El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmaron un convenio para avanzar en la urbanización de barrios populares en Misiones.

“La urbanización de barrios populares potencia el desarrollo local, teniendo en cuenta las necesidades de cada lugar”, indicó Arroyo y puntualizó: “En un país federal, quienes definen las prioridades son las provincias”.

El acuerdo, que permitirá abrir calles, ampliar y mejorar viviendas y construir lotes con servicios, indica que el gobierno provincial deberá identificar, ejecutar y supervisar las obras, según detalla el texto que pone en marcha en Misiones el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares.

El gobernador Herrera Ahuad, que estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud de Misiones, Belinda Dammer, consideró que “es un acuerdo muy importante” y agradeció “la confianza de la Nación en las provincias”. También participó el responsable del Centro de Referencia del Ministerio en la provincia de Misiones, Rolando Roa.

Además, el ministro Arroyo reabrió el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que permitirá actualizar el relevamiento sobre las barriadas existentes hasta el 31 de diciembre de 2018.

El ReNaBaP es el primer paso para avanzar con proyectos de integración social y urbana que garanticen mejoras en los barrios, el acceso a servicios públicos, la creación de lotes con servicios y la regularización de la tierra en favor de los y las vecinas. Ya están en marcha procesos de urbanización en 130 barrios populares de todo el país, con obras que benefician a 60 mil familias y crean decenas de miles de puestos de trabajo.

Hasta ahora, el registro reúne información de 4.416 villas y asentamientos de todo el país existentes hasta 2016. De acuerdo al decreto 358/17 se considera barrios populares a aquellos que se encuentren integrados por un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad ni con acceso regular a por lo menos dos de tres servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y red cloacal.