El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, elevó su informe escrito a la Cámara Alta, en el marco de la sesión informativa especial prevista para este jueves. A lo largo de 1.160 respuestas elaboradas por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, detalló la marcha del Gobierno Nacional y las principales iniciativas del Poder Ejecutivo para paliar los efectos de la segunda ola de COVID-19.

En el documento, de más de 1.000 páginas, se destaca el nuevo paquete de medidas con una inversión adicional de $480.000 millones (1,3% del PIB), por encima de la prevista en el Presupuesto 2021.

Los ingresos necesarios para financiar estas políticas surgen del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas —que ya supera los $230.000 millones— y de la mayor recaudación producto de la recuperación del nivel de actividad económica.

Entre las medidas de asistencia social y productiva, se subraya la extensión y ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a los sectores críticos y al sector salud, incorporando también a las y los monotributistas y autónomos del sector gastronómico. En abril, esta asistencia alcanzó a más de 13.000 empresas y 330.000 trabajadores y trabajadoras, con una inversión de más de $5.000 millones.

Por otro lado, en mayo se incrementó el monto del salario complementario para los sectores críticos y de salud (de $18.000 a $22.000 por trabajador/a) y se eximió del pago de contribuciones patronales a empresas de sectores críticos. También se amplió la definición de estos sectores para incorporar al comercio que fue afectado por las últimas restricciones de movilidad. A esto se suma la eximición del pago de Ganancias para quienes perciban hasta $150.000 de ingreso o reciban hasta 8 jubilaciones mínimas, medida que alcanza a 1.267.000 personas.

En simultáneo, se profundizaron y fortalecieron programas sociales ya existentes. En ese sentido, se extendió el alcance de Potenciar Trabajo y Progresar. En el último mes, se amplió un 60% el universo de la Tarjeta Alimentar, que pasó de 1,6 millones de niños y niñas, a cerca de 4,2 millones. Además, se otorgó un bono extraordinario a jubilados en abril y mayo y se extendió el Plan 1.000 días.

En esta línea, se diseñaron medidas focalizadas en aquellas zonas con mayor riesgo epidemiológico, entre ellas, el bono a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo/a y monotributistas de las categorías A y B que perciben asignaciones familiares, destinado a la población del AMBA.

El informe también da cuenta de la continuidad en el fortalecimiento del Sistema de Salud, para el que se estima una inversión de $144.000 millones que incluye la compra de vacunas por $72.000 millones, el bono por 3 meses de $6.550 para 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector, entre otras partidas.

Otras políticas implementadas para contener los efectos de la pandemia tienen que ver con el refuerzo de las partidas presupuestarias para asistir a los sectores de Cultura y Turismo en más de $4.700 millones.

El informe presentado es el más extenso realizado ante el Senado en la historia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.