El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es un organismo descentralizado del Estado creado en 1985, que actualmente depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su presidenta, María Magdalena Odarda, comparte a continuación las tareas y objetivos del INAI y la necesidad de profundizar el proceso de reparación histórica de los pueblos indígenas, entre otras cuestiones.
Odarda nació en Córdoba, donde estudió abogacía, pero luego eligió la provincia de Río Negro para vivir. Allí empezó su carrera política y su militancia a favor de los derechos ambientales y de los indígenas. Fue concejala, diputada provincial y entre 2013 y 2019, senadora nacional. Desde su banca en la Cámara alta, Odarda presentó los proyectos de ley de protección de sitios sagrados, de propiedad comunitaria y de desclasificación de documentos indígenas. También fue autora de la ley que creó la primera Comisión de los Pueblos Indígenas en el Senado de la Nación, ya que hasta entonces no había ningún espacio en el Congreso argentino donde se debatieran leyes sobre asuntos indígenas.

-¿De qué se ocupa el INAI?
-Tiene como objetivo defender los derechos indígenas que están contemplados en la Constitución Nacional, en los convenios internacionales y en las leyes naciones y provinciales. Entre las leyes nacionales está la 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. También la ley de restitución de restos de integrantes de comunidades indígenas que aún existen en museos y colecciones privadas, que tienen que ser devueltos a sus comunidades; esta es una ley muy importante. Y las leyes que adhieren al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece, entre otros, el derecho a la consulta previa, libre e informada de todas las comunidades y pueblos indígenas ante emprendimientos o acciones realizadas por privados o por el Estado, que puedan vulnerar los derechos indígenas.

-¿Este recurso que usted menciona se debe realizar ante acciones que se quieran hacer en territorios indígenas?
-Sí. Si existen emprendimientos, productivos o de cualquier tipo que pudieran afectar los derechos de las comunidades indígenas, su cosmovisión, su derecho a la cultura, a la identidad; esa consulta debe ser realizada obligatoriamente y en forma previa a cualquier tipo de acción que pueda desarrollar el Estado o un privado y que pueda perjudicar a las comunidades. Es cierto que este derecho es muy difícil de hacer cumplir para las comunidades, porque hay intereses muy fuertes. En ocasiones, la consulta no se realiza y los emprendimientos extractivistas se llevan adelante en territorios indígenas sin que sean consultados.

-¿Cómo puede accionar el INAI cuando se enteran de un caso así?
-Justamente, estamos trabajando en eso. En poner en aviso a cada provincia cuando hay un reclamo de las comunidades porque no se cumple con la consulta libre y preinformada. En estos últimos días, ante un caso en el municipio de Villa Pehuenia (Neuquén), la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al reclamo de la comunidad Catalán (una de las comunidades que vive en la zona en forma ancestral), que cuando se constituyó el municipio (en 2004) no fue consultada. Ahora la Corte hizo lugar al pedido de la comunidad y obligó al gobierno de Neuquén a implementar el sistema de consulta libre y preinformada previsto por el convenio 169 de la OIT. No son los sistemas de consulta que están previstos en la Constitución o en la legislación provincial que todos conocemos, como audiencias públicas, plebiscitos, referéndums o iniciativa popular, sino medidas de consulta de acuerdo a la cosmovisión indígena. El fallo del 8 de abril último pone acento en la necesidad de que los gobiernos comiencen a cumplir con ese derecho de las comunidades y que las comunidades no sean objeto de indiferencia, sino que participen como protagonistas y ejerzan su derecho a la participación.

-¿Cómo sería una consulta según la cosmovisión indígena?
-En ellas, el mismo pueblo decide cómo debe ser consultado, cómo debe participar. Ahora el municipio de Villa Pehuenia deberá abrir una mesa de diálogo para darle participación a los pueblos indígenas. De otro modo, las comunidades miran cómo los proyectos se llevan adelante y, luego, descubren la contaminación en su territorio y que nadie se hace cargo de eso.

-¿Cómo es el trabajo del INAI en relación a la llamada Ley de Restos?
-En el INAI está el programa de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas, y también de Protección de Sitios Sagrados Indígenas, y estamos trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas. Se han hecho muchas restituciones.
Antes, los restos estaban exhibidos como si fueran trofeos de la mal llamada Conquista del Desierto. Es muy triste que restos humanos fueran exhibidos en una vitrina cuando esos cuerpos deberían estar descansando en las propias comunidades.
Después de la sanción de la ley, esos restos ya no están exhibidos, pero muchos de ellos, miles, siguen estando en los museos y en colecciones privadas. Por ejemplo, el Museo de La Plata tiene un caso muy paradigmático, que es el cráneo de Juan Calfucurá, que fue un toki (guerrero, en lengua mapuche), pero además un gran diplomático que durante 40 años gobernó la zona de lo que hoy es La Pampa, parte de Río Negro y Neuquén, estableció relaciones diplomáticas con Juan Manuel de Rosas y con otros gobernadores de la época. Pero lamentablemente, el Ejército Argentino durante la mal llamada Conquista del Desierto vulnera la tumba de Juan Calfucurá en la provincia de La Pampa, donde estaba enterrado. Se lleva la cabeza como trofeo de guerra y ese cráneo aún está en el Museo de La Plata guardado en una caja pero necesita volver a su comunidad.
-Y a pesar de haber gobernado 40 años una extensión tan importante, no aparece en los libros de historia…
-Fue un líder de su tiempo que la historia oficial olvidó: no existe referencia.
Eso nos muestra lo que es el racismo y la discriminación que hicieron que personalidades tan importantes de la historia argentina hayan sido olvidadas de la historia oficial.
Sobre este tema, hablamos con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para comenzar a rescatar estas figuras históricas, para que estén dentro del material educativo del país.

-¿Cómo es el trabajo de restitución de los restos?
-Trabajamos con la Comisión por el Regreso del Toki Calfucurá, de la que el INAI participa activamente, y también con la Comisión Piedra Azul. Como parte de la recuperación de la figura del toki, se van a construir una serie de hitos y elementos simbólicos en la región donde él desempeñó sus funciones. Estamos trabajando con Vialidad Nacional, con intendentes y gobernadores para que entre este año y en el próximo tengamos terminados todos los hitos. También estamos tratando de destrabar el debate acerca de dónde debe ser enterrado porque hay comunidades tanto de La Pampa como de Neuquén que están reclamando que vuelva a su territorio.

-¿Qué me puede contar sobre el trabajo de protección de sitios sagrados indígenas?
-Ahora queremos declarar sitio sagrado al volcán Lanín, pero también hay muchos otros en Argentina que lamentablemente no se protegen o no se cuidan. Un ejemplo es el chenque (cementerio, en lengua mapuche) que está en Las Grutas (Río Negro), donde la misma comunidad indígena de allí sigue hoy resguardando ese cementerio, ya que hace unos años se quiso hacer un emprendimiento inmobiliario en ese lugar y las retroexcavadoras levantaban la tierra con restos humanos. Nos parece que esto no puede ocurrir. En cualquier credo se protegen los espacios que son sagrados para las distintas religiones, como los cementerios en este caso.
Pero los cementerios indígenas, sobre todo mapuches, no están protegidos y en el caso puntual de Las Grutas, los cuatriciclos y las personas pasaban y pisaban los cráneos, los huesos. En general, en el mundo entero se protegen los lugares históricos y sobre todo los lugares dotados de espiritualidad.

-¿De qué se trata del proyecto de ley de desclasificación de los documentos indígenas que usted trabajó cuando era senadora?
-Es otra deuda que tenemos que saldar: conocer los documentos que tienen distintos organismos del Estado, relacionados con las matanzas que hubo en distintos lugares de la Argentina. No solamente en el sur, sino también en el Chaco, como la masacre de Napalpí, o en Formosa, como la masacre de Rincón Bomba, que son desconocidas en la historia oficial, pero que ocurrieron hace no demasiado tiempo. Toda esa documentación tiene que desclasificarse y ponerse a disposición de los investigadores y de todos los ciudadanos para poder iniciar un proceso de reparación histórica.

-¿Cuál es la importancia de que haya un día del Indio Americano?
-Pensarnos como Latinoamérica, como la Patria Grande, que los pueblos indígenas quizás sufren los mismos atropellos en todos los países de la región y que hay que comenzar ese proceso de reparación histórica que estamos adeudando desde hace tantos años. Por eso, la hermandad y la solidaridad de los pueblos indígenas de toda Latinoamérica es muy fuerte. Nosotros que ahora tenemos la presidencia pro témpore de Rapim (Autoridades de Pueblos Indígenas del Mercosur), estamos trabajando en temas que hacen a la importancia del trabajo entre todos los pueblos del Mercosur.
Una sugerencia de Argentina fue trabajar en los derechos de las mujeres indígenas, en visibilizar la violencia de género en las mujeres indígenas, algo de lo cual hasta ahora no se hablaba.
También trabajamos en el derecho a la identidad, porque uno de los problemas de las personas indocumentadas es que no pueden acceder a ningún programa social del Estado, como son la asignación universal por hijo (AUH) o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en nuestro país. Solamente por no tener documento de identidad, los pueblos indígenas indocumentados son los más excluidos de nuestra democracia.

-¿Qué cantidad de personas en nuestro país pertenecen a comunidades indígenas?
-Todavía no hay precisiones. Queremos que en el próximo Censo se incorpore la variable indígena. Tenemos registrados 38 pueblos y alrededor de 1.700 comunidades, pero son datos que se van modificando todo el tiempo porque si bien hubo procesos de aculturación en los que no se reconocían como indígenas personas que tenían un apellido de origen indígena, en estos momentos hay un proceso de autorreconocimiento y muchas personas se empiezan a reconocer como indígenas. Esto es muy bueno para nuestro país, porque somos un país pluricultural, un país de muchas voces, que tienen que ser respetadas. Ésa es nuestra tarea, difícil, pero tenemos el acompañamiento de todas las comunidades y pueblos indígenas del país. Es importante porque hay un discurso que se vuelve a establecer en algunos sectores argentinos donde se habla del pueblo indígena como el enemigo interno: por supuesto no lo es.

-¿Qué cambió en relación con los derechos indígenas con la reforma constitucional de 1994?
-Fue un gran paso porque se reconoció a los pueblos indígenas como pueblos preexistentes al propio Estado y además se les otorgaron derechos como el de la identidad, a la educación intercultural bilingüe y fundamentalmente un derecho que a nosotros nos preocupa por su incumplimiento: el de la propiedad y posesión de los territorios que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas. Queremos que se aplique y que se cumpla. Nada más que eso. Que no es poco: que se comience a aplicar de una vez por todas.