MESA 1. Lawfare: una agenda de investigación

Coordinación
Silvina Romano (CELAG/ CONICET/ IEALC-UBA/ CLACSO)
Rafael Britto Londoño (CELAG)

Fundamentación
El lawfare es uno de los temas más polémicos de la agenda política y mediática de América Latina en los últimos cinco años. Existen diversos antecedentes y abordajes que se han enunciado en trabajos anteriores. En nuestra región, si bien se retoma la parte nuclear de la noción de lawfare -el uso de la ley como un arma-, se le viene otorgando sentidos y alcances diferentes, asociados a la tensión de fondo entre determinados proyectos o procesos y la vía neoliberal. Se identifica al lawfare con una guerra judicial y mediática contra un enemigo que debe ser criminalizado y eliminado de la esfera política formal; en ocasiones se lo articula también de modo directo con aspectos geopolíticos. Pero es complejo afirmar que existe un uso y sentido unívoco. Por ello, el propósito de esta mesa es debatir en torno a los siguientes interrogantes: ¿Qué continuidades y rupturas existen, en términos conceptuales y políticos entre las definiciones de lawfare planteadas y utilizadas en países centrales y el modo en que se aplica en América Latina? ¿Qué carencias o vacíos presentan las perspectivas desde las que se está abordando en la actualidad? ¿Cuál es el límite en el uso del concepto o, en otras palabras, cómo evitar que el concepto pierda sentido e impacto?

MESA 2: Los efectos de la criminalización de la política

Coordinación
Maximiliano Rusconi (UBA/ USMP, Perú/ UP/ INECIP/ Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)
Gabriel Palmeiro (UBA)
Marcos Aldazabal (UBA)

Fundamentación
Desde la segunda posguerra, el equilibrio entre poderes estatales viró, de modo constante, hacia una preponderancia cada vez mayor del Poder Judicial, en desmedro del Ejecutivo y el Legislativo. Esto dio lugar a lo que se conoce como “la judicialización de la mega-política” (Hirschl, 2004). Cada vez más decisiones que antes eran consideradas competencia exclusiva de los poderes políticos pasaron a ser revisadas, e inclusive adoptadas, por órganos judiciales. Las definiciones judiciales sobre cuestiones identitarias, procesos electorales o la consagración de derechos fundamentales, antes debatidas por el Parlamento, quedaron supeditadas a decisiones judiciales. Mientras que la herramienta de expansión de la judicialización de la política fue el derecho constitucional, en los últimos años la injerencia del Poder Judicial sobre la actividad estatal se ha caracterizado por el empleo del derecho penal como vara de la conducta de los funcionarios públicos. De esta forma, y especialmente en Latinoamérica, a la judicialización se le añadió la criminalización de la política.

La novedad de este fenómeno hace que los estudios sobre el tema sean incipientes y que, por ello, también lo sean las certezas que tenemos sobre su funcionamiento. Además, estos estudios se han centrado, mayoritariamente, en tratar de entender las causas del ascenso de la criminalización de la política. Por el contrario, sus efectos han recibido escasa atención. En esta mesa nos propondremos, entonces, abordar este vacío y estudiar los efectos de la criminalización de la política. Lo haremos sobre tres ejes principales.

El primero es que una persecución desmedida socava la legitimidad de la justicia en general es contraproducente para el avance de los casos en los que sí se cometieron delitos. Gran parte de la literatura sobre persecución de la corrupción indica que, para obtener resultados, es necesario flexibilizar el uso del derecho y hasta apartarse de la ley: obtener confesiones forzadas, usar prisiones preventivas de modo extorsivo o filtrar información a los medios son presentadas como formas de romper la impunidad del poder. Sin embargo, esta perspectiva ha probado ser altamente disfuncional. Por un lado, las condenas por corrupción siguen siendo escasas y, muchas veces, sucumben debido a nulidades procesales derivadas del “vale todo”. Pero, por otro lado, el perseguir a cualquier precio y considerar que debe presumirse la culpabilidad de los funcionarios públicos atenta contra la legitimidad de los procesos en los que se investigan acciones que sin duda fueron delictivas. Es que, cuando la población percibe que el Poder Judicial actúa tendenciosamente y sin seguir reglas, su legitimidad se socava en general. De esta forma, cuando hay un caso que sí haya sido juzgado correctamente, la percepción va a ser, de todas maneras, que alguna irregularidad debió existir.

El segundo efecto a abordar es que la criminalización indiscriminada de funcionarios públicos desincentiva la acción estatal. Que todo acto administrativo pueda ser considerado un delito lleva a la parálisis. Cuando las normas no son claras, o son interpretadas extensivamente por el Poder Judicial, las personas no pueden guiar su conducta por la ley. En el caso de los funcionarios públicos, se da el fenómeno en el que no tienen forma de saber si su actividad, aún si se amolda a los reglamentos existentes, será considerada delito. El resultado es, en muchos casos, una parálisis de la actividad, ante el temor de una criminalización impredecible pero siempre amenazante. De modo similar, algunas de las personas más capacitadas para ejercer la función pública pueden optar por no hacer lo debido al temor de ser imputadas arbitrariamente.

El tercer efecto que abordaremos es que esta situación hace que el debate público se aleje de cuestiones que hacen a la vida de todos los ciudadanos y se vuelva un campo de acusaciones cruzadas. El ascenso de la “política mediante la denuncia” (Balán, 2013), consume el tiempo y la energía que deben asumirse para la gestión pública, que es el rol que les asignamos a nuestros representantes.

A estos efectos, probablemente, se les sumen muchos otros. El objetivo de esta mesa es discutir sobre los ejes planteados, pero también abrir la discusión a nuevos aportes e ideas que nos permitan comprender mejor la criminalización de la política.

MESA 3. Concepto de lawfare en la Teoría Constitucional y Política

Coordinación
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima (Universidade de Fortaleza, Brasil)
Ana Maria D’Ávila Lopes (Universidade de Fortaleza, Brasil)

Fundamentación
Desde principios del siglo XX, el uso del Derecho como arma contra los opositores políticos no representa prácticamente ninguna novedad. Es más, aún antes de la consolidación de experiencias autoritarias, ya se percibía que la Constitución y el Derecho podían ser herramientas contra ellos mismos, lo que se explica por la coexistencia de la normalidad y la arbitrariedad. Con la redemocratización de América Latina en los ochenta, el uso del Derecho como arma política comenzó a llamar la atención por suceder en un contexto de democracia, donde la arbitrariedad no estaba abiertamente presente, sino que se revelaba a través de la acción conjunta de actores judiciales y políticos, la burocracia judicial e investigativa, los partidos, los medios de comunicación y los grupos de presión política. El objetivo de esta sesión es discutir sobre esas formas y debatir si existe la posibilidad de establecer una norma constitucional que defienda la Constitución y el Derecho frente a la práctica del lawfare.

MESA 4. Lawfare y tendencias regulatorias neoliberales

Coordinación
Leticia Lorenzo (Colegio de Jueces del Interior, Neuquén/ UNLPam/ CEJA)
Gustavo Coppini (INECIP/ IIFAP-UNC/ CEGAPP/ MPF Córdoba)
Lourdes Compagnucci (IIFAP-UNC/ CEGAPP/ MPF Córdoba)

Fundamentación
La neoliberalización es una tendencia de cambio regulatorio que se caracteriza por priorizar las respuestas a los problemas de regulación institucional desde una perspectiva basada, orientada e impuesta por el mercado y por intensificar la mercantilización de todos los ámbitos de la vida social (Brenner, et. al, 2010, p.3). Nuestra hipótesis es que la justicia penal y los medios hegemónicos son el tándem que asegura hoy el emplazamiento coyuntural que necesita el esquema regulatorio neoliberal para permear toda América Latina. Asistimos a un desplazamiento o abducción del debate político hacia el campo de la justicia que abre un interrogante sobre el futuro de nuestras democracias. ¿Cuál es el vínculo entre la politización de la justicia y los procesos de neoliberalización que se vienen dando a nivel regional? ¿Cómo se legitima la intervención de juezas, jueces y fiscales en definiciones que determinan el horizonte macroeconómico o la política internacional de un país? ¿Cómo garantizamos que la coerción judicial no influya en los procesos electorales?

MESA 5. Lawfare, el camino al neoliberalismo y el retroceso en Derechos Humanos

Coordinación
Gerónimo Erdmann Mc Donald (SDH PBA/ UNLP)
Daniel Ignacio Arce (SDH PBA/ UNLP)
Santiago Paz (SDH PBA/ UNLP)

**Fundamentación **
Los Derechos Humanos tienen como característica central la “interdependencia”, la necesidad de entender que el conjunto de los derechos fundamentales se nutre mutuamente. El lawfare en Latinoamérica posee consecuencias directas que lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho y la forma republicana de gobierno, atento que coloca al Poder Judicial a disposición -y en defensa- de los poderes fácticos.

Sin embargo, entendemos el lawfare no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr un fin mayor: la implementación de un modelo de Estado gendarme y neoliberal, al servicio de unos pocos. Por ello, la propuesta es desarrollar el concepto y práctica del lawfare como un medio que genera las condiciones necesarias para establecer el neoliberalismo en Latinoamérica -fundamentalmente en países con procesos populares y nacionales-, erigiéndose como un sistema de ideas violatorio de los derechos humanos, generando altos niveles de dependencia y sometimiento.

MESA 6.Lawfare y judicialización de la política. Antecedentes históricos para pensar el presente e imaginar el futuro

Coordinación
Pablo Martín Méndez (CONICET/ UNLA/ UMET)

Fundamentación
Esta mesa invita a abordar los antecedentes históricos del lawfare como conjunto de prácticas y discursos que condicionan el escenario político, económico, social y cultural en la Argentina y América Latina. El punto de partida es la “judicialización de la política”, término utilizado para señalar la marcada intervención de los tribunales en la resolución de conflictos de interés público. La judicialización incluye una amplia variedad de prácticas, desde la canalización de las demandas y las protestas sociales -otrora articuladas por los partidos políticos y los sindicatos-, hasta la definición y ejecución de las políticas públicas. Algunos analistas han advertido que la judicialización emerge de la confluencia de diferentes fenómenos históricos, entre ellos, el auge del neoliberalismo, la difusión de las teorías neoinstitucionalistas y las reformas judiciales implementadas a partir de los años 80’ tanto en América Latina como en otros lugares del mundo. Se espera que la indagación de estos antecedentes permita comprender en mayor profundidad los efectos del lawfare en particular y de la judicialización en general. La mesa propone analizar dichos efectos en tres niveles complementarios: 1) la vulneración de los derechos de las personas directamente afectadas; 2) el condicionamiento de la agenda pública y el debate democrático, y 3) la transformación del Estado en un prestador de reglas jurídico-institucionales para la competencia del mercado, sustituyendo con ello los mecanismos históricos de igualación y protección de derechos.

MESA 7. Lawfare: la guerra jurídica con fines ilegítimos

Coordinación
Cristina Caamaño (AFI/ Justicia Legítima/ UBA/ IUNMA)
José Massoni (Oficina Anticorrupción/ Justicia Legítima)
Edgardo Mocca (UBA/ Justicia Legítima)

Fundamentación
El lawfare es una herramienta de persecución judicial de dirigentes populares que tiene por objeto dejarlos/as fuera de la competencia electoral. Así, la oferta de candidatas y candidatos se ve limitada a las personas aceptadas por los grupos de poder empresariales y mediáticos.

En el fuero penal en particular, el lawfare se traduce en un derecho procesal penal que viola las garantías constitucionales. Se inserta en viejos problemas del sistema que incluyen falta de legitimación democrática, opacidad ante la ciudadanía, la ausencia de control y de funcionamiento burocrático y pseudo-positivista deslindado de sensibilidades sociales.

Desde este marco analítico, se invita a presentar ponencias en los siguientes subtemas vinculados:
● Lawfare en el fuero civil y comercial federal
● Alteración de reglas de competencia federal y local
● Parcialidad judicial. Mesa Judicial
● La figura del arrepentido
● Escuchas telefónicas, allanamientos y detenciones irregulares
● Material probatorio endeble, fraguado o inexistente
● Prisión preventiva sin riesgos procesales
● El problema de la legitimación democrática
● Propuestas de reforma judicial
● El rol de los medios de comunicación y el lawfare.

MESA 8. Ingreso y remoción de jueces y fiscales: buscando garantías para no repetición de lawfare

Coordinación
Jorge Auat (Justicia Legítima)
Mario Portela (UNMDP/ANJUT/ Justicia Legítima)
César Sivo (UNMDP)

Fundamentación
Las ideas que giran sobre esta mesa se centran en la selección, acceso y remoción de magistrados y fiscales, ya que hablar de lawfare y cómo evitar que se repita sin trabajar ese tópico es como girar en redondo para que nada se modifique. Siendo el Poder Judicial el elemento neurálgico de esta cuestión, nos parece que es necesario analizar cómo "ingresan" y cómo “pueden ser sacados de su cargo", como una herramienta de efectiva búsqueda de erradicación de este tipo de prácticas como la que nos ocupa.

Naciones Unidas, por medio de su oficina del alto comisionado de Derechos Humanos, ha dicho: Para combatir la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para afrontar eficazmente las causas profundas de los conflictos y la represión es preciso establecer garantías de no repetición. Aunque esas garantías constituyen una forma de reparación, cumplen otros objetivos, como el de impedir que vuelvan a producirse ese tipo de violaciones. Asimismo, están orientadas hacia el futuro, puesto que benefician a la sociedad en su conjunto, y no solo a las víctimas. En el contexto de la justicia transicional, la reforma institucional se refiere a las garantías de no repetición destinadas a reformar las estructuras del Estado y de las instituciones que facilitaron o promovieron tales violaciones. De acuerdo con el principio 36 de los principios de lucha contra la impunidad, "los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, incluidas reformas legislativas y administrativas, para procurar que las instituciones públicas se organicen de manera de asegurar el respeto por el estado de derecho y la protección de los derechos humanos". Este principio establece que los Estados deben garantizar: la investigación de los antecedentes de candidatos a ejercer cargos públicos; un poder judicial independiente e imparcial; el control civil del ejército y los demás cuerpos de mantenimiento del orden; la existencia de procedimientos de denuncia; y la capacitación en materia de derechos humanos y derecho humanitario de los funcionarios públicos pertinentes. La reforma institucional es un elemento esencial de la justicia transicional, ya que tiene el potencial de desencadenar un cambio estructural. Sin embargo, es uno de los aspectos que menos se han estudiado y explorado. Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos se han centrado en la comprobación de los antecedentes de los funcionarios públicos, la reforma del sector de la seguridad y la reforma legislativa, dejando en gran medida intactas otras estructuras y leyes que hicieron posibles el conflicto y la represión. La experiencia demuestra que la selección de los funcionarios, la reforma del sector de la seguridad y la reforma legislativa son necesarias, pero pueden requerirse medidas adicionales. Habida cuenta de que la definición de lo que constituyen garantías de no repetición es amplia, y de que esas garantías pueden estudiarse y elaborarse cuidadosamente, albergan un gran potencial para hacer frente a las causas raíces de los conflictos y a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque esto puede suponer un reto desde el punto de vista político, los agentes que intervienen en la justicia transicional tienen que comprender la importancia de estos elementos y determinar la mejor manera de abordarlos.

Con ese norte y en esa inteligencia es que se propone dar abordaje a la cuestión traída a debate.

MESA 9. Reformas imprescindibles para mejorar la administración de justicia

Coordinación
José Massoni (Oficina Anticorrupción/ Justicia Legítima/ Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)
Ricardo Sasson (Asesor Jurídico Legal de la Federación de Tierra y Vivienda/ Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)

Fundamentación
En más de una ocasión, organismos de derechos humanos, líderes sindicales, organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, periodistas, profesores universitarios y abogados especializados han descrito con detalle, energía y alarma de qué modo y con qué gravedad el sistema de justicia penal en particular -pero no solamente- ha hecho casi invisible el Estado de derecho y el resguardo de las garantías constitucionales básicas.

El listado no es más trágico que inabarcable, ni más sorprendente que real. Jueces y fiscales han legitimado recibir supuestos elementos de convicción en circunstancias inverosímiles. Esos mismos jueces y fiscales han condicionado bajo amenaza a determinados imputados a cambiar su abogado defensor de confianza para transformarlo en entusiasta arrepentido con declaraciones perjudiciales a un determinado funcionario caído en desgracia judicial. Son los mismos funcionarios judiciales que han incumplido las reglas de los cuerpos periciales y han obligado a peritos oficiales a plasmar en el expediente lo que el juez y/o fiscal decían, tergiversando lo que el perito debía decir (haciendo caso omiso al debate serio y transparente de cada ciencia forense). Hay jueces que han montado escenarios intimidatorios en las declaraciones indagatorias (por ejemplo, el hacer indagatorias múltiples y simultáneas) para favorecer que algún imputado se quiebre, así como se ha ocultado y/o sustraído documentación del expediente que hubiera sido útil para demostrar la inocencia del imputado y justificar bajo esa mentira dos años o más de encarcelamiento preventivo, infame e inmoral, además de antijurídico. Asimismo, estos contra-ejemplos del deber ser judicial han evitado pericias que eran esenciales para demostrar si hubo un perjuicio por ejemplo económico en la actuación del funcionario investigado.

Entre tanto desastre, los abogados defensores eran desoídos sin importar la gravedad de aquello que denunciaban, incluso bajo veladas amenazas de ser llamados a indagatorias como cómplices de los hechos que defendían o recibiendo alguno de ellos notas de la Unidad de Información Financiera para pretender sembrar una sospecha sobre el origen lícito de los honorarios recibidos, pretendiendo enviar un claro mensaje disciplininador de la actividad defensista.

Esos abogados han tenido que soportar que se escuche por algunos inmorales escudados en supuestas investigaciones judiciales o de inteligencia interna, las conversaciones que se tenían con sus defendidos sometidos a prisión preventiva. Los mismos abogados que son acusados antes y ahora de “defender el mal” por parte de periodistas que bajo la bella consigna de la libertad de prensa y de expresión pretenden que todos sus actos (periodísticos o no) queden protegidos por una cúpula de inmunidad sin perjuicio de que hubiera dentro de esa cúpula ilícitos de la mayor gravedad.

Fiscales, jueces y camaristas han legitimado que se disponga de la prisión preventiva sin una sola razón que avale semejante lesión a la libertad durante el proceso, embargos a la totalidad de los bienes del imputado, daños empresariales irrecuperables, sin que nada de todo esto pueda ser revisado en alguna instancia con alguna seriedad. Nada de lo que los abogados podíamos decir tenía alguna mínima chance de ser siquiera escuchado. La sensación de un actuar desolado era permanente. Un devenir cotidiano profundamente desmoralizante.

Estos escenarios no pueden volver a repetirse y se estudiará la gravedad de estos desatinos que deben ser motivo de debate.

MESA 10. Lawfare y sindicalismo. Los trabajadores y las trabajadoras como actores/as necesarios/as para detener el lawfare en Latinoamérica

Coordinación
María Tránsito Urueña Russo (Sitraju RA/ Fesitraju/ CGT Regional Tucumán)
Laura Teresa Baddouh (Sitraju RA)
Adrian Cichello (Sitraju CABA)

Fundamentación
El lawfare tiene como brazo ejecutor fundamental al Poder Judicial, pero este poder no es un todo homogéneo. Esta mesa propone escuchar a las voces críticas que existen dentro y respecto de las cuales los sindicatos tienen el rol de organizarlas y convertirlas en propuestas y prácticas concretas que transformen la realidad tanto para sus representados/as como para el conjunto social.

Es tiempo de discutir las prácticas corporativas del Poder Judicial junto con los/as trabajzdores/as que ven desde adentro los procedimientos más antidemocráticos, pero también son quienes luchan por su transformación con propuestas concretas como el ingreso democrático o el convenio colectivo para el sector. Es tiempo de discutir qué Poder Judicial queremos y cuáles son los principios que lo sustentan en el marco de un Estado democrático de derecho, en el cual el lawfare es inadmisible. La transformación del Poder Judicial es necesaria para garantizar el respeto de los derechos humanos y nos tiene a los/as trabajadores/as como actores/as fundamentales.

MESA 11. Impacto del lawfare en el Poder Judicial y reformas necesarias

Coordinación
Marcelo Andrés Maisonnave (UNR/ CELAG/ CLACSO)
Constanza Estepa (UNR/ CELAG/ CLACSO)

Fundamentación
El orden constitucional, republicano y democrático requiere la existencia de un Poder Judicial creíble, eficiente y adecuado al paradigma de los derechos humanos; debe garantizar a la ciudadanía la defensa de sus derechos, tiene la obligación de respetar el debido proceso en el fuero penal, y debe mantener su independencia tanto de los poderes políticos, como de los económicos, financieros, mediáticos, empresarios o corporativos de cualquier tipo. En América Latina y en Argentina, el Poder Judicial se encuentra en crisis. A los defectos históricos y estructurales, se le suma en la última década el fenómeno del Lawfare, esto es, el uso estratégico por parte de bloques de poder internacionales y locales de resortes del sistema judicial para perseguir, amedrentar, detener, y/o proscribir a líderes políticos que no adscriben al proyecto neoliberal. ¿Qué impacto tiene el Lawfare en la administración de justicia? ¿Qué reformas son necesarias para revertir este proceso de deterioro?

MESA 12. Aportes de la perspectiva crítica del derecho para la deconstrucción de la administración de justicia a partir de la irrupción del lawfare

Coordinación
Pablo Glanc (DGN/ UNPAZ)
Mariela Esther Blanco (UBA/ UNPAZ/ ANSES)
Gonzalo Gastón Semeria (UBA/ UNPAZ/ CCC)

Fundamentación
La relación-tensión entre la política y el Poder Judicial no es novedosa ni lineal. Desde los mitos y ficciones que estructuran al Estado moderno -modelado desde el republicanismo- hasta nuestros días, pueden rastrearse una variedad de acontecimientos divergentes que nos permiten advertir que las configuraciones de esa tensión se vinculan con las relaciones de poder que hegemonizan un momento determinado. En esta mesa invitamos a problematizar, situar y ejemplificar los modos en que esta tensión se ha configurado, trazando lazos con las particularidades del neoliberalismo y la trans-desnacionalización del capital.

Sospechamos que el lawfare es una forma, la que nos es contemporánea, en la que esta tensión entre la política y el Poder Judicial se establece. Reconfigurando, por otros medios más violentos, los llamamientos al poder contra-mayoritario que caracterizaron y fundamentaron el diseño del poder judicial conservador y patriarcal. De modo que también, en esta mesa, invitamos a pensar al Poder Judicial, a la ficción de su despolitización y, como deriva de eso, a su reacción corporativa y clasista ante proyectos democráticos que desafían el patrón de distribución y el estatus quo.

MESA 13. El lawfare y la construcción de la verdad judicial

Coordinación
Leticia Lorenzo (Colegio de Jueces del Interior, Neuquén/ UNLPam/ CEJA)
Gustavo Coppini (INECIP/ IIFAP-UNC/ CEGAPP/ MPF Córdoba)
Lourdes Compagnucci (IIFAP-UNC/ CEGAPP/ MPF Córdoba)

Fundamentación
Proponemos reflexionar sobre las relaciones entre la justicia penal como burocracia y los procesos regulatorios neoliberales que se afianzan en la región. El uso de las instituciones judiciales como mecanismo de acción política ha sido la carta principal de las fuerzas conservadoras para acceder al poder o sostener políticamente decisiones sumamente antipopulares. El lawfare no solo enfoca un modo de operacionalizar la política, sino que además señala las fuertes deficiencias éticas y estructurales que sedimentan las instituciones de la justicia. Pretendemos hacer foco sobre los sistemas de justicia y las condiciones que determinan su incidencia política en el contexto latinoamericano a través del lawfare. En ese marco presentamos algunos interrogantes: ¿El diseño procesal incide en la operatoria del lawfare? ¿Es posible evitar que se active la persecución penal frente a acusaciones sin sustento? ¿El modelo de construcción de verdad judicial es adecuado a este tiempo? ¿De qué sirve el modelo de construcción de verdad judicial frente al actual modelo mediático de construcción de verdad?

MESA 14. De las causas armadas en territorio al lawfare a opositores: los quiebres al Estado de derecho para avanzar sobre la otredad

Coordinación
Eva Asprella (UBA / UTDT/ Coordinadora de Trabajo con Grupos Vulnerables en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, MinJus)
Ignacio Di Giano (abogado UNLP)
Florencia Brescia (FSOC/UBA - ISTLyR)

Fundamentación
Desde hace años discutimos el avance de las olas punitivistas, el quiebre de las barreras que tiene el sistema de justicia penal para sancionar -las llamadas “garantías”-, su uso para lograr objetivos impropios de la sanción -como el método que se denomina “armado de causas”- y el impacto sobre las personas y las familias que la atraviesan.

La novedad es el uso de este tipo de discursos y acciones para acorralar opositores políticos, llevando estas prácticas desde territorios invisibilizados hacia ámbitos de prestigio y dirigiéndolas a personalidades que han ocupado lugares de relevancia en el ámbito de la gestión pública, sirviéndose de la función política de medios de comunicación.

La persecución penal sin respeto por las garantías y los principios constitucionales a los opositores políticos volvió a poner en discusión tanto los límites del sistema sancionador como el impacto de la prisión y el costo subjetivo que implica el proceso de prisionización. La propuesta de la mesa es ofrecer un marco de reflexión crítica para abordar un fenómeno que se extiende más allá del quehacer jurídico y que requiere de la confluencia de los intersaberes.

MESA 15. Credibilidad de la Justicia y lawfare

Coordinación
Nicolás Pablo Gaytan (Municipalidad de Escobar, PBA)
Aldana Camila Herrera (Municipalidad de Escobar, PBA)

Fundamentación
Se propone una mesa de trabajo con el objeto de debatir y analizar un fenómeno creciente en América Latina, aunque no resulte ser nuevo en la historia: el lawfare, que en la última década ha ganado un enorme protagonismo en la vida política nacional de países como Argentina y Brasil. No obstante, la idea es ir más allá para estudiar cómo este fenómeno y sus casos puntuales, contribuyeron y aceleraron el proceso de creciente deslegitimación popular del Poder Judicial que, como uno de los poderes del Estado y garante de las Constituciones Nacionales, está en crisis de legitimidad y credibilidad, perdiendo su rol de última palabra y de resolución de conflictos de interés en una sociedad compleja.

MESA 16. La colonización del sistema de justicia: La llamada Mesa Judicial en la era macrista. Complicidades en el intento de consolidación de una hegemonía

Coordinación
Guillermo Torremare (APDH)
Eduardo Tavani (APDH)
Norma Ríos (APDH)

Fundamentación
Nuestro sistema de justicia está ligado a sus orígenes. Y en aquellos nichos en los que se suelen resolver cuestiones de trascendencia institucional suele exhibir su raíz conservadora, clasista, confesional, sexista y patriarcal. En los años en que la coalición Cambiemos se hizo del control de los aparatos del Estado, sufrió además, como nunca antes, una fuerte intrusión.

La metodología de asalto y sumisión alcanzó distintas jurisdicciones, conformándose una suerte de subsistema al servicio de la facción gobernante y los grupos concentrados de poder.

Las prácticas de presión, persecución y criminalización, por entonces, fueron ejecutadas por diversos órganos y agencias del sistema de justicia (los Tribunales Federales, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, el Servicio Penitenciario y la Inteligencia estatal) y contó con el acompañamiento de los medios de comunicación concentrados, cuyos intereses se confunden desde hace largos años con los grandes grupos económicos.

Las prácticas de la coalición Cambiemos y sus socios jaquearon al Estado de derecho. Actos planeados y ejecutados con puntillosidad le permitieron desbaratar derechos y sacrificar conquistas alcanzadas en los gobiernos kirchneristas.

Un pormenorizado informe que publicó CLACSO en 2019, coordinado por Emanuel Desojo, destacaba que lo ocurrido en el período 2015/2019 no podía considerarse como algo aislado. Por el contrario, constituía “una serie de actos concatenados, con precisión temporal e instrumental, que tuvieron objetivos claros y precisos. Lejos de ser actos individuales, puntuales, lo que se ejecutó en la República Argentina fue un Plan Sistemático y Estructural de Cooptación del Poder Judicial”.

Sobre estas premisas, consideramos necesario indagar sobre los modos y prácticas denunciadas, la persistencia de complicidades en el Poder Judicial especialmente y su relación con el intento de afianzar una nueva hegemonía.

MESA 17. Internacionalización de las luchas judiciales y el uso de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos: éxitos y desafíos

Coordinación
Dounia Alamat (Sindicato de Abogados por la Democracia/ Comisión de Justicia de la Liga belga de Derechos Humanos)
Ludovic Hennebel (Facultad de Derecho de Aix-en-Provence,Francia/ Instituto de Estudios Humanitarios Internacionales/ Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas)
Christophe Marchand (Université Libre de Bruxelles)

Fundamentación
En el marco de la lucha jurídica en contra de los mecanismos de lawfare en America Latina, una manera eficaz de luchar e intentar romper una lógica judicial interna cerrada es internacionalizar el caso. En el derecho internacional de los derechos humanos, en el siglo XXI, se han multiplicado las vías “judiciales” para atacar decisiones internas por razones de violación del derecho internacional para personas individuales.

En esta mesa se discutirá el uso de los mecanismos internacionales (Interpol, Comité de derechos humanos de la ONU – CDHNU - y CIDH) utilizados en las defensas en Brasil, Ecuador y Argentina para luchar contra el lawfare.
En esta mesa se podrían abordar tres temáticas principales. En primer lugar, el análisis de los argumentos e identificación de los puntos de convergencia en las defensas. Varias de estas decisiones, hasta ahora, no se han analizadas o ni siquiera son conocidas. En el caso de Brasil, por ejemplo, el CDHNU había tomado medidas cautelares para intentar salvaguardar los derechos políticos del presidente Lula. Hemos encontrado también una decisión de la Comisión de Control de Ficheros de la Interpol, en el mismo caso de “Lava Jato”. En ese marco, sería interesante saber si hubo este tipo de recursos en otros países. En el caso de Ecuador, que conocemos desde adentro como asesores legales del presidente Rafael Correa, ha habido muchas querellas internacionales, no solamente por él mismo, sino también para otras personas involucradas, perseguidas alrededor de la persona principal. Queremos analizar un número máximo de estas decisiones para encontrar el marco general de los argumentos expuestos en la lucha jurídica internacional en contra del lawfare, para sistematizarla y darle mayor eficacia.

En segundo lugar, queremos entender los mecanismos de uso potencial de estas decisiones a nivel interno, en el marco de las teorías nacionales de aplicación directa del derecho internacional. Cuando una persona ha ganado una decisión a nivel internacional, ya sea la supresión de una alerta roja de Interpol, una medida cautelar del Comité de Derechos Humanos de la ONU o bien una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué va pasar con estas decisiones? ¿Son decisiones plenamente ejecutables? Las personas que han ganado estas decisiones internacionales pueden intentar forzar al Estado a respetar estas decisiones internacionales. En el marco de un sistema jurídico internacional piramidal, esa sería la solución lógica. ¿Que prevé cada uno de estos sistemas internacionales? ¿Que prevé el derecho internacional en cuanto a la responsabilidad de los Estados a respetar el derecho internacional cuando este derecho fue violado ¿Y, finalmente, que prevén las Constituciones o los Códigos de los Estados de América Latina para que sean ejecutables las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU o de la CIDH?

Para concluir, podríamos ver si el alcance jurídico de estas decisiones internacionales queda limitado y cómo estas decisiones pueden tender a influenciar otros niveles. Sabemos que el lawfare influye la opinión pública y, a su vez, a los jueces o fiscales nacionales que llevan sus investigaciones y juicios, con el sentido que tienen el apoyo de la población, la razón política y la ética pública a su lado. Aunque las decisiones internacionales no sean todas ejecutables directamente al nivel judicial, estas decisiones tienen un papel fundamental en la crítica de las decisiones de persecución política, y en la lucha mediática también necesaria en la disputa contra el lawfare, y puede darse en la arena mediática de un Estado o bien para inspirar a las ONGs globales de defensa de los derechos humanos que, a su vez, influyen en la discusión política, ética y moral.

MESA 18. Propuestas normativas

Coordinación
Eduardo Barcesat (UBA/ Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)
Alessandra Minnicelli (UBA/ EDUFORS/ FONRES S.A/ FORS/ Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)
Maximiliano Rusconi (UBA/ USMP, Perú/ UP/ INECIP/ Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)

Fundamentación
En los últimos años persiguieron a dirigentes políticos, sociales y sindicales en toda América Latina; esa sincronía en la persecución a los gobiernos populares o a modelos sociales nacionales habla de una estrategia regional. El episodio de persecución a través de los aparatos judiciales de la región hizo que países como Brasil se animaran a revisar las sentencias al advertir que el sistema penal estaba siendo utilizado como un instrumento político y que la agenda de los medios afectaba las acciones y decisiones judiciales.

En esta mesa, se recibirán propuestas normativas específicas para los casos de lawfare. Las iniciativas serán abiertas y podrán estar vinculadas a la creación de leyes nuevas o a la revisión de leyes existentes en nuestro país que reduzcan la importancia de los derechos humanos fundamentales; a iniciativas de eliminación de leyes con tipificación abierta que faciliten la adecuación de conductas con el fin de limitar acciones políticas; a evitar la judicialización de acciones y discusiones reservadas esencialmente al campo político, o vinculadas a la divulgación de persecuciones penales que afectan la imagen personal para alcanzar objetivos políticos.

MESA 19. Lawfare y democracia en América Latina

Coordinación
Amílcar Salas Oroño (IEALC-UBA/ UNLA/ UNPAZ/ UNMDP/ UNRN/ CELAG/ CCC)
Javier Calderón Castillo (IEALC-UBA/ CELAG/ IUCOOPE)
Georgette Ramirez Kuri (CELAG)

Fundamentación
Pueden distinguirse dos direcciones en las que la discusión de lawfare y democracia podría ser abordada para América Latina. Por un lado, en qué medida el lawfare corroe las estructuras institucionales (democráticas), con una multiplicidad de desdoblamientos que van desde los términos de competencia política, la persecución a determinados liderazgos, la desorganización de dinámicas socio-económicas, etc. Del otro lado, ver en qué medida las circunstancias actuales favorecen que el lawfare gane extensión como mecánica clave sobre los sistemas políticos latinoamericanos, esto es, en qué medida el lawfare se convierte en una modalidad contemporánea de estructuración de poder en la región. En esta circunstancia, se pondrá el acento en los casos de Ecuador y Brasil, emblemáticos para los necesarios debates sobre el término en América Latina.

MESA 20. El lawfare como estrategia regional: los casos de Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia al debate

Coordinación
Carol Proner (Universidad Pablo de Olavide / Universidad Internacional de Andalucía - Sevilla, España/ Instituto Joaquín Herrera Flores-AL, sede Brasil/ Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa de El Salvador/ ABJD/Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)
Adoración Guamán (Universitat de València/ Universidad de Paris X-Nanterre/ HOMA, Brasil/ Instituto de Derechos Humanos Joaquín Herrera Flores/ Universidad Libre, sección Cali/ CLACSO)
Gisele Ricobom (UFRJ, Brasil/ Universidad Pablo de Olavide/ Instituto Joaquín Herrera Flores/ ABJD)

Fundamentación
Tras más de una década caracterizada en América Latina por avances históricos en la efectividad de los derechos económicos y sociales, es bien conocido el proceso de rupturas y retrocesos que ha provocado la erosión de los logros democráticos en América Latina, tras una ofensiva contra líderes, partidos y fuerzas progresistas, que comenzaron a ser objeto de juicios selectivos con amplia cobertura mediática. El uso de aparatos legales como estrategias no convencionales para desestabilizar y apuntar a opositores políticos se generalizaba y se convertía en una estrategia de dominación regional, una ofensiva organizada como arma geopolítica.

Así, desde luego, no es casualidad que en varios países de América Latina se hayan dado procesos similares. Podemos recordar los hechos que acortaron el mandato de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras y la destitución de Fernando Lugo en Paraguay en 2012. En ese momento, los contornos de la judicialización selectiva de la política aún no estaban tan claros. A partir de aquel momento, comenzaron los casos claves para la ofensiva anti-progresista en América Latina, muchos de los cuales están hoy activos: la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina; contra Rafael Correa y miembros del movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador; el uso explícito de la justicia electoral para perseguir a Evo Morales y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS); y, por supuesto, la destitución de Dilma Rousseff, el arresto de Lula y el impedimento de su candidatura en las elecciones de 2018. En todos estos casos se combinan la desestabilización y la judicialización selectiva contra líderes y movimientos orientados a la reforma social. Al mismo tiempo, se buscan formas de establecer bloqueos institucionales a la participación política de estos líderes.

Todas estas acciones contribuyeron a la estigmatización del campo de izquierda y la lucha política en general, sin mencionar la disrupción de importantes sectores productivos. Desde el punto de vista geopolítico, el lawfare es una nueva forma de promover la vieja práctica de intervenir en la política interna de los países para garantizar gobiernos más amigables con los intereses económicos y estratégicos de la principal potencia. Con este escenario, el objetivo de la mesa es reunir a personas expertas en la materia, conocedoras de los distintos casos a debate, para mantener un diálogo estructurado a través de una serie de preguntas que permitan un ejercicio comparativo, a efectos de analizar las distintas estrategias ofensivas y defensivas; los marcos jurídicos y las reformas más convenientes para el lawfare; los contactos entre los distintos operadores jurídicos del lawfare en el plano regional; el tratamiento mediático específico y las consecuencias jurídicas, incluyendo las más recientes.

MESA 21. El tablero geopolítico de la guerra judicial en América Latina

Coordinación
Franco Metaza (HCSN)
Arantxa Tirado (UAB/ UOC)
Rafael Valim (Universidad de Manchester, Inglaterra/ Universidad Le Havre Normandie. Francia/ Universidad Panamericana, México/ Universidad de La Sabana. Colombia/ Universidad de Comahue, Argentina)

Fundamentación
Como en la guerra armada, la guerra judicial se libra con armas cada vez más sofisticadas. En nuestro caso, el armamento no es más que el uso torcido del derecho para librar una aparente lucha contra la corrupción. No hay dudas de que el epicentro del campo de batalla es América Latina con casos similares en toda la región, ni de que estas batallas se insertan en un tablero mucho más complejo que deja entrever un accionar coordinado para poner freno a las corrientes de izquierda y progresistas latinoamericanas que impulsaron un proceso de integración regional contra-hegemónica durante las primeras décadas del siglo XXI. En este contexto, la mesa analizará la dimensión geopolítica del lawfare a partir de los casos regionales, las acciones de sus instigadores y las respuestas jurídicas, políticas, sociales y culturales surgidas en consecuencia. Asimismo, se describirá el reciente proceso de revisión de la política exterior norteamericana a fin de reflexionar sobre su rol en la guerra judicial en un escenario geopolítico en transformación.

MESA 22. El lawfare como dispositivo de colonialidad de poder en Argentina, Bolivia y Brasil

Coordinación
María Lilia Macedo (Canal Trama al Sur/ HCD Catamarca)
Gretel Galeano (UNCA/ HCD Catamarca/ APDH Catamarca)
Juan Ademar Valda (IPSP, Bolivia)

Fundamentación
Los territorios de América Latina llevan más de quinientos años de resistencia en contra del dispositivo colonial impuesto. En la actualidad, esos conflictos socio-político-económicos y geográficos se presentan como guerra, donde el fenómeno de lawfare nace como mecanismo para estigmatizar a líderes. Es el caso de Argentina, Bolivia y Brasil. Estos países fueron-son perseguidos por la vía judicial y medios de comunicación que responden a una elite hegemónica y consideran a todo político de ideología popular-descolonial como adversario y corrupto. El lawfare como dispositivo para el vaciamiento y anulación de la política democrática-popular como posibilidad de cambio y transformación de los pueblos.

Esta mesa, continuando con la línea de trabajo propuesta por las Jornadas y la Secretaría de Derechos Humanos, pretende constituirse en un aporte más, desde una mirada interdisciplinar y reflexión colectiva, donde se ponga de manifiesto la ruptura del lawfare-colonialismo y se plasmen los desafíos de la democracia en América Latina.

MESA 23. Convencionalidades y tipificaciones necesarias a nivel regional para impedir la guerra judicial en América Latina

Coordinación
Claudia Victoria Rocca (Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas/ UIF)
Carol Proner (Universidad Pablo de Olavide / Universidad Internacional de Andalucía - Sevilla, España/ Instituto Joaquín Herrera Flores-AL, sede Brasil/ Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa de El Salvador/ ABJD/Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)

Fundamentación
Obviamente el fenómeno del lawfare no es nacional sino regional. Ha habido graves casos en Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, etc. Se trata de identificar identidades y proyectar soluciones. Deviene indispensable proveer de una normativa marco que oriente, en el continente, la prevención y sanción del lawfare o guerra judicial, en resguardo del Estado de derecho, la supremacía constitucional y la convivencia democrática.

Es dable afirmar que a la perversa doctrina de la “seguridad nacional” que asoló a los países del continente suramericano, con sus prácticas de muertes masivas, desaparición forzada de personas, empleo sistemático de la tortura, reclusión en centros clandestinos y un absoluto cierre sobre la información pública de la suerte corrida por las víctimas, le sucede ahora, como variable de aniquilamiento y persecución de la persona humana, el empleo del arma judicial para obtener la privación de libertad sine die, la destrucción política del adversario, su muerte civil, rodeado ello de mecanismos de humillación pública de la persona humana victimizada. Es que los pueblos del continente suramericano, sus movimientos y organizaciones de derechos humanos llevaron adelante campañas de información y movilización de los pueblos que, finalmente, posibilitaron consagrar las Convenciones Interamericana e Internacional de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas. Ahora se trata, nuevamente, de implementar los mecanismos jurídicos para prevenir y sancionar la también perversa práctica del lawfare, resguardando así la vigencia del Estado de derecho en los países del continente americano. El derecho debe ser un instrumento de protección de las grandes mayorías populares, para que cuando éstas expresan mediante el voto su voluntad ciudadana de participar en todo lo público y político, así como también la elección de sus representantes, esa voluntad no resulte violentada por la perversa práctica del lawfare, orientada y orquestada por quienes detentan el poder económico y comunicacional para no perder o ver afectados sus privilegios de bloque dominante.

Como toda normativa, puede verse la superposición parcial de este proyecto de Convención con figuras penales ya contempladas por el orden jurídico interno de cada país. El tema es concentrar en una descripción específica qué elementos objetivos y subjetivos deben ser convocados para prevenir y sancionar el empleo del lawfare. Igual ocurrió en el debate y aprobación de las convenciones referidas a la desaparición forzada de personas. Los pueblos del continente suramericano, titulares de los derechos de auto o libre determinación, de la independencia económica -con reconocida titularidad del conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de sus respectivos países (Artículos 1.2 de los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)-, como expresión de esos derechos de soberanía merecen darse una Convención Regional que los proteja de esta nueva perversa práctica de dominación y sometimiento político que ha pergeñado, nefastamente, el bloque dominante.

MESA 24. La criminalización de la protesta como medio para la persecución y prisionización de opositores: el caso Jujuy

Coordinación
María Elena Naddeo (APDH)
Eduardo Tavani (APDH)
Guillermo Torremare (APDH)

Fundamentación
El 16 de enero de 2016, en Jujuy, Milagro Sala, fue detenida por manifestarse contra el ajuste neoliberal en marcha, tras la llegada al gobierno provincial de Gerardo Morales, parte de la alianza Cambiemos, que gobernaría nuestro país entre fines de 2015 y 2019.

La dirigente, que por entonces conducía la organización Tupac Amaru y había sido elegida como parlamentaria del MERCOSUR, fue encarcelada primero por la denuncia del gobernador Morales, quien la acusó de "instigación a cometer delitos y tumultos en la provincia", luego de convocar a un acampe, junto a la Red de Organizaciones Sociales que integraba.

De ahí en más, una sucesión de causas armadas a instancias de los poderes fácticos y del poder político local y nacional, hicieron de Milagro Sala una presa política, y a la vez un emblema de la lucha de quienes se animaban a enfrentar las políticas de arrasamiento que empezaban a imponerse en esos años.

La criminalización de Sala, al igual que la represión de protestas sociales que se sucedieron en todo el país, fueron las formas que el poder encontró en la coyuntura para intentar disciplinar al conjunto social. Los medios de comunicación hegemónicos, supieron construir un relato que les serviría para justificar no sólo el plan de ajuste en curso sino también la persecución penal de innumerables dirigentes.
Siguiendo esta línea, la propuesta no sólo es analizar las motivaciones que llevaron a este estado de cosas sino también desentrañar la trama que lo hizo posible. Y procurar dar respuesta a la pregunta de por qué aún, no ha sido posible avanzar en la investigación de lo ocurrido y revisar las causas que facilitaron la materialización de tamaña ignominia, comprobada la ilegalidad de las persecuciones y de la prisionización de referentes diversos, que pagaron un alto costo por animarse a enfrentar la barbarie neoconservadora.

MESA 25. Lawfare: criminología mediática y criminología influencer

Coordinación
Valeria Vegh Weis (UBA, UNQUI/ Max Planck Institut/ Universidad Libre de Berlín)
Cristina Caamaño (AFI/ Justicia Legítima/ UBA/ IUNMA)
Hernán Olaeta (DNPC, MinJus)

Fundamentación
Los golpes militares que vivió Latinoamérica en el siglo XX se consumaban en un día en concreto en el que se tomaba físicamente el poder del Estado a través del uso de la fuerza militar. En la Argentina, este golpe ocurrió por última vez el 24 de marzo de 1976.

Por contraposición, y nutriéndonos del concepto de genocidio por goteo, definimos al lawfare o golpe blando contra dirigentxs populares en el siglo XXI como un “golpe por goteo”. Esta modalidad desestabilizadora ostenta dos características particulares. Por un lado, no tiene lugar a partir de un golpe único, sino que es el resultado de distintos ataques extendidos en el tiempo (por goteo) que buscan erosionar el caudal político de los líderes/ las lideresas populares (muerte política) y su habilitación legal (muerte jurídica) para participar en elecciones democráticas u ostentar cargos públicos. Por otro lado, el golpe por goteo ya no cuenta con las fuerzas militares como el principal articulador sino con el Poder Judicial, los medios de comunicación concentrados, las corporaciones y la oposición política nacional e internacional.

En este marco, la mesa busca poner el foco en los medios de comunicación como un actor clave para la perpetración de los golpes por goteo. Desde la criminología, el concepto de “criminología mediática” busca evidenciar cómo los medios de comunicación crean falsas emergencias criminales (por ejemplo, “la corrupción K”), etiquetan a personas como delincuentes sin que exista una sentencia que lo respalde (por ejemplo, confundiendo excarcelación con impunidad) y moldean la sensación de inseguridad. En pleno siglo XXI la criminología mediática se expande a través de la “criminología influencer” que, desde las redes sociales y el uso de boots y trolls, moldea y expande las noticias de los medios de comunicación tradicionales.

A todo ello se opone la ausencia de criminólogos, juristas y profesionales de las ciencias sociales con la capacidad y accesibilidad para articular discursos contra-hegemónicos en los grandes medios de comunicación y las redes sociales. Asimismo, el estudio empírico de este tipo de criminalidad representa un desafío debido a la falta de registros oficiales y la complejidad de su abordaje. Pensadores críticos realizan su trabajo en el marco de universidades, centros de investigación y otras instituciones sin querer o poder ingresar en la escena pública. Los conceptos de “sociología pública” y “criminología pública” pueden ayudar a repensar estos desafíos.

En este marco son bienvenidas contribuciones sobre lawfare/golpe por goteo enmarcadas en las siguientes dimensiones:
• Concentración de medios de comunicación
• Periodismo de investigación vs. fake news/noticias falsas
• Medios de comunicación populares
• Criminología mediatica
• Criminologia influencer
• Sociología/Criminología pública
• Estudios empíricos

MESA 26. El rol de los medios de comunicación concentrados en la estrategia regional de lawfare contra los movimientos populares. Estudio de casos

Coordinación
Isabel Ramos (FLACSO Ecuador/ CLACSO)
Alessandro Rezende (ISCP, Brasil/ UFG, Brasil/ CAPES/ FLACSO Ecuador)
Gustavo Bulla (UNLP/ UBA/ UNLZ/ Defensoría del Público)

Fundamentación
La investigación latinoamericana reconoce que los medios son actores fundamentales del lawfare. Sin embargo, los estudios de la comunicación no han generado suficiente información sobre las operatorias institucionales, prácticas productivas y alianzas locales e internacionales (con actores políticos, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, ONG) que posibilitan su alineamiento con los objetivos políticos de las élites. Por ello, a partir del análisis de casos registrados en América Latina, buscamos aportar a la construcción de una mirada regional sobre el rol de la prensa autodenominada “independiente” no sólo en la producción de noticias falsas y en la legitimación social del lawfare, sino en sus consecuencias negativas para la democracia y para la construcción y el sostenimiento de la representación política de las mayorías.

MESA 27. Medios, plataformas y fakes: la narrativa hegemónica en las encrucijadas democráticas

Coordinación
Glenn Postolski (IEALC-UBA/ Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de las Universidades Nacionales)
Pablo Hernández (Defensoría del Público/ UBA/ UCES/ Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de las Universidades Nacionales)
Hernán Pajoni (UCA/ ICOS)

Fundamentación
El rol de muchos periodistas y de sus empresas empleadoras resulta indisociable del propósito de analizar las articulaciones judiciales y políticas destinadas a erosionar y someter la voluntad de los gobiernos que defienden los intereses de las mayorías y su legitimidad social. La alianza entre el poder económico y la corporación judicial adoptó una mecánica probada para producir daño, que se manifiesta en numerosos países de América Latina en persecución y encarcelamiento de dirigentes populares.

En este contexto, se registra una contigüidad entre la lógica de construcción del daño y la estrategia diseñada para establecer discursos descalificadores. Las fake news son un síntoma de la diseminación de estas operaciones, que alientan cosmovisiones polarizantes. Estas estrategias de producción de contenidos maliciosos basan su eficacia en el diseño argumentativo que dispara una rápida identificación y potencia su capacidad de daño, provocando adhesiones automáticas. La viralización de las noticias falsas y maliciosas representa un peligro cada vez mayor para el normal desarrollo de las instituciones del sistema democrático en su conjunto, y atentan contra el derecho ciudadano a estar informado y tener acceso a contenidos veraces. Contribuyen a la proliferación de los discursos de odio como procesos de radicalización discursiva que catalizan la violencia colectiva mediante narrativas estigmatizantes, discriminatorias y deshumanizantes; normalizan situaciones de violencia y exclusión a la vez que lesionan los términos del debate democrático.

MESA 28. Lawfare y enjambre mediático: deslegitimación de la ciencia y ataque a la universidad pública en escenarios de desinformación y narrativas de indignación

Coordinación
Rosaura Barrios (CONICET/ UNAM)
Cristian Secul Giusti (UNLP)
Cecilia Beatriz Díaz (UNM)

Fundamentación
El significante lawfare, en tanto entramado mediático-judicial y empresarial, constituye su poder a partir del daño, la estigmatización y el hostigamiento. En esa articulación, la eficacia de la comunicación radica en la construcción de enemigos y la deslegitimación de figuras, grupos e instituciones. En el caso de la ciencia y el rol de la universidad pública, el lawfare se activa para amplificar acciones de infodemia, deslegitimar funcionarixs, representantes, profesionales y/o estudiantes, y potenciar las narrativas de indignación a fin de hacer señalamientos que atacan los marcos educativos y, en tiempos de pandemia, las instituciones sanitarias.

Desde ese plano, esta mesa convoca trabajos que reflexionen sobre cómo se construye e instala esa agenda en el imaginario social, la creación y legitimación de antagonistas, las mecánicas de desinformación, la persecución en redes sociales y los ataques a científicos en el mapa multimediático actual. Así como sus efectos en la legitimidad de la palabra y de la autoridad sobre la ciencia, la voluntad popular y los derechos sociales adquiridos.

MESA 29. Hacia una comunicación y criminología de tácticas de resistencia. Desubjetivar el discurso disciplinante hegemónico

Coordinación
Azucena Racosta (UNLP/ IUNMA/ ALPEC/ Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica)
Carlos Del Valle Rojas. Chile (UFRO, Chile/ Universidad de Groninga, Países Bajos/ Universidad La Sapienza de Roma, Italia)
Arístides Ovando. Colombia (Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica/ Organización Mundial de Abogados para América del Sur/ Universidad del Cauca, Colombia)

Fundamentación
Goebbels no ha muerto. Vive en el discurso dominante, por lo que es urgente interrogar más al poder que insistir en los cuestionamientos de quienes actúan como mensajeros del mismo. La idea de cómo se sostiene el poder y cómo se requieren tácticas de resistencia debe ser un punto clave en los debates políticos, pero fundamentalmente en los académicos, que tienen la responsabilidad de producir unos conocimientos que aporten a descolonizar la comunicación y la criminología. La academia, como campo de disputa, debe tomar este reto.

Recuperar los códigos y los sentidos sociales, culturales y populares de la comunicación implica concebirla como un derecho que contribuye a la emancipación de todas las personas y fomenta una resistencia activa frente a los discursos y prácticas de dominación económicas y políticas que establecen diferentes modos de sujeción criminal contra dirigentes y líderes populares, lo cual constituye la dimensión mediática de otras formas de represión y muerte.

MESA 30. Poder económico y lawfare de cuello blanco

Coordinación
Daniel Cieza (UBA/ UNLP)
Alejandro Medici (UNLP/ UNLPam)
Walter Bosisio (UNAJ/ UBA/ Red CIN DDHH)

Fundamentación
Uno de los aspectos del lawfare es la injerencia del poder económico hemisférico, elites y medios locales de comunicación sobre los aparatos de justicia nacionales con el fin de perseguir dirigentes populares y favorecer grandes corporaciones. En la práctica de los tribunales de América Latina y en el discurso de los medios de prensa hegemónicos se observan resultados muy sesgados y numerosas contradicciones e inconsistencias. Por un lado, se condena sin pruebas a ex funcionarios populares y, por otro, se protege a grandes empresarios sometidos a juicios por responsabilidad y complicidad con las últimas dictaduras, por delitos complejos como ilícitos tributarios o contrabando y por sobornos a funcionarios públicos. Además, se favorece a grandes empresas ligadas al poder económico hemisférico. Por ejemplo, el caso llamado “Lava Jato” en Brasil no sólo impidió la candidatura de Lula, sino que fue funcional a la política de privatización de empresas públicas a favor de corporaciones estadounidenses.

En este marco, la mesa convoca a investigadores y docentes de diversas disciplinas de América Latina a presentar contribuciones en torno a la presente temática.

MESA 31. Inteligencia y disciplinamiento político en América Latina: una mirada desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad

Coordinación
Cecilia García Novarini (ANM-SDH/ EPyG-UNSAM)
Rodrigo González Tizón (ANM-SDH/ IDAES-UNSAM)

Fundamentación
La práctica de la inteligencia constituyó una herramienta central para la persecución de opositores políticos en América Latina a lo largo de todo el siglo XX. Su rol se hizo más evidente en el marco de las numerosas dictaduras que atravesó la región desde mediados de la centuria, pero su ejercicio trascendió la frontera entre regímenes democráticos y dictatoriales. En paralelo al desarrollo de la Guerra Fría en el continente, se produjo una reestructuración de las prácticas estatales de vigilancia, recolección, procesamiento y circulación de información en función de un nuevo “enemigo interno” identificado con el comunismo. Como consecuencia, el aparato estatal de inteligencia –en sus dimensiones militar y civil– adquirió un papel protagónico.

En la Argentina, el proceso de reestructuración de la “comunidad informativa” reconoce una serie de hitos y actores específicos. Entre otros, cabe destacar la creación de “Coordinación Federal” dentro del ámbito de la Policía Federal en el año 1944 y de la Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE), bajo dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional, en 1946. Más adelante, en 1966, se creó el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, que tendría un rol de primer orden en la represión durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Estos tres organismos, focalizados en la vigilancia de opositores políticos reales o potenciales, desarrollarían ramificaciones a lo largo de todo el territorio argentino y también conexiones con otros servicios de inteligencia extranjeros.

Como instrumento al servicio de la represión de la disidencia interna, la inteligencia fue utilizada también para judicializar la persecución a opositores políticos de los gobiernos de turno. Con sus particularidades, continuidades y rupturas, esta práctica se desarrolló tanto en contextos dictatoriales como democráticos. La relación entre las agencias de inteligencia y el Poder Judicial, que cobró relevancia en la agenda pública presente a raíz de distintos casos resonantes de lawfare en países de América Latina durante la segunda década del siglo XXI, permanece todavía como un tópico poco estudiado en el campo de la investigación.

Esta mesa convoca a la presentación de ponencias que aborden el funcionamiento de la “comunidad informativa” en países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Se priorizarán los trabajos que problematicen alguno de los siguientes tópicos:
• La reestructuración de las agencias de inteligencia en América Latina en el marco de la Guerra Fría.
• El impacto que tuvo al nivel de las estructuras y prácticas de inteligencia la incorporación de los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional y la Doctrina de la Guerra Revolucionaria.
• Las continuidades y rupturas en el funcionamiento de los servicios de inteligencia en contextos dictatoriales y democráticos.
• El vínculo entre agencias de inteligencia y persecución judicial como parte del lawfare en distintos países de América Latina durante el siglo XXI.

MESA 32. Servicios de inteligencia y dispositivos de proscripción en la cultura política argentina

Coordinación
María Rosa Gómez (UBA/ UNLP/ RUVTE-ANM-SDH)
Silvia Delfino (UBA/ UNER/ UNLP)

Fundamentación
La mesa propone debatir una genealogía de la articulación entre servicios de inteligencia, control ideológico y delimitación de un “enemigo interior” en la cultura política de nuestro país tal como ha sido expuesta y conceptualizada por las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, las querellas de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos en los procesos judiciales a genocidas desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003.

Reflexionar sobre esa genealogía habilitaría el reconocimiento de estrategias colectivas para enfrentar las campañas de criminalización e incitación al odio planificadas por corporaciones mediáticas o económicas en el presente.

MESA 33. Comunicación, lawfare y discursos de odio: disputas de sentidos y democracia

Coordinación
Flavio Rapisardi (UNLP/ UNTREF/ ENACOM)
Andrea Varela (UNLP)

Fundamentación
La mesa propone debatir los modos en que se producen discursos de odio en procesos de identificación y construcción hegemónica por parte del neoliberalismo/neoconservadurismo. Las industrias culturales y todos los dispositivos ideológicos del mercado neoliberal producen sentidos a partir de técnicas de microsegementación y construcción de sentidos compartidos configurados a partir de la exclusión, el marcaje y hasta el exterminio como modo de reproducir modos de diferencia y desigualdad.

Esto requiere, entonces, reflexionar sobre tecnologías, procesos de identificación, discursividades complejas, algoritmización, consumos y regulaciones en las sociedades contemporáneas. Valga como ejemplo el inmenso poder corporativo de Facebook (que incluye WhatsApp, Instagram, Messenger) y Google (que incluye Android, Chrome, Youtube), que acaparan en promedio el 84% del mercado. Esto, sumado a sus alianzas con Amazon y Microsoft en contextos de convergencia, nos exige pensar los “discursos de odio” y su relación al lawfare en términos de producir una respuesta desde las políticas nacionales de la comunicación con perspectiva de derechos humanos.

MESA 34. El lawfare, herramienta del capital transnacional para conculcar derechos. Los casos de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador

Coordinación
José Salvador Cárcamo (UBA, UNM, UCES)
Celso Sánchez (UNIRIO, Brasil/ GEASur/ Consejo Estadual de Educación Escolar Indígena de Rio de Janeiro)

Fundamentación
El ciclo político “progresista” iniciado en América Latina y el Caribe con Hugo Chávez en 1999 fue acompañado de crecimiento económico, mejoras en la distribución del ingreso, reducción de la pobreza y expansión de derechos económicos, sociales y culturales. En el siglo XX, el gran capital apeló a los golpes militares para detener esta expansión de derechos del pueblo. En el siglo XXI el capital cambia de instrumento: el lawfare. Este se utiliza, en primer lugar, en Honduras en el año 2009, y se extenderá como táctica política al conjunto de la región, con el objetivo de desestabilizar, judicializar y provocar la destitución del gobernante.

Se analizarán los casos de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, y los efectos del lawfare en términos de conculcación de derechos económicos, sociales, culturales, pérdida de soberanía, estancamiento y mayor desigualdad. También se aportarán análisis sobre el aumento de los conflictos ambientales y sus consecuencias en el campo y en las ciudades, desde el incremento de las injusticias ambientales y violaciones de derechos humanos y persecución de líderes sociales y ataque a los pueblos indígenas como consecuencia de la desestabilización política de la región y el fortalecimiento de las élites agrarias y el surgimiento de una ola de extrema derecha.

MESA 35. Lex Mercatoria y lawfare: la estrategia para mantener en el poder a los gobiernos funcionales al autoritarismo de mercado

Coordinación
Carol Proner (Universidad Pablo de Olavide / Universidad Internacional de Andalucía - Sevilla, España/ Instituto Joaquín Herrera Flores-AL, sede Brasil/ Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa de El Salvador/ ABJD/ Encuentro Regional y Mundial de Resistencia al Lawfare - Guerra Jurídica)
Adoración Guamán (Universitat de València/ Universidad de Paris X-Nanterre/ HOMA, Brasil/ Instituto de Derechos Humanos Joaquín Herrera Flores/ Universidad Libre, sección Cali/ CLACSO)
Andrés Arauz (Observatorio de la Dolarización/ Universidad Nacional Autónoma de México)

Fundamentación
Son tiempos de protesta en América Latina. Desde los levantamientos del otoño de 2019 hasta la actualidad, los pueblos de la región se están expresando contra las políticas de ajuste neoliberal que, combinadas con la pandemia del Coronavirus, han golpeado duramente las condiciones materiales de vida de las mayorías sociales. El crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la precarización son el producto de una estrategia regional extendida a través de las instituciones financieras internacionales y de los grandes actores económicos que, junto con los gobiernos nacionales, capturados o cómplices, expanden la llamada Lex Mercatoria a través de mecanismos que subvierten los cauces democráticos para eludir la voluntad popular.

Frente a la imposición de medidas antisociales, se alzan múltiples movimientos de protesta que han sido ahogados mediante la utilización de la fuerza y la violencia desde el Estado. Al coste de vidas se suma la ofensiva contra el pluralismo político, con el instrumento del lawfare en el centro de la estrategia para mantener en el poder a los gobiernos funcionales al autoritarismo de mercado. La relación entre reformas neoliberales y protestas evidencia así una realidad innegable: el ajuste sólo es aplicable por la vía del autoritarismo y requiere la contención violenta de la voluntad popular evidenciada en las calles, con un coste dramático en el ámbito de los derechos humanos y el pluralismo político. Crímenes de Estado contra los derechos humanos, criminalización de la protesta y lawfare han sido las vías para permitir la aplicación de la receta fondomonetarista en la región. La expansión de la pandemia de la COVID-19 calmó el auge de la protesta que ha vuelto a resurgir en Colombia en el año 2021, con una especial potencia.

La mesa propuesta tiene como objetivo analizar los vínculos entre las reformas vinculadas a la aplicación y extensión de la Lex Mercatoria en la región (acuerdos con el FMI, firma de Tratados de Comercio e Inversión, entrada o regreso al CIADI, recepción de préstamos con condicionalidades), los casos de criminalización y represión de la protesta y las estrategias de lawfare. Se prestará especial atención a los levantamientos populares (Ecuador, Chile, Colombia), a su motivación como contestación a las reformas vinculadas con el retroceso de los derechos sociales y a la utilización de los instrumentos del lawfare contra las personas dirigentes o representantes.

MESA 36. Guerras jurídicas y regresividad en materia de DESC en América Latina

Coordinación
Mylai Burgos Matamoros (Universidad Autónoma de la Ciudad de México/ CLACSO)
Beatriz Rajland (UBA/ FISYP/ CLACSO)

Fundamentación
Los procesos de lawfare en América Latina tienen como objetivo frenar proyectos políticos que de alguna manera cuestionan el neoliberalismo, mediante la judicialización de sus liderazgos y la criminalización de la protesta social. Esos proyectos cuestionadores, diversos ideológicamente y en propuestas, han tenido en común en mayor o menor medida acotar el neoliberalismo con políticas dirigidas a una mejor redistribución de la riqueza y mejores niveles de satisfacción de los DESC en sectores populares. El lawfare trata de apartar y estigmatizar a los liderazgos referidos por vías judiciales, y a su vez al proyecto político que representan, con el propósito de ocupar el poder estatal, ejecutar proyectos de corte neoliberal, con políticas regresivas en materias de DESC.
Nuestro objetivo es analizar y contrastar los cambios jurídicos y de políticas públicas relacionadas a los DESC donde se han realizado procesos de lawfare, especificando su carácter regresivo, afectando a sectores populares, develando los intereses elitistas que están detrás.