La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que desestime los recursos extraordinarios de las defensas de dos ex gerentes de Ford Motor Argentina, Héctor Sibilla y Pedro Müller, y del ex militar Santiago Omar Riveros y que deje así firmes sus condenas por crímenes de lesa humanidad.

Durante la dictadura cívico-militar, Sibilla fue jefe de Seguridad y Müller fue Gerente de Manufactura de Ford Motor Argentina e integrante del Directorio de la firma. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín los juzgó durante 2018 y los consideró partícipes necesarios de los secuestros y tormentos que sufrieron 24 trabajadores y delegados de la planta de Ford de Pacheco.

Por esos crímenes recibieron penas de 10 y 12 años de prisión respectivamente en la primera condena en Argentina a altos funcionarios de una empresa multinacional durante el terrorismo de Estado. El ex militar Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, recibió 15 años de prisión.

La sentencia fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal a fines de septiembre de este año, casi tres años después de la condena, al rechazar los planteos de las defensas. En respuesta, impulsaron recursos extraordinarios para que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia.

En las tres presentaciones, la Secretaría solicitó que los recursos sean declarados inadmisibles y así queden firmes las condenas. Se resaltó que durante el debate –y la confirmación de Casación- quedó probado el rol que desempeñó cada uno de los condenados en relación a los hechos y que los recursos logísticos y materiales de la empresa fueron indispensables para cometerlos. También se destacó que no existe ninguna cuestión federal que justifique la intervención de la Corte Suprema.

17 trabajadores fueron secuestrados en el lugar de trabajo y a otros 7 los “chuparon” desde las direcciones que constaban en la empresa Ford como sus domicilios. Se probó además la utilización de listados, información y fotografías que únicamente tenía en su poder la empresa, así como de vehículos e instalaciones clave.

Müller ostentaba un puesto clave en la estructura de la automotriz, ya que era Director titular de Ford desde 1974, y reemplazaba al Presidente de la firma en su ausencia, siendo la autoridad máxima de la planta en su carácter de Gerente de Manufactura.

Sibilla tenía a cargo la seguridad de la planta automotriz, era militar retirado y los informes de la DIPBA dan cuenta de su contacto con dicho organismo de inteligencia. La prueba acredita su involucramiento personal en los hechos, su control físico de los puntos de acceso y egreso de la planta, donde fueron secuestrados la mayoría de los trabajadores y luego mantenidos privados de su libertad y sometidos a tormentos en el centro clandestino de detención que funcionó en el quincho de la empresa.

En el caso de Riveros, como jefe del Comando de Institutos Militares tenía el control operativo en la llamada Zona de Defensa IV por lo que dirigió todas las acciones de represión ilegal que se realizaron en ese territorio, incluyendo la ejercida contra los/as trabajadores/as de Ford.

El impulso enérgico de los juicios, en particular de aquellos que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos, es una prioridad del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad promovido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La causa Ford es un caso emblemático sobre la participación empresarial en la represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas, y es imprescindible que se llegue a una condena firme sin más dilaciones. Una gran cantidad de víctimas, la última de ellas el extrabajador y delegado de Ford Motor Argentina, Pedro Troiani, fallecieron sin ver firme la sentencia a sus victimarios.

Los crímenes padecidos por trabajadores y trabajadoras de Ford y sus familias, así como la falta de una respuesta judicial adecuada, fueron constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que las demoras comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino.