La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), del Ministerio de Desarrollo Social, concretó la realización de “Mesas Territoriales sobre el Abordaje del Abuso Sexual contra las Infancias y el Embarazo Forzado ” para articular la labor de autoridades y equipos técnicos de organismos nacionales y provinciales que intervienen ante estas graves vulneraciones de derechos.

El informe de sistematización de estas acciones identificó tanto los aspectos a mejorar, así como los avances y logros alcanzados para fortalecer los mecanismos de detección temprana y denuncia de estas situaciones, entre otros aspectos.

La iniciativa se desarrolló entre los meses de junio y noviembre, a través la Dirección Nacional de Sistemas de Protección de la SENAF, en articulación con el Cuerpo de Abogadas para Víctimas de Violencia de Género de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Equipo de Protección de Derechos de UNICEF-Argentina.

“Estos espacios fueron muy valorados porque pudimos poner en común miradas y criterios entre todos los que intervenimos en estas situaciones, y no encontrarnos únicamente en la urgencia. De hecho, varios de los que participaron no se conocían de forma directa y pudieron encontrarse, al menos en forma virtual, por primera vez. Construir consensos es el primer paso para trabajar territorialmente en un mismo sentido.

En definitiva, para todos se trata de lo mismo: proteger y restituir derechos de chicos y chicas. Por eso, pensamos que estas Mesas van a continuar en cada provincia”, expresó la directora nacional de Sistemas de Protección de la SENAF, Mariana Melgarejo.

El abuso sexual contra las infancias es una forma específica de violencia contra niños, niñas y adolescentes asociada a prácticas sexuales impuestas por una persona adulta, que pueden ir desde tocamientos, exposición de los órganos sexuales y masturbación frente a un niño, niña o adolescente, hasta violaciones. El Sistema de Protección Integral debe abordar estas situaciones articuladamente desde los distintos organismos, entidades y servicios públicos que lo componen (Art. 32, Ley 26.061), de manera corresponsable, para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por esa razón, se organizaron las Mesas Territoriales en las que participaron autoridades y referentes de niñez, justicia, salud, género, educación, entre otras áreas directamente involucradas en el abordaje del tema. En total, participaron 252 personas en las mesas de discusión con decisores y otras 565, en las mesas con los equipos técnicos.

En la primera etapa de trabajo, se realizaron cuatro mesas regionales y once provinciales (Corrientes, Chaco, Formosa, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Misiones, Entre Ríos), previendo desplegar esta estrategia al resto del país en la etapa siguiente.

Como resultado de la sistematización de estos quince encuentros se confeccionó un informe, que fue presentado en tres Mesas de Devolución regionales. En esta instancia se identificaron aspectos a mejorar, como la falta de articulación entre áreas y provincias, la necesidad de construir criterios comunes en los abordajes, la importancia de la formación y capacitación actualizada para los equipos técnicos, entre otros.

También se resaltaron avances y logros, como la creación de mesas o de órganos específicos para promover el seguimiento, el análisis y la evaluación de la gestión en las provincias de los casos de abuso sexual contra las infancias y el embarazo forzado, las orientaciones para fortalecer las articulaciones, la creación o actualización de protocolos vigentes y guías de comunicación interinstitucionales, el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y detección temprana de estas situaciones, las acciones de sensibilización y de capacitación sobre temáticas como perspectiva de género y derechos humanos, la información sobre los alcances de la interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILE / IVE), entre otros.