A partir del 17 de abril comenzará a regir una nueva normativa para el Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). Las modificaciones buscan ampliar el universo de PyMES que acceden al sistema crediticio bancario y al mercado de valores, e incorporan medidas específicas relacionadas a promover la inclusión financiera de PyMEs lideradas por mujeres.

A partir de esta nueva normativa se busca ampliar exponencialmente la asistencia que brindan en la actualidad las Sociedades de Garantías Recíprocas (aproximadamente a 21.000 MiPyMEs) y redireccionarla para garantizar un acceso federal al financiamiento, así como también incorporar a sectores productivos que se encontraban excluidos de los créditos bancarios.

Con ese objetivo, la nueva normativa eleva el mínimo de MiPyMES que las SGR deberán incorporar a su cartera de avales cada año e incorpora la exigencia de cumplir con un cupo destinado a MIPyMES lideradas por mujeres dentro de este universo. Asimismo, las Sociedades de Garantías Recíprocas solo serán autorizadas a ampliar sus Fondos de Riesgo en la medida en que incorporen nuevas MiPyMEs a su cartera de avales.

La reglamentación fue establecida por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa a través de la resolución 21/2021 que se publicó hoy en el Boletín Oficial e incorpora también regulaciones en torno a la emisión de avales en moneda extranjera con el objetivo de reducir el impacto de las variaciones del tipo de cambio, garantizar la sustentabilidad del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas y disminuir los riesgos en los que se vio sumergido a partir de la última crisis devaluatoria de 2019.

El acceso a respaldo de garantías es una de las dificultades históricas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para poder solicitar financiamiento bancario ya que constituye un requisito para acceder a un crédito. Con el objetivo de promover la inclusión financiera, en 2020 el Ministerio de Desarrollo Productivo fortaleció el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) el cual multiplicó 86 veces su presupuesto, lo que permitió otorgar garantías a 57.000 PyMEs y 564.000 monotributistas y autónomos para que pudieran acceder a créditos en el marco de la emergencia sanitaria.