Durante su exposición con alumnos y alumnas de la ECAE, Rivero explicó que el Ministerio de Salud “recibió varios planteos judiciales que no estaban a la altura de la gravedad del problema” que representa la pandemia. Muchas de esas demandas atentaban contra el plan de vacunación o recomendaciones establecidas por el mencionado organismo y “el apartarse de las directivas del plan estratégico y de las recomendaciones y las medidas que toma el Ministerio de Salud puede poner en riesgo el interés público en defensa de un interés individual”. “Yo entiendo que valorar la situación de un particular, sin valorar el contexto, es peligroso para toda la sociedad”, planteó Rivero.

La titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos remarcó que cuando en diciembre de 2020 llegaron las primeras vacunas se diseñó el mencionado Plan Estratégico de Vacunación, cuyo objetivo fue “disminuir la mortalidad, la morbilidad y las consecuencias de riesgos económicos a los que estábamos expuestos a raíz de la pandemia”. Además, explicó: “El plan estaba diseñado en base a la disponibilidad de la vacuna y a determinados criterios epidemiológicos estableciendo una población objetiva y una priorizada. Dentro de esa población objetiva, que fue prevista en forma escalonada y progresiva, se establecieron rangos que podían recibir la vacuna de manera simultánea y sucesiva: salud, adultos mayores, fuerzas armadas, docentes, etc. Hoy en día, menores de 18 están recibiendo vacunas”.

Algunas de las dificultades que afrontaron, tal como se adelantó unos párrafos más arriba, estuvieron ligadas a que el plan estratégico fue “objeto de juicios en donde (particulares) reclamaban ser tenidos en cuenta dentro de estos grupos establecidos en el plan, y que originariamente no habían sido tenidos en cuenta (para las primeras etapas)”. Esto significó que Salud recibiera varios amparos, como por ejemplo, el de una persona con síndrome de down que, al no estar contemplada en los primeros lugares del plan estratégico, “inició una acción para que sea priorizada en el rango de adultos de 70 años y pretendió tener carácter colectivo para todas las personas discapacitadas”. En ese caso, el juez hizo lugar al pedido y dispuso que se contemplado. Sin embargo, de manera simultánea el Ministerio de Salud incorporó a las personas con síndrome down dentro del calendario.

Rivero recalcó que ante cada planteo su sector “defendió la fundamentación científica del plan, con especial énfasis en que el diseño y la evidencia no podían ser objetos de un análisis o una impugnación judicial”.

Por último, Gaspar Tizio, Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, remarcó algunas dificultades surgidas a raíz de lo que denominó “judicialización de la pandemia”, tales como pedidos de acceso a la información pública o datos sobre vacunas que aún no estaban siendo aplicadas a la población.