El encuentro realizado el jueves 25 de noviembre forma parte del ciclo “Corrupción, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible”, organizado de manera conjunta entre la Oficina Anticorrupción (OA) junto al Observatorio de Políticas de Justicia y Seguridad Pública del Centro de Estudios de Innovación Institucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Estas acciones impulsadas desde la OA se desarrollan también en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que apunta a transversalizar las políticas preventivas de la corrupción articulando con provincias y municipios con perspectiva de género, derechos humanos y medioambiente.

El objetivo de esta jornada fue reflexionar sobre el modo en que la corrupción, como fenómeno complejo y multidimensional, impacta en la gestión de recursos naturales, de modo tal de construir un diagnóstico que permita marcar el espacio de acción para el diseño de una política integral sobre la gestión ambiental que incorpore una perspectiva de transparencia e integridad. La pregunta disparadora de las ponencias fue: ¿qué impacto real o potencial tiene las conductas alejadas en la integridad en el campo del medioambiente?.

La primera exposición estuvo a cargo de Gabriela Merlinski, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en la UBA, quien hizo hincapié la necesidad de atender “cuestiones vinculadas con el control” previo a que “se instale un emprendimiento” que “producen grandes volúmenes de ganancias pero que tienen consecuencias de mediano y largo plazo”. “Necesitamos conectar fuertemente estos temas con la categoría de modernización ecológica, los problemas ambientales empiezan a entrar en el mundo corporativo”, dijo Merlinski.

Seguidamente, Verónica Gómez Tomás, de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos “Xumek” explicó: “en cuanto al medioambiente, la conducta apartada de la integridad genera un daño a un ecosistema, y hay que saber que los daños causados al medioambiente son a menudos irreversibles”. En este sentido declaró que “el derecho ambiental es de naturaleza preventiva”, y agregó: “la prioridad es evitar que el daño se produzca. Cualquier conducta alejada de la integridad es susceptible de tener consecuencias graves sobre el medioambiente”.

Más adelante, María Gabriela Blanco, analista de la Oficina Anticorrupción expuso sobre la necesidad de cruzar las agendas de ambiente, ética y transparencia y dijo que las “distorsiones en las matrices productivas, económicas, ecológicos en distintos países se agudizan cuando se escinde el concepto de integridad del de sustentabilidad como si se tratara de cuestiones separadas llegando a una visión incompleta” que “ignora por completo los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos de vida de las culturas”. También explicó que esta “mirada reduccionista analiza la corrupción, alejándola de la perspectiva que la considera como una práctica social que sostiene un orden desigual, comprendiéndola como un mero acto egoísta, simple, reducido”. Desde esa concepción, planteó la necesidad de reformular estas concepciones para “entender a la sustentabilidad y la ética junto con la integridad y analizar las distintas dimensiones donde se puede dar el cruce de agenda”. Por último, Blanco se refirió a la elaboración participativa del proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que impulsó la OA “que recoge la cuestión ambiental” y “se prevén líneas ambientales sobre todo en protección y preservación del medioambiente”.

El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de Melina Tobías, investigadora del CONICET, quien planteó pensar “en dos tipos de impactos: los socio ambientales y otros institucionales”. En este marco se refirió “al peso que ejercen los grandes grupos económicos centrados en la explotación de recursos ambientales”. En su exposición, Tobías sugirió una “agenda para pensar esta relación entre medioambiente y ética o corrupción” marcando algunas líneas para debatir las “tensiones sobre las competencias entre las provincias y el Estado nacional” en relación a las regulaciones; los “mecanismos de licencia social para incorporar realmente a la población”, y por último “pensar qué pasa con las grandes obras y con las temporalidades que muchas veces superan los tiempos políticos”.

El seminario estuvo moderado por Paula Canelo, del CONICET- Red Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad (EMIC).

El próximo y último encuentro será el lunes 29 de noviembre a las 17 horas y tendrá como eje “Empresas, integridad, derechos humanos y desarrollo sostenible”.

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