lo mismo". A la vez, señaló a la erradicación de la violencia como uno de los “objetivos del derecho”. Por otro lado, Rodolfo Facio, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, analizó las tendencias y problemáticas respecto de la perspectiva de género en la jurisprudencia administrativa.

La discusión del noveno panel giró en torno a los servicios públicos y las infraestructuras. Ignacio de la Riva, doctor en derecho, se refirió a la importancia del desarrollo de infraestructuras junto a los derechos sociales. En ese sentido, señaló que “los países no funcionan sin una infraestructuras moderna y hacen falta varias décadas de inversiones en infraestructuras". Juan González Mora, especialista en administración, analizó las condiciones de vulnerabilidad de los usuarios de los servicios públicos y explicó que “en la Constitución el usuario es el centro de los servicios”. Finalmente, Iván Budassi, responsable de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas de la presidencia de la Nación, hizo hincapié en la relación entre las ciencias del comportamiento con la regulación administrativa. Explicó que es central “estructurar una visión racional para la toma de decisiones” que impacte de manera positiva para “codificar la gran cantidad de sesgos que tenemos”.

La temática del décimo panel fue sobre derechos sociales y medidas de protección. En primer lugar, Rafael Valim, abogado brasileño, disertó sobre las nuevas perspectivas de la discrecionalidad administrativa haciendo especial hincapié en algunas problemáticas que atraviesa su país. Finalmente, Pablo Cabral, subdirector de la ECAE, reflexionó sobre los derechos sociales, vulnerabilidades y medidas de protección. En ese sentido, planteó que “hay un abordaje clásico de construcción de normas antidiscriminatorias” y explicó que la “Corte Suprema ha aplicado la teoría de las categorías sospechosas en varios de sus fallos”.

El panel número once giró en torno a la discusión sobre el control judicial de la administración y el control de convencionalidad. La apertura estuvo a cargo de Alejandro Uslenghi, abogado especializado en derecho administrativo y administración pública, quien reflexionó sobre el control judicial de las políticas públicas y los derechos humanos. Luego, Pablo Gallegos Fedriani, juez de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, se refirió a las tendencias actuales del control judicial de las sanciones administrativas y destacó que “las sanciones no tienen materia penal absoluta”. A la vez, aseguró que “las sanciones administrativas pueden ser incluso peores que la pérdida de la libertad” y sentenció que “las facultades discrecionales de la administración no pueden ser confundidas con lo que hace un juez”. Finalmente, Pablo Gutiérrez Colantuono, conjuez federal, se refirió al control de convencionalidad en sede judicial y administrativa y advirtió que “las administraciones públicas no pueden funcionar como si estuvieran antes de 1994”.

El siguiente panel, el 12, tuvo como temática el derecho ambiental y la protección del patrimonio cultural. Homero Bibiloni, especialista en derecho administrativo y ambiental, realizó una exposición sobre patrimonio ambiental, soberanía, gestión transversal y derecho administrativo en el siglo XXI. El académico explicó que “el mercado es el que impacta negativamente sobre los bienes y el funcionamiento del ecosistema” y agregó que “el derecho es una cuota parte de la complejidad ambiental”. Isaac Augusto Damsky, profesor de derecho administrativo, se expresó sobre las significancias de la protección del patrimonio cultural de las ciudades y advirtió que “antes de la reforma Constitucional de 1994 el patrimonio cultural no era conceptualizado como un derecho”. Finalmente, Matías Posdeley, prosecretario letrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pronunció sobre la participación ciudadana en la planificación de las obras públicas en el proceso de integración socio-urbana de barrios populares.

El panel de cierre tuvo como eje el control de la actividad administrativa en el ámbito provincial. Luis Eduardo Rey Vázquez, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Corrientes, reflexionó sobre el control judicial y las nuevas tendencias procesales y explicó que “una de las novedades más saliente son los procesos con sujetos vulnerables y el uso de lenguaje claro”. Luego, Marcelo Schreginger, juez de la Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás, se refirió al impacto que la pandemia produjo en la justicia y destacó que era indispensable “garantizar el acceso a la justicia para quienes necesitaban una respuesta inminente". Además, el magistrado hizo hincapié en la importancia de que la “implementación de la tecnología digital pueda ser utilizada” por la ciudadanía. José Sappa, juez del Tribunal Superior de Justicia de La Pampa, disertó sobre la perspectiva de género en la gestión de la justicia y planteó que “la perspectiva de género constituye una categoría analítica que deberá ser abordada por las diferentes ramas del derecho”. Además, destacó que en Argentina es “obligatoria” la capacitación en género para aquellas personas que trabajan en la Administración Pública. El broche de oro de la jornada estuvo a cargo de Tomás Hutchinson, una de las mayores eminencias en derecho administrativo del país, quien reflexionó sobre la necesidad de reformar la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Creo que ya es hora de cambiar la ley de procedimiento. Para el catedrático, dicha normativa “está muy desactualizada” y es importante “actualizarla porque es tiempo de pensar que se administran personas y bienes”.