Los proyectos fueron expuestos ante el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, acompañado por miembros de su Gabinete. Los mismos fueron abordados en forma articulada dado que cada uno de ellos es un elemento fundamental para garantizar el pleno derecho a la educación.

Los proyectos de Justicia educativa, Formación docente, Tecnología educativa y Educación superior buscan garantizar el derecho pleno a una educación de calidad, a través de la inversión sostenida; la formación docente; con mejores condiciones en el sistema educativo obligatorio y de nivel superior y el acceso a la conectividad, a dispositivos y a recursos digitales por parte de estudiantes y escuelas, en tiempos en los que la formación y la educación para el presente y el futuro son centrales.

Las y los ministros de las 24 jurisdicciones educativas del país debatirán y consensuarán los proyectos en el Centro Cultural Kirchner los días 4 y 5 de agosto, con una mirada plural y federal.

Durante su exposición, el ministro Trotta aseguró: “Estas normas las queremos debatir en el Congreso para poder generar políticas de estado que trasciendan a un gobierno particular, tanto a nivel nacional como en el marco de la agenda educativa en las 24 jurisdicciones. La primera es una Ley de Justicia Educativa, una nueva ley de financiamiento educativo para lograr una inversión del 8% de nuestra riqueza, 6% en la educación obligatoria y 2% en educación superior. También presentaremos una Ley de Tecnología Educativa, una Ley de Formación y Carrera Docente, y finalmente, una ley que tenemos que construir de manera colectiva a partir del trabajo con todo nuestro sistema universitario, que es una nueva Ley de Educación Superior".

Por su parte, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, señaló: “Los aportes del Consejo Económico y Social van a ser muy ricos porque han atravesado elementos que son muy importantes y que tienen que ver con la convocatoria a Proyectos Innovadores de Educación y Trabajo que estamos lanzando y con lo que estamos trabajando en conjunto en el marco del proyecto del Banco Mundial. Estos proyectos pueden tener un financiamiento a largo plazo tanto de fuente pública como de fuente de crédito externo. Sin duda van a surgir propuestas importantes”. Y agregó: “Nos parece sumamente importante esto que se está presentando, con todas las Consejeras y los Consejeros, vamos a ponerle muchísima atención para que esto pueda avanzar y que tenga el aporte de la sociedad en su conjunto”.

Los proyectos:

Justicia Educativa: en un país federal con profundas desigualdades, resultan trascendentales las definiciones sobre la estrategia de financiamiento educativo. Regular la inversión educativa comprende definiciones de planificación estratégica en el gobierno que son fundamentales en la construcción de un modelo social más igualitario.

Formación Docente: norma específica que encuadre y otorgue relevancia al carácter sistémico de la formación de las y los docentes; visibilice y establezca la vinculación entre ésta, la organización institucional del trabajo y la carrera docente; y disponga la puesta en funcionamiento de mejores condiciones materiales y simbólicas para el sector.

Tecnología Educativa: orientado a dar respuesta a las desigualdades en el acceso a la conectividad, las computadoras y los recursos digitales que profundizan y cristalizan la injusticia educativa, multiplicando los déficits de oportunidad de las familias más pobres. En este sentido, se propone trabajar en el acceso a la conectividad y a la tecnología en los hogares de las y los estudiantes, como también garantizar el acceso al equipamiento y la infraestructura de las escuelas argentinas y la revisión de las prácticas de enseñanza.

Educación Superior: define a la Educación Superior como un bien público y un derecho humano, personal y social, garantizado por el Estado, siendo responsabilidad del Estado ofrecer educación superior a todas y todos los ciudadanos que quieran acceder a la misma, en condiciones de gratuidad, cercanía y con acceso a becas que faciliten la continuidad y finalización de los estudios. El Estado garantizará el acceso a las instituciones estatales de Educación Superior a todos los habitantes de la Nación, así también su gratuidad y financiamiento.