La Maestría en Abogacía del Estado ECAE- UNTREF se ha propuesto por misión contribuir a un Estado fuerte, arbitral y solidario de plena defensa de los intereses de las mayorías, que tenga por norte una igualdad efectiva tendiente a reforzar los lazos sociales y a contribuir a una sociedad más justa, soberana y de tutela del interés colectivo. Jerarquizar la abogacía estatal ha significado dotar de las herramientas imprescindibles para su ejercicio para así contribuir a una abogacía pública de calidad y de excelencia pero sustanciada en valores y principios democráticos. No sólo busca formar, por lo tanto, mejores profesionales sino también mejores ciudadanos/as.

Estas Jornadas, en un contexto aún de pandemia, fueron una manera de comenzar el acercamiento que esperamos este año sea más presencial que virtual. Atravesamos tiempos de múltiples aprendizajes personales y colectivos. Tanto la ECAE como la UNTREF convocaron a estas jornadas con el orgullo del resultado logrado ante tan compleja coyuntura, pero especialmente para celebrar tanto la aptitud de las/os profesoras/es como la calidad de las/os estudiantes.

En el Panel “Procedimiento y acto administrativo” Fabián Canda, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, reflexionó sobre procedimiento administrativo y derecho ambiental y destacó que “el derecho administrativo es un balance entre garantías y prerrogativas”. Por su parte, Pablo Perrino, conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, disertó sobre tutela administrativa efectiva y consideró que la misma “requiere que el Estado haga lo razonablemente necesario para asegurar su ejercicio". Por su parte, Carlos Nielsen Enemark, magíster en Derecho Administrativo, se refirió a las tendencias actuales de la suspensión del acto administrativo. El cierre del panel estuvo a cargo de Patricio Sanmartino, director académico de la Maestría en Abogacía del Estado, quien analizó el amparo constitucional frente a los actos y omisiones de las autoridades públicas y destacó que se trata de un “proceso constitucional porque está llamado a reestablecer los derechos fundamentales y asegurar su eficacia normativa”.

El contenido del segundo panel estuvo vinculado a la responsabilidad del Estado. Mabel Vieito, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se refirió a los factores de atribución en la responsabilidad del Estado y aseguró que "en los países más prósperos los ciudadanos suelen tener más exigencias por parte del Estado". José Ignacio López, abogado, docente y especialista en difusión jurídica, al considerar las cuestiones de responsabilidad del Estado indicó que “es preferible contar con un catálogo legal antes que con uno jurisprudencial". Finalmente, Ana Salvatelli, integrante del Consejo de la Magistratura, realizó un planteo sobre los desafíos en materia de responsabilidad del Estado.

La temática del tercer panel estuvo ligada a los contratos públicos. Eduardo Mertehikian, especialista en Derecho Público, Administrativo y Regulatorio, analizó la excepción de incumplimiento en los contratos administrativos en el nuevo Código Civil y Comercial. Por su parte, Hugo Torres, Director Nacional de Análisis Legal y Regulatorio de Proyectos de Participación Público Privada de la Jefatura de Gabinete, reflexionó sobre el impacto de los programas de integridad en los procedimientos de selección. Además, Susana Vega, directora de Planeamiento y Monitoreo Presupuestario del Ministerio de Justicia de la Nación, se refirió a los problemas actuales y las perspectivas a futuro de los contratos públicos, los cuales tienen un “gran significado para la economía”. Finalmente, Marcos Serrano, especialista en derecho administrativo, realizó un recorrido por las compras públicas estratégicas subrayando su importancia y advirtió que la “contratación pública se encuentra en un estado de transformación”.

El cuarto panel que trató sobre integridad y la transparencia contó con la participación de Miriam Ivanega, directora ejecutiva de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, quien indicó que “no es posible hablar de integridad si no nos referimos a la sanción”. Por su parte Luis Villanueva, Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, se refirió al valor de lo público al momento de pensar la transparencia y reafirmó la pertinencia de las jornadas al indicar que “estamos en un muy buen momento para discutir sobre política pública”. Por último, la Subsecretaria de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, Daniela Valentini, se explayó en torno al vínculo entre transparencia y tecnología. Durante su exposición definió como “fundamental” el derecho al acceso a internet y advirtió que “no cualquier decisión administrativa puede ser objeto de automatización”.

La temática del quinto panel estuvo relacionada con las tendencias actuales de la doctrina administrativa de la Procuración del Tesoro. El primer expositor fue Gustavo Silva Tamayo, doctor en ciencias jurídicas, especialista en derecho administrativo y Director Nacional de Dictámenes de la PTN, quien reflexionó sobre los principios del procedimiento administrativo en la doctrina de la Procuración del Tesoro. Acto seguido, Nora Vignolo hizo alusión a las tendencias actuales del empleo público en la doctrina de la PTN. Por último, Graciela Filardi se refirió a los principios del derecho administrativo e hizo hincapié en la manera en la que “la sociedad mira al Estado a través de los agentes públicos”.

El sexto panel, que cerró la primera jornada, tuvo como orador inicial a David Kronzonas, doctor en ciencias sociales e integrante de la ECAE, quien se refirió a la tensión entre los principios de igualdad y libertad en el sistema democrático. Luego, Claudio Martyniuk, docente y académico, se refirió a la fragilidad de los principios. Por su parte, Guido Croxatto, director de la ECAE, reflexionó sobre la jerarquización de la abogacía pública al mismo tiempo que planteó la necesidad de “reconstruirla”. Finalmente, Domingo Sesin, Vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, repasó cómo funciona el control de las políticas públicas con perspectivas de derechos humanos.